“No defendemos una planta, defendemos nuestra soberanía industrial”, señaló Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) en vísperas de una nueva audiencia por el futuro de la fábrica de caucho sintético de Pampa Energía en Puerto San Martín. La compañía del grupo Midlin informó hace unas semanas el cierre de esa unidad productiva, única, en el país, y provocó la resistencia de los trabajadores. En el marco de la prórroga de una conciliación voluntaria, el lunes próximo habrá una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia, de la que participarían también representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo.
El sindicato que representa a los obreros petroquímicos deposita mucha expectativa en ese encuentro. “La provincia de Santa Fe tiene una responsabilidad enorme, el gobierno debe ponerse al frente, convocar a Pampa Energía y al Soepu y conducir una mesa de trabajo que permita encontrar una alternativa para sostener la producción”, escribió el secretario general del gremio en una columna de opinión. Y agregó: “No podemos aceptar que todos los días desaparezca una industria y que el Estado solamente observe cómo se pierden puestos de trabajo y capacidades productivas”.
Un polo industrial estratégico
El cierre de la única planta productora de caucho sintético de la Argentina dejará en la calle a más de 200 trabajadores. Brizuela advirtió que “frente a esta amenaza, los petroquímicos no vamos a esperar” sino a “defender una industria estratégica para el desarrollo nacional, porque sabemos que detrás de una planta hay trabajo, conocimiento y una capacidad productiva que al país le llevó décadas construir”.
Recordó que el complejo petroquímico de San Lorenzo nació en los años sesenta con Pasa, a partir de la integración de cinco grandes capitales extranjeros que apostaron a construir el primer polo petroquímico de América latina.
“Aquella inversión permitió desarrollar una industria estratégica, capaz de abastecer con insumos fundamentales a todo el entramado productivo nacional”, rememoró, y concluyó: “Lo que nació en Puerto General San Martín fue mucho más que una fábrica: fue una apuesta al desarrollo industrial del país”.
Dentro de ese complejo, la planta de caucho sintético tiene hoy una capacidad de producción de 55.000 toneladas anuales y produce distintos tipos de productos. Entre ellos, SBR, utilizado principalmente en neumáticos y también en mangueras, correas, adhesivos y otros componentes industriales; y NBR —caucho nitrilo-butadieno—, especialmente resistente a aceites, combustibles e hidrocarburos y utilizado en juntas, sellos, retenes, mangueras y piezas técnicas fundamentales para industrias como la automotriz, petrolera, gasífera y de maquinaria industrial.
“Cuando hablamos de caucho sintético no hablamos solamente de neumáticos, hablamos de un insumo que atraviesa buena parte de la industria argentina”, describió. La discusión, entonces, va más allá de lo que produce una planta sino de “todo lo que permite producir a otras industrias”.
Estado presente
La empresa sostiene que las condiciones actuales del mercado hacen inviable la continuidad de la producción. Para el gremio, la discusión no puede terminar ahí. “Cuando una industria estratégica está en riesgo, el Estado tiene que involucrarse y buscar alternativas”, subrayó el titular del Soepu.
En ese marco reclamó la intervención del gobierno provincial, convencido de que “el libre mercado no puede ser la única respuesta cuando está en juego una industria y el futuro de los trabajadores”.
“Una empresa puede decidir sobre su negocio pero el Estado tiene la responsabilidad de defender las capacidades productivas que necesita la provincia y el país; Santa Fe se hizo grande produciendo, generando empleo y agregando valor; no podemos aceptar que esa historia se pierda fábrica por fábrica”, agregó. Y explicó que la soberanía también se defiende produciendo.
El próximo lunes a las 8.30 se realizará una audiencia en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo de la provincia, de la que participarán funcionarios de la cartera laboral junto a sus pares de Desarrollo Productivo. El martes vence la prórroga de la conciliación voluntaria, que reviste carácter obligatorio. La primera etapa de esa tregua había trasncurrido entre el 23 de julio y el 3 de agosto.
Crisis laboral
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, casi 3 mil firmas cerraron sus puertas en Santa Fe desde noviembre de 2023 y hasta abril de este año. En ese procesoquedaron en el camino más de 15 mil puestos de trabajo registrado.
El dirigente sindical también advirtió que este nuevo caso debe marcar un precedente institucional frente a decisiones empresariales de semejante magnitud. “No puede ser que una empresa decida cerrar una producción estratégica sin presentar un estudio técnico, económico o productivo que justifique una medida de estas características. Hasta hoy no existen explicaciones públicas que permitan comprender las razones de esta decisión. Cuando está en juego una actividad estratégica para el país, el trabajo de cientos de familias y el futuro de una región, el Estado no puede permanecer al margen”.
