"La investigación contra el exfiscal se manejó como si fuera un ciudadano común", dijo Baclini

El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, brindó hoy una conferencia de prensa sobre el caso el ex fiscal Fernando Rodrigo, quien enfrenta una acusación por escuchas ilegales y ayer presentó su renuncia al cargo.

"La investigación penal por los posibles delitos que se cometieron siempre se manejó como si fuera un ciudadano común y esa persecución penal sigue con los pasos legales como corresponde", dijo Baclini. En ese sentido, el funcionario revelo que "hay muchas horas de escuchas. Hay más de 150 CDs con escuchas".

El titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió el contacto con los medios diciendo que "ayer a la mañana se dispuso el apartamiento preventivo del ahora exfiscal. En horas de la tarde, Rodrigo junto a su abogado presentó la renuncia al cargo que ahora tendrá su trámite de aceptación y pasará, a través de la Corte Suprema, al gobernador para que sea él propio gobernador quien firme la aceptación o no de la renuncia".

"La renuncia hace al proceso disciplinario. El proceso disciplinario tiene por objeto en llegar la destitución del funcionario. En consecuencia, si Rodrigo renunció el objeto del proceso disciplinario queda agotado. Una vez que la renuncia se aceptada dejará de ser fiscal", agregó Baclini.

El funcionario del MPA prefirió no revelar detalles de la investigación porque la pesquisa "tiene un período de reserva. La causa está avanzando paso a paso. Se tomaron muchas medidas previas para cautelar todas las evidencias. Se hicieron allanamientos, intervenciones, se tomaron declaraciones testimoniales, se pidieron informes a las compañías telefónicas. La recopilación de evidencias ya ha avanzado".

Al ser consultado sobre cuál sería la sanción penal que recaería sobre Rodrigo en caso de comprobarse los delitos, Baclini precisó: "Las penas oscilan entre el concurso de delitos. En principio habría varios delitos imputables: incumplimiento de deberes, abuso de autoridad e intervención ilegal de comunicaciones. Las penas oscilan entre los 3 y diez años".