Uno de los tres hombres que fueron denunciados públicamente por la jueza federal
Laura Inés Cosidoy como los mayores traficantes de drogas en el sur provincial fue excarcelado tras
el pago de una fianza de 8 mil pesos. La medida fue adoptada luego de que la Cámara de Casación
Penal anulara un fallo de jueces rosarinos que le impedía salir de prisión en base a un informe de
inteligencia policial. El tribunal nacional, en el tramo más significativo del fallo, dictaminó que
esa no es una herramienta válida para decidir la libertad de las personas por contener datos
"imprecisos" y "no comprobados".
El hombre que obtuvo la libertad es Alberto David Albarracín, de 46 años y
residente en Funes, a quien le dicen Pantera. Fue detenido hace ocho meses cuando salía de la
cancha de Rosario Central y llevaba en su auto un kilo de cocaína de buena pureza. Ahora fue
excarcelado bajo fianza, aunque le prohibieron salir del país, deberá informar posibles cambios de
domicilio y presentarse regularmente al juzgado federal de Instrucción a cargo de Marcelo Bailaque,
donde fue procesado por tráfico de estupefacientes.
Así lo resolvió la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones asentada en los
tribunales de Entre Ríos 435. Sus integrantes, los jueces José Toledo, Edgardo Bello y Elida Vidal,
primero le habían rechazado a Albarracín la posibilidad de salir de prisión a raíz de informes de
inteligencia policiales que lo mencionan como un importante distribuidor de drogas y ante la
gravedad del delito que le imputan, que tiene una pena de 4 a 15 años.
Pero los integrantes de la Sala II de la Cámara de Casación Penal no
compartieron esos criterios y dejaron el fallo sin efecto. Lo hicieron tras abrir un recurso de los
abogados de Albarracín, Adrián Ruiz y José Ferrara. En el aspecto más llamativo del fallo, los
jueces Gustavo Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García plantearon que los informes policiales
no tienen validez para decidir la libertad de un imputado sin condena. Es que a Albarracín le
habían negado la excarcelación, entre otros motivos, en base a un informe de inteligencia de
Asuntos Internos de la policía de la provincia que contiene referencias de personas no
identificadas.
¿Qué dice ese informe? Detalla que un denunciante de identidad reservada vinculó
a Pantera a "una cuestión relativa al tráfico de estupefacientes" y que otro testigo reservado lo
habría sindicado en una fiscalía federal "como suministrador y comercializador de estupefacientes".
También contiene recomendaciones para investigar su patrimonio y "la forma en que lo habría hecho
enajenar". "Se trata de una persona de fuerte poder adquisitivo, que cuenta con un importante
negocio de gomería en la localidad de Funes, siendo común que cambie de vehículos en forma
constante", añade el documento.
El tribunal nacional sostuvo que los jueces no pueden fundar sus decisiones en
hipótesis "no comprobadas" como las de este informe. Planteó que deben recurrir a informaciones que
puedan ser confrontadas por el acusado. De lo contrario, estimaron, "su suerte y su libertad
estarían condicionadas por actividades de reunión de información de la policía que, aunque en
principio legítimas, no son realizadas bajo control judicial".
Datos "vagos e imprecisos" como los de los informes de inteligencia, para los jueces de Casación
no pueden dar una referencia objetiva acerca de si los acusados intentarán escapar. En definitiva,
anularon el fallo y remitieron el caso de regreso a Rosario. El nuevo dictamen finalmente resultó
favorable a Pantera, quien ahora espera el juicio en su casa.
El operativo. Albarracín fue detenido el 8 de noviembre de 2008 en un procedimiento de la ex
Drogas Peligrosas en la zona de Jorge Newbery y Donado, en el barrio Hostal del Sol, cuando en un
control rutinario frenaron el paso de una camioneta Mazda blanca conducida por Pantera, quien iba
acompañado por dos hombres.
La policía reportó entonces el hallazgo, detrás del asiento del conductor, de un ladrillo de
cocaína compactada perfectamente embalado y valuado en unos 8 mil pesos. Después allanaron su casa
de Funes, pero sólo encontraron allí una carabina. Albarracín, quien había sido alcanzado por las
denuncias de la jueza Cosidoy (ver aparte), quedó preso. Sus acompañantes fueron sometidos a
proceso en libertad y obtuvieron la falta de mérito.
Al declarar en el juzgado, según sus defensores, Albarracín sostuvo que le plantaron la droga
cuando volvía a su casa tras presenciar un partido de Rosario Central.
Sobre ese punto versará la estrategia de sus abogados en el juicio. Según plantean Ruiz y
Ferrara, los testigos no presenciaron el momento del hallazgo del estupefaciente sino que fueron
convocados después de la requisa. "Planteamos que el procedimiento está viciado y que debe
discutirse si la presencia de los testigos es sólo para la firma o si son testigos de actuación. En
definitiva: si puede sostenerse una causa simplemente por la actuación policial", objetaron.
La causa ahora está en trámite de elevación a juicio, aunque los abogados anticiparon que antes
de esa instancia volverán a pedir el sobreseimiento de su cliente por "ser acusado en base a un
procedimiento viciado". Si eso no prospera, la legitimidad del procedimiento policial que incriminó
a Albarracín se discutirá en un juicio oral, con el acusado en libertad.
