Los defensores de seis de los acusados por balaceras a objetivos judiciales cometidos en 2018 presentaron sus alegatos de cierre en el juicio oral que comenzó hace un mes. Con cuestionamientos a la validez de la prueba telefónica expuesta por la fiscalía y en el alto monto de las penas solicitadas, los representantes de quienes aparecen subordinados a Ariel “Guille” Cantero reclamaron absoluciones y rebajas en las condenas, roles más benignos o cambios en la calificación legal. Resta para hoy el descargo del defensor del jefe de Los Monos, tras lo cual el tribunal dictará su veredicto.
Luego de que los fiscales solicitaran penas en sus alegatos del lunes, ayer fue el turno de las defensas. Es la recta final del juicio oral por los atentados que se perpetraron entre mayo y agosto de 2018 a edificios judiciales o viviendas que pertenecieron a jueces que condenaron a la banda de Los Monos. Los abogados de Leonel Fernández, Lucía Uberti, Matías César, Daniel Delgado, Leandro Olivera y Damián Chávez presentaron planteos con matices particulares, pero coincidieron en un punto: todos cuestionaron por “desproporcionadas” las condenas de 9 a 24 años de prisión requeridas.
El grupo, con “Guille” Cantero a la cabeza, está acusado de participar de un plan común y “sistemático” para amedrentar a la Justicia tras la condena a Los Monos de abril de 2018, cuando ese fallo debía revisarse en la Cámara Penal y estaba pendiente la decisión sobre los bienes incautados a la banda. Para los fiscales, la logística de los ataques se articuló sobre el accionar de células o bandas cuyos líderes tenían línea directa con Cantero. Señalaron que éste enviaba desde prisión listas con las direcciones a atacar y los mandos medios se ocupaban de organizar a los tiradores, la movilidad y las armas.
Una arquitectura que, según plantearon los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal Vescovo y Gastón Ávila, basó su éxito en la fluidez de las conversaciones por WhatsApp a través de chips y líneas telefónicas que sus usuarios cambiaban para no dejar huellas. Sobre esta base solicitaron penas de 9 a 24 años ante los jueces Hebe Marcogliese, Pablo Pinto y Rafael Coria, quienes darán su veredicto el miércoles 29 de septiembre.
Penas excesivas
Un aspecto compartido entre las defensas es que cuestionaron por “excesivos” los montos de penas requeridas cuando en los ataques, señalaron, sólo se registraron daños materiales. Un recurso común fue comparar las penas pedidas en este juicio con otras más bajas otorgadas a otros acusados en acuerdos abreviados. Asimismo cuestionaron figuras legales como la de amenazas coactivas agravadas por ser anónimas y por tener como propósito una concesión del poder público.
Casi en sintonía, plantearon que los seis acusados por ser segundas o terceras líneas no tenían motivos propios para concretar los ataques ni eran los que daban las órdenes. Se refirieron a sus defendidos como “fungibles” o vinculados a acciones que bien pudieron concretar otras personas. “No tenían ninguna motivación personal —señalaron—. La planificación y la organización no es plural, no depende de varios sino de uno”. Una alusión elíptica a “Guille” Cantero, por quien su abogado Fausto Yrure prevé alegar hoy.
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Con los acusados conectados por videoconferencia desde un monitor, la jornada arrancó con la exposición de la defensora pública Gabriela Valli en representación de Leonel Fernández y Lucía Uberti. Del primero, con un pedido de 12 años de prisión por el ataque a tiros del 22 de agosto a la sede de la Fiscalía de Montevideo 1968, dijo que “no hay nada de nada” en su contra. Dijo que lo acusan por su relación familiar con otro de los implicados del cual es hermano, no tiene antecedentes y trabajaba en un horno de ladrillos.
Luego habló de Uberti, “la única mujer en esta sala” y quien al momento de los hechos era pareja de Matías César, otro acusado con quien tuvo una hija que nació cuando estaba presa. Para Uberti los fiscales pidieron 24 años de prisión como intermediaria entre Guille y quienes ejecutaban los ataques. “No vamos a negar lo innegable, no vamos a negar que tiene responsabilidades”, dijo Valli, pero aclaró que su clienta “recibía órdenes”.
“Lejos de poder encontrar una salida, ella se encontraba atrapada. Acataba órdenes, simplemente transmitía la información que se le requería”, añadió sobre la joven acusada de partícipe e instigadora en nueve hechos. “La intervención de Lucía es periférica, es una actividad no esencial”, agregó. Pidió que su rol se encuadre como participación secundaria, la absolución por falta de pruebas en dos hechos y que su condición de género se tenga en cuenta al momento de fijar la pena, además de proponer un cambio de la calificación penal. “Los pedidos de pena son total y altamente desproporcionados”, enfatizó.
Investigación pobre y flaca
Matías César y Daniel “Teletubi” Delgado son dos acusados de mantener conversaciones con Guille. Para el primero los fiscales pidieron 24 años de prisión por participar en diez hechos; para el segundo 13 años por intervenir en tres episodios. “La Fiscalía no ha acreditado con el grado de certeza necesaria los hechos enrostrados. Esta ha sido una investigación pobre y flaca, incrementada por lo mediático”, dijo el abogado Mariano Scaglia.
Sostuvo que “la hipótesis instalada en los medios condicionó a la Fiscalía y la obligó a buscar culpables”. En este punto, dijo que la investigación fue direccionada por Martín Rey, un policía condenado por plantar pruebas en favor del empresario narco Esteban Alvarado. Scaglia le restó peso al margen de acción con el que habrían contado sus defendidos: “El principal involucrado tenía los medios, teléfono, dinero, poder”. Indicó que ninguna investigación acechaba a sus clientes, por lo tanto no tenían motivos para concretar los ataques. Pidió absoluciones o que, de ser condenados, lo sean como partícipes secundarios de atentado a la autoridad.
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Por último el abogado Nazareno Bravo pidió que se absuelva a Damián Chávez por el ataque con una granada de gas lacrimógeno al edificio de la ex Policía de Investigaciones (por el que los fiscales pidieron 9 años) y también a Leandro “Chulo” Olivera por los ataques contra edificios de Libertad 370 y Buenos Aires 1473 además del Centro de Justicia Penal.
El defensor pidió cambiar el encuadre del delito de atentado a la autoridad pública y cuestionó la validez de la prueba telefónica. Sembró dudas sobre la titularidad de los teléfonos atribuidos a los acusados al señalar que “para habilitar una línea sólo hace falta un nombre y un DNI”. Dijo que “no hay certeza sobre quién era quién en el árbol de contactos” y comparó esta causa con la del atentado a la casa del ex gobernador Antonio Bonatti, que cerró con una pena de 3 años y medio de prisión por abuso de armas.
