Allanaron una mutual por el caso de facturas truchas ligadas a un negocio narco

Una mutual de la zona sur de Rosario es uno de los 16 objetivos allanados esta mañana como parte de una estructura conectada al narcotráfico que, según una investigación de la Justicia Federal de Santa Fe, generó un perjuicio al Estado estimado en más de 731 millones de pesos, en base a reintegros percibidos tras la generación de facturas truchas por empresas de 18 provincias.

El allanamiento aún en transcurso es la Mutual 23 de Julio, en San Martín al 2300, donde figura registrada Carla M., una de las personas de una red de personas que aparecen implicadas en este delito económico.

La trama fue descubierta por el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez en una investigación por narcotráfico iniciada a partir del aterrizaje forzoso en San Justo de una avioneta cargada con 200 kilos de cocaína procedente de Paraguay el 22 de febrero pasado. La pesquisa conectó a ese cargamento con dos personas de la capital provincial actualmente prófugas y con captura recomendada, Lorena Melgarejo y Claudio “Pulga” Casco, que son pareja.

Hilando más fino el fiscal Rodríguez detectó una asociación dedicada al fraude fiscal mediante la utilización de SAS (Sociedades de Acciones Simplificadas), un mecanismo impulsado por ley en 2017, que permite crear una empresa en 24 horas, con requisitos y controles mínimos. Esto le habría permitido a la banda narco generar compañías para mover y lavar dinero del comercio de drogas.

De acuerdo al fiscal Rodríguez, una de estas empresas es la mutual que esta mañana fue allanada por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y el Organismo de Investigaciones (OI), que secuestraron mediante peritos toda la información de la red de computadoras de las oficinas, documentación en papel y dinero que debió ser contabilizado en ese lugar.

¿Cómo se entrelazan estas empresas y domicilios allanados en Rosario con el incidente de la narcoavioneta? El fiscal Rodríguez determinó que el 22 de febrero ingresó al país la avioneta matrícula ZP-X060 de manera irregular, transportando una cantidad indeterminada de estupefacientes, que apareció abandonada en un camino público ubicado en jurisdicción de San Justo, provincia de Santa Fe. A partir e información aportada por la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), el destino de la aeronave podría ser cercano a las localidades de Venado Tuerto, Santa Fe o Rosario.

Al avanzar en la pesquisa surgió que la droga podría tenía relación con Melgarejo y Casco. Luego quedaron al desnudo las conexiones societarias de éstos, por un lado, y el hecho de que el posible destino final de la sustancia trasladada por la avioneta fueran los socios en Rosario.

Fue así que se realizaron diversas medidas para lograr el paradero de Melgarejo y Casco. Para ello se levantó el secreto fiscal y se avanzó en la búsqueda de información de interés en base de datos financieros y comerciales. Eso arrojó como resultado que formaban parte de un conglomerado de sociedades del mismo tipo que presentaban características similares y entrelazadas.

Varias de esas conexiones estaban en Rosario y motivaron los 16 allanamientos. El último fue la mutual de calle San Martín por la relación especial con la firma de una mujer que se desempeñaba allí.

Lo que se investiga centralmente es la conformación de una asociación dedicada a cometer ilícitos tributarios, a instancia de Sociedades por Acciones Simplificadas y personas físicas que en su conjunto emitieron 8.544 facturas por un total aproximado de 731.485.352 pesos.

El fiscal Rodríguez determinó que a pesar de carecer de capacidad operativa, técnico-económica y financiera para hacerlo, esas empresas generaron mediante esas facturas truchas un crédito fiscal impugnable y gastos ficticios susceptibles aprovechados por 1.381 contribuyentes domiciliados en distintos puntos del país. Estos se encuentran en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Chaco, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luís, Tucumán y Neuquén. Los operativos en Rosario fueron ordenados por el juez federal Marcelo Bailaque a requerimiento del fiscal Rodríguez.