Foto Celina Mutti Lovera
Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad de la provincia, declaró en el marco del juicio contra Los Monos por las balaceras a blancos judiciales ocurridas en 2018.
Maximiliano Pullaro, ex ministro de Seguridad de la provincia desde 2015 a 2019 durante el mandato de Miguel Lifschitz, declaró este martes en el marco de la causa a Los Monos por los atentados a blancos judiciales ocurridos en 2018. "Temíamos por la vida de los jueces, de magistrados, pero además de personas. Sentíamos que estas balaceras no tenían una lógica clara de a quién se podía atacar", dijo el actual diputado provincial.
"Fue un momento de máxima tensión donde nosotros como parte del Estado, del Poder Ejecutivo, sentíamos que se atentaba contra las instituciones democráticas de la provincia de Santa Fe", consideró Pullaro. Se refería a la serie de ataques a balazos perpetrados contra sedes judiciales y viviendas de funcionarios que habían participado de la investigación y juicio a Los Monos que culminó en 2018.
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Sobre esos hechos recordó que fueron "momentos muy duros hasta que se logró dar con quienes entendimos fueron los responsables". Y añadió: "Trajo un perjuicio muy importante para el Estado de la provincia de Santa Fe por la cantidad de recursos operativos, logísticos, económicos".
La serie de atentados contra personas vinculadas a la investigación y juicio a Los Monos no solo implicó el temor por el peligro al que quedaron expuestos estos funcionarios. También repercutió en cómo el Estado debió actuar para garantizar que estos hechos no pasaran a mayores. "Pusimos custodias sobre los magistrados, los fiscales, los domicilios. Turnos de 8 horas con dos personas por móviles, o sea por lo menos 6 personas por día para custodiar cada uno de los domicilios. Tuvimos 20 domicilios en custodia por parte de la policía de Santa Fe", detalló Pullaro.
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En esa línea explicó que el gobierno puso a disposición "alrededor de 120 a 160 móviles en las calles, cerca de 150 hombres divididos en tres turnos". "Fueron alrededor de 6 o 7 millones (de pesos) que estábamos invirtiendo por mes para garantizar la seguridad", indicó en relación al costó económico que implicó al Estado trabajar sobre estos hechos.
En tanto remarcó los momentos de tensión que se vivieron en el ámbito político y judicial de la provincia en esas semanas en las que se llevaron a cabo al menos 12 ataques. "Cada una de las balaceras generaba muchísima tensión entre los poderes del Estado, entre la Justicia, el presidente de la Corte, el Colegio de Magistrados, nos pedían que los cuidemos porque estaba en juego su vida", recordó el ex ministro de Seguridad.
En la apertura del juicio los fiscales que llevan adelante la acusación enmarcaron las balaceras ocurridas desde el 29 de mayo de 2018 como una serie de represalias por el juicio y condena a Los Monos como integrantes de una asociación ilícita. En ese marco fue que se registraron 12 hechos que fueron atribuidos con distintos grados de participación a siete integrantes de Los Monos. Entre ellos su líder, Ariel Máximo "Guille" Cantero, acusado de instigar varios de estos hechos.
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Los primeros dos ataques fueron el 29 de mayo de 2018, poco más de un mes y medio después de que se conociera el fallo condenatorio a Los Monos. En esa ocasión las balas fueron contra dos domicilios vinculados al juez Ismael Manfrin, quien había integrado el tribunal durante el juicio.
A esos hechos se sumó, un mes más tarde, la balacera contra un domicilio de calle Braille al 1400 relacionado al policía Ariel Lotito, integrante de la División Judiciales que había participado de la investigación contra Los Monos.
Luego continuó el 26 de julio de ese año contra un domicilio de Zeballos al 2500 vinculado a la jueza Marisol Usandizaga. En tres ocasiones más se repitieron ataques contra otras viviendas relacionadas a la misma magistrada. También fueron blancos de balaceras las viviendas relacionadas a las jueza de Cámara Penal Carolina Hernández y Gabriela Sansó. En tanto contra el Centro de Justicia Penal, la sede del Ministerio Público de la Acusación de calle Montevideo al 1900 y una sede de la Policía de Investigaciones (PDI) también ocurrieron ataques.
Se desempeñaba en un equipo de Alvear y en el hecho también fue herido otro futbolista, que jugaba en las inferiores de Racing. La pena en expectativa para el inculpado es de 35 años
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