El juez federal Aurelio Cuello Murúa ordenó al Estado nacional la urgente reparación integral de las rutas nacionales 7. 8 y 33 en los tramos que atraviesa el departamento General López, en el sudoeste de la provincia de Santa Fe.
El juez federal Aurelio Cuello Murúa dictó un fallo sobre la urgente reparación integral de los tramos de las rutas nacionales 7, 8 y 33 que atraviesan Santa Fe
Ruta nacional 33.
El juez federal Aurelio Cuello Murúa ordenó al Estado nacional la urgente reparación integral de las rutas nacionales 7. 8 y 33 en los tramos que atraviesa el departamento General López, en el sudoeste de la provincia de Santa Fe.
La senadora provincial Leticia Di Gregorio confirmó la sentencia definitiva dictada por el juez federal Aurelio Cuello Murúa en el marco del recurso de amparo presentado contra Vialidad Nacional por el estado de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López.
La legisladora recordó que, en una primera instancia, la Justicia Federal había otorgado una medida cautelar para que el organismo nacional realizara trabajos urgentes de bacheo y reparación en los sectores con mayores problemas de transitabilidad. Sin embargo, al no registrarse respuestas ni avances concretos, el proceso judicial avanzó hacia una resolución de fondo.
Di Gregorio explicó que la sentencia definitiva representa un cambio importante en el proceso judicial, ya que deja atrás la etapa cautelar, que contemplaba reparaciones urgentes, y ordena avanzar con la repavimentación de las rutas nacionales 7, 8 y 33.
"Este fallo representa un paso muy importante porque la Justicia Federal reconoce la gravedad de la situación y la necesidad de una solución definitiva. Ya no estamos hablando solamente de tapar pozos, sino de obras estructurales que garanticen rutas seguras para quienes las utilizan todos los días", señaló Di Gregorio.
La senadora remarcó que el deterioro de las rutas nacionales afecta la producción, el transporte, el desarrollo regional y, principalmente, la seguridad vial de miles de personas que circulan diariamente por estos corredores.
"Esperamos que Vialidad Nacional cumpla con lo que establece la Justicia. Durante demasiado tiempo vimos promesas que nunca se concretaron, mientras las rutas siguieron deteriorándose. Los vecinos del departamento General López merecen respuestas y obras que les devuelvan la tranquilidad al momento de viajar", concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.
En su acordada del 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado nacional -o al concesionario- que realice en forma inmediata y urgente las obras de reparación integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, situado en el sudoeste de la provincia de Santa Fe, al aceptar la acción de amparo presentada por la legisladora Leticia Di Gregorio.
Según la acordada de la Corte Suprema de Justicia Nacional, el fallo resuelve también “rechazar los planteos de falta de legitimación activa y pasiva interpuestos por Corredores Viales S.A. y el Ministerio de Desregulación y Transformacion del Estado”.
El fallo establece en su segundo punto “hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por la señora Leticia Di Gregorio y en consecuencia ordenar la inmediata y urgente reparación integral de las rutas nacionales números 33, y 8, a los fines de lograr su transitabilidad plena, en el tramo correspondiente al departamento General López de la provincia de Santa Fe con los alcances expuestos en el considerando sexto, la que deberá ser cumplida por el Estado nacional, en forma directa, por intermedio de la Dirección Nacional de Vialidad o del organismo que, en el futuro, asuma legalmente las competencias a su cargo, o bien mediante las empresas concesionarias adjudicatarias o que resulten adjudicatarias de los correspondientes corredores viales, sin que ello altera la responsabilidad estatal de asegurar el efectivo cumplimiento de lo aquí ordenado”.
Las declaraciones de personas de su entorno permitieron señalar a Cristian López, acusado por los crímenes del arquitecto Joaquín Pérez y del comisionista Ariel Simoncini. Afronta un pedido de prisión perpetua por ambos hechos.
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