Una mujer de 35 años, sindicada como pareja del narco René Ungaro y que fue detenida hace menos de un mes vinculada a la incautación de diez kilos de cocaína en un Fonavi de zona sur, quedó a la espera de un juicio oral. Los fiscales federales Matías Scilabra y Matías Mené presentaron días atrás la acusación en su contra.
La audiencia fue realizada ante el juez federal Marcelo Bailaque, quien prorrogó la prisión preventiva por al menos otros 30 días para Carla Priscila Andino, quien ya está en condiciones de ir al banquillo imputada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La investigación de los fiscales federales Scilabra, delegado regional de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Mené, fiscal de Investigación y Litigación de Casos Complejos de Narcocriminalidad, se originó como un desprendimiento de la investigación de la Fiscalía provincial por un ataque a tiros y amenazas contra un colectivo ocurrido en septiembre en la zona sur. En el marco de esa pesquisa, se hallaron diez kilos de cocaína en un departamento de un Fonavi de Sánchez de Thompson al 100 bis cuya llave fue secuestrada en poder de Andino.
Fuentes judiciales destacaron la “celeridad y eficiencia” de las nuevas normas procesales bajo las cuales se realizó la investigación. En 29 días, permitió llegar a una instancia que históricamente llevaba años en la Justicia federal. En tal sentido, ponderaron las reglas del nuevo sistema acusatorio adversarial que rige en la Justicia federal rosarina desde mayo.
Vinculados
El caso que impulsan los fiscales federales contra la pareja de Ungaro tuvo su origen en una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia a raíz del ataque armado contra un colectivo el pasado 5 de septiembre en inmediaciones de Spiro y Abanderado Grandoli, en barrio Tablada. Cerca de las 20 de ese día, el interno 3890 de la línea 146 bandera roja de la empresa Rosario Bus recibió cuatro balazos calibre 9 milímetros, un ataque que no provocó heridos pero motivó varios allanamientos horas más tarde.
En ese marco, un chico de 16 años sospechado de haber disparado fue detenido en un departamento del Fonavi de Sánchez de Thompson al 100 bis. Allí también fueron aprehendidos dos adultos por la posesión de 39 envoltorios de cocaína, un chaleco balístico, una balanza de precisión, cuatro chips de telefonía y dinero en efectivo.
La investigación de los fiscales provinciales Franco Carbone y Ramiro González Raggio continuó en busca de los autores intelectuales del atentado y unos diez días después requirieron otra treintena de allanamientos en esa zona. Producto de las requisas se incautaron varios elementos de interés para ese caso por el cual, días después, fue imputado como instigador desde la cárcel de Coronda Carlos “Pelo Duro” Fernández, viejo conocido de las crónicas policiales e históricamente ligado a las huestes de Ungaro, actualmente preso en el penal federal de Marcos Paz.
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Pero además, en uno de los allanamientos en un departamento de la torre 8 del Fonavi de Sánchez de Thompson al 100 bis, la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia encontró ladrillos de cocaína por un peso total cercano a los diez kilos cuya pureza, según las posteriores pericias químicas, alcanzó niveles de hasta un 96%.
Ese hallazgo, cuyas características no encuadraban en la ley de microtráfico que habilita la actuación de la Justicia ordinaria en casos de venta minorista de estupefacientes, fue remitido por los fiscales provinciales a la Justicia federal y quedó en manos de Scilabra y Mené, quienes en menos de 72 horas formalizaron la primera imputación contra Andino por tenencia de estupefacientes para su comercialización.
Rápido
Fuentes allegadas a la investigación federal destacaron la coordinación con los fiscales provinciales y “la contundencia de la prueba incorporada”. A esas evidencias, se suma el hecho de que Andino es la persona a la cual le secuestraron las llaves del departamento donde fue hallada la droga.
La acusación contra la mujer fue presentada el miércoles pasado en una audiencia en la cual Bailaque le prorrogó, a pedido de los fiscales federales, la prisión preventiva a la imputada. La medida cautelar contempla que Andino ya está en condiciones de ser juzgada según los lineamientos del Código Procesal Penal Federal (CPPF) que desde mayo último rige en la provincia de Santa Fe, con excepción del departamento Reconquista.