Uno de los socios del Grupo Praga SRL, una inmobiliaria que a fines de febrero quedó bajo la lupa judicial por una serie de estafas con la compra de vehículos por unos 20 millones de pesos, recuperó ayer la libertad tras un pedido extraordinario hecho por su abogado y ante la decisión del juez de Garantías Román Lanzón. La medida, que no deja al acusado fuera del proceso penal, benefició a Leandro Damián "El Tanque" G., de 37 años y ex jugador de rugby que estaba preso desde el 6 de marzo.
Tanto "El Tanque" G. como su socio, Bruno P., fueron imputados por el juez Nicolás Vico Gimena por cuatro casos de estafa con la compra de vehículos mediante documentos de pago que incumplieron. Sin embargo, a partir del desempeño que cada uno de ellos tuvo en el delito investigado, el magistrado decidió dictarle la prisión preventiva a Bruno P. y la libertad bajo una fianza de 2 millones de pesos a su socio.
Ante ello el abogado de "El Tanque", José Luis Abichaín Zuain, solicitó reemplazar la fianza monetaria por una caución real poniendo a disposición de la Justicia la casa en la cual reside la madre del acusado, lo que fue aceptado por el juez. Sin embargo, la llegada de la pandemia del coronavirus imposibilitó los trámites administrativos de rigor para trabar el embargo de la propiedad y la anotación litigiosa en el Registro obstaculizando la libertad de su defendido.
En ese marco, el abogado planteó que su cliente "se encuentra detenido única, pura y exclusivamente por la falta de cumplimiento del requisito de una fianza" que ya fue ofrecida y que tiene el consentimiento de su propietaria, la madre de su pupilo. Y entonces pidió la libertad inmediata y el otorgamiento de "un plazo de 30 días pasada la circunstancia extraordinaria que nos afecta a fin de cumplir el trámite requerido".
En los fundamentos de su petición, Abichaín Zuain menciona "la situación de emergencia sanitaria que se vive y por la cual se está abarrotando el sistema judicial con pedidos de hábeas corpus correctivos en favor de los internos ya que éstos carecen de alimentos y agua, así como también de elementos de higiene tanto para los cuidados personales como para la desinfección de los espacios comunes". Y agrega que "esta situación produce un desequilibrio entre la obligación y el deber de seguridad y de custodia que posee el Estado para con mi defendido, de quien debe velar por su salud e integridad física; y lo desproporcionado en relación al ínfimo requisito de acreditación de solvencia por parte del imputado teniendo en cuenta que actualmente no puede cumplir con dicho requisito por causas ajenas a su voluntad".
Finalmente, en su pedido el abogado remarca que su cliente "debe atender el cuidado de su madre, una persona mayor de edad que carece de posibilidades de que alguien la asista en el marco de la situación de pandemia en la que se vive".
Situaciones dispares
Atento a ello, el juez Lanzón dispuso la libertad de "El Tanque" G. bajo las restricciones ambulatorias dispuestas por el Estado nacional en el marco del Covid-19 y obligando al acusado a presentarse en el Organismo de Gestión Judicial para dejar constancia de su firma y cumplir con la presentación semanal ante esa oficina como así también finalizar el trámite de embargo requerido.
A los socios del Grupo Praga SRL la fiscal Valeria Haurigot acusó por cuatro estafas cometidas mediante el abuso de la confianza que en ellos depositaban las víctimas, a las que conocían personalmente, y de quienes se aprovecharon en base al perfil que les otorgaba pertenecer a círculos de alto poder adquisitivo.
No obstante, la actitud de los acusados en la audiencia imputativa fue diferente. Bruno P. se escudó en los vaivenes económicos del país que le impidieron, según dijo, afrontar las obligaciones contraídas y dijo que esa coyuntura lo había asfixiado. Mientras que Leandro G. aludió directamente a la deslealtad de su socio, al que echó la culpa por todo el manejo comercial y financiero que desembocó en los fraudes que lo llevaron a la cárcel.