Maximiliano Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

La imputación de uno de los presuntos autores del crimen de Lucas Cicarelli en la barranca del río Paraná se postergó a la espera de la evaluación de una junta psiquiátrica. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se quejó de la situación este jueves y reclamó una reforma legal: "Es el Estado bobo, es el sistema bobo".

"Debemos modificar la norma. Una persona, por más trastornos mentales que pueda tener, si comete 11 delitos graves en un año, a mí y a cualquiera le parece que tiene que estar privado de la libertad", opinó la máxima autoridad del Poder Ejecutivo provincial en LT8. Así cuestionó el tratamiento del caso de Pablo Ibáñez, que fue arrestado en 14 oportunidades y tenía un trastorno psicótico.

El ex ministro de Seguridad sostuvo que un sospechoso con ese perfil requiere "condiciones de detención diferentes porque es un peligro para la sociedad y para los demás, hasta para su propia familia". Previamente planteó: "Es un debate que hay que dar en el Congreso de la Nación porque estamos limitados".

¿Qué dijo Maximiliano Pullaro sobre el crimen de Lucas Cicarelli?

"Uno siente mucha frustración en estos hechos", expresó Pullaro luego del robo y el homicidio en la costanera central. A continuación, recordó que la policía detuvo a Ibáñez 11 veces en delitos flagrantes durante su gestión al frente de la Casa Gris.

Cuatro días después de la muerte del joven de 30 años asaltado junto a su novia, el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) consideró que el marco legal es inadecuado para resolver este tipo de situaciones. Al respecto, comentó: "Lamentablemente, esa persona estaba en libertad por una mirada garantista que se instauró en la República Argentina durante mucho tiempo".

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Pullaro se refirió a la cantidad de arrestos del presunto ladrón como una muestra de que el Poder Ejecutivo hizo su parte frente a los antecedentes del robo fatal cerca del cruce de avenida Arturo Illia y Dorrego. "Siento que cumplí hasta donde pude", señaló.

"Hay que modificar las leyes, pero no todos quieren modificarlas", comentó el funcionario. A continuación recordó que durante su gestión en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe no lo podía aislar a un preso si cometía delitos, si mandaba a matar desde la cárcel". También recordó las restricciones en cuanto a los alimentos que entregaban los familiares en la prisión: "Era imposible requisar los alimentos que llevaban los familiares porque un habeas corpus me lo impedía".

Pullaro criticó la mirada "garantista" en la Justicia

El gobernador no sólo se quejó de los límites legales en el marco de una causa penal que involucra a personas con problemas de salud mental. También consideró que es injustificable enviar a un hombre con los antecedentes de Ibáñez a un centro de salud especializado en vez de una cárcel: "Que un juez diga eso, esa mirada garantista que estamos discutiendo, que pone a esa persona en el lugar de víctima, golpea el trabajo de tanta gente que se juega la vida para que estemos mejor".

"En Rosario sufrimos mucho por esas ideas que se incrustaron en la cabeza de mucha gente, donde siempre ponían a la policía y al Estado en el lugar de malo", señaló el exministro provincial. Así cuestionó la postura de algunos magistrados e incluso se mostró dispuesto a pedir un jury por las derivaciones fuera de la órbita del Servicio Penitenciario: "Que una persona rompa el esquema de seguridad y le tire el problema al otro no va más en la Argentina".

Uno de los sospechosos no fue imputado este miércoles en el Centro de Justicia Penal debido a los informes médicos previos sobre una patología mental. El juez Fernando Sosa decidió esperar el resultado de la evaluación de una junta pisquiátrica forense para determinar si el detenido puede comprender los delitos que quiere atribuirle la fiscal Agustina Eiris. En cambio, el segundo detenido, Agustín Frontera, sí fue imputado y quedó bajo prisión preventiva.

Pullaro pidió que Ibáñez "no esté en un lugar abierto por más problemas que tenga", ya que no hay forma de que la policía pueda prevenir la huida de un lugar como la Colonia Psiquiátrica Oliveros o el Centro Regional Agudo Ávila. "Entiendo que hay que curarlo y están las herramientas del Estado para curarlo, pero esa persona tiene que estar detenida o en una cárcel", concluyó.