Para el abogado Fausto Yrure, defensor de Ariel Máximo “Guille” Cantero, fue difícil comenzar el alegato de cierre en el juicio oral y público que se realiza por una saga de balaceras contra blancos judiciales perpetrada en 2018 siendo que su cliente inició el debate con una frase polémica: “Contrato sicarios para tirar tiros a jueces”. El abogado dijo que se trató de un “dicho irónico” que “muestra la desesperanza y falta de confianza en la Justicia”, planteó una serie de nulidades procesales y pidió la absolución de Guille o, en caso de que el tribunal decida condenarlo, la pena no exceda los 6 años y 8 meses.
En su alegato, la fiscalía pidió 24 años de prisión para el líder de Los Monos por amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público en concurso ideal con daño calificado en calidad de instigador (siete casos).
“Los dichos irónicos de Cantero al iniciar el debate fueron la muestra de su desesperanza y su falta de confianza en la Justicia a la hora de juzgarlo”, argumentó Yrure. Y agregó que el juicio contra su cliente “no se basó en pruebas sino en prejuicios”. “Los estándares probatorios que se utilizan en contra de Cantero son pobrísimos. Son deducciones, interpretaciones y reflexiones”, aclaró.
El juicio contra Guille y otros seis acusados de instigar, organizar y concretar 12 ataques a tiros contra sedes judiciales y viviendas de funcionarios que participaron en la investigación y juicio a la banda de barrio Las Flores comenzó el 20 de agosto y el tribunal de primera instancia integrado por Hebe Marcogliese, Pablo Pinto y Rafael Coria dará a conocer su veredicto el próximo miércoles 29 de septiembre.
Yrure destacó que a Cantero, en caso de ser condenado con la pena solicitada por la fiscalía, se le acumularían 86 años de prisión por diferentes sentencias: “Una pena impensada, que significa de manera lisa y llana extirpar a un ser humano de la sociedad”. En ese sentido agregó: “El Estado contra Cantero se transformó en un clásico judicial. El clásico es un partido especial, así lo viven los actores y la prensa”. Pero consideró que es “un clásico desigual. Es el Estado con toda su artillería contra un ciudadano común”.
Plan sistemático
En el arranque del juicio los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal Vescovo y Gastón Ávila plantearon que Guille estuvo a la cabeza de un “plan sistemático” para amedrentar a la Justicia después de la condena a varios integrantes de Los Monos dictada en primera instancia en abril de 2018. Según los fiscales la logística de los ataques se gestó entre células o pequeñas bandas cuyos líderes tenían contacto directo con Guille, quien desde prisión enviaba la información de las direcciones a atacar y los demás se ocupaban de conseguir a los tiradores, la movilidad, las armas y ejecutar los hechos.
Puntualmente Guille fue acusado de instigar siete de los 12 hechos analizados durante el debate. Las primeras dos balaceras fueron el 29 de mayo de 2018 contra viviendas que habían pertenecido al juez Ismael Manfrín, integrante del tribunal que había condenado a Los Monos. En los meses siguientes, entre otros ataques, los tiros fueron contra cuatro viviendas a las que estuvo vinculada la jueza Marisol Usandizaga, otra integrante de aquel tribunal, y por esos hechos se acusa a Cantero. También le imputaron estar detrás del ataque al Centro de Justicia Penal del 4 de agosto de 2018.
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En su alegato Yrure indicó que esos hechos se relacionaron de inmediato a Los Monos, e incluso habló de cómo “la prensa” influyó en la incriminación a su defendido. En ese sentido fue que consideró que “los estándares probatorios contra Cantero son pobrísimos”. Y planteó las nulidades en relación a los dos primeros ataques ocurridos el 29 de mayo de 2018 contra viviendas donde residió el juez Manfrín.
Los reclamos
“El inicio de la investigación fue poco transparente ya que surgió de un allanamiento excepcional en el pabellón 7 de Piñero donde estaba mi cliente después que, en una requisa a las visitas, le hallaran una bala a la entonces pareja de Ariel «El viejo» Cantero”, dijo Yrure en el planteo de su primer pedido de nulidad. “Ese allanamiento se hizo sin orden fundada de un juez, sin testigos y sin justificar qué se buscaba”, agregó. Entonces se hallaron 42 teléfonos celulares en una bolsa debajo de una silla en la anteguardia, un lugar al que los presos solo acceden bajo permiso y presencia del personal penitenciario. “De esos teléfonos solo se peritó uno sin notificar a las partes y sin ningún tipo de control más que de la fiscalía. La defensa no pudo acceder ni controlar ese proceso”, dijo el abogado pidiendo la nulidad de ese examen.
Para los fiscales, sin embargo, de ese celular surgió la información utilizada para imputar y llevar a juicio a Guille como instigador de los ataques a blancos judiciales. “Disfrazaron de requisa lo que debería haber sido un allanamiento con orden judicial”, consideró Yrure en su exposición. En ese sentido pidió la nulidad de ese procedimiento y lo mismo solicitó para otros operativos mediante los cuales los fiscales acumularon evidencias para el juicio.
Además, el letrado se refirió a otro celular “aportado por un testigo de identidad reservada que no declaró en el juicio y que fue peritado sin control de la defensa ni testigos. Viciaron la totalidad de la investigación y el debate realizado”, argumentó.
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Yrure, asimismo, cuestionó la calificación penal que recae contra su cliente como parte de un “plan único y sistemático”. El defensor indicó que la reiteración de sucesos se daría en los siete hechos en carácter de “daño”, pero que el mensaje amenazante, de existir, “fue uno solo” aunque hayan existido siete ataques que solo provocaron daños materiales. Es decir, para Yrure “no hubo siete casos de amenazas coactivas porque nunca quedó claro, ni aún en la declaración de los jueces, que se vieran obligados a tomar decisiones en contrario a las que tomaron en su momento”.
En ese sentido consideró que la pena solicitada por los fiscales es “absolutamente disparatada e infundada”. Y pidió la absolución de Cantero por los hechos imputados en función de esas nulidades. Asimismo pidió que, en caso de condena, la pena sea de 6 años y 8 meses prisión, es decir la misma pena que le aplicó el juez Pablo Pinto por la amenaza telefónica realizada al juez de sentencia Edgardo Fertitta tras su traslado a una cárcel del sur del país.
Pedidos de rebajas
Vale recordar que en la jornada del miércoles ya habían alegado los abogados de los otros acusados y todos pidieron las absoluciones de sus defendidos o, en caso de ser condenados, las rebajas en las penas solicitadas por los fiscales. Así la defensora pública Gabriela Valli dijo que “no hay nada de nada” probado en contra de Leonel Fernández (tiene un pedido de 12 años de cárcel) y sobre Lucía Uberti (piden 24 años), dijo que “no vamos a negar lo innegable, no vamos a negar que tiene responsabilidades”, pero aclaró que siempre aparece “recibiendo órdenes”.
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A su turno, el abogado Mariano Scaglia sostuvo que sus clientes, Matías César y Daniel “Teletubi” Delgado (con pedidos de penas de 24 y 13 años de cárcel respectivamente) “no se ha acreditado con el grado de certeza necesaria los hechos enrostrados porque esta ha sido una investigación pobre y flaca, incrementada por lo mediático”.
Por último el abogado Nazareno Bravo pidió que se absuelva a Damián Chávez y Leandro “Chulo” Olivera solicitó un cambio de encuadre al delito de atentado a la autoridad pública, cuestionó la validez de la prueba telefónica que vincula a sus clientes y dijo que “no quedó demostrado ni hay certeza sobre quién era quién en el árbol de contactos”.
