La cocinera de una escuela de la zona oeste que el domingo fue imputada de tres casos de estafa con viviendas sociales, sumó ayer otras seis imputaciones y en los próximos días se le podrían achacar otros tantos casos similares. La mujer está sospechada de ofrecer a personas conocidas viviendas en la zona sudoeste de la ciudad y hacerles desembolsar dinero en cuotas. Hasta ayer los casos judicializados hacían subir el monto de la estafa a 800 mil pesos. En ese marco, el juez Carlos Leiva le negó a la Fiscalía el pedido de dejar a la mujer en prisión preventiva pero accedió a trabarle un embargo sobre el 30 por ciento de su sueldo.
En el Centro de Justicia Penal estuvieron presentes ayer algunas de las víctimas de la maniobra defraudatoria en tanto muchos debieron esperar en la planta baja del edificio. Al finalizar la audiencias, algunos de los denunciantes, en su mayoría mujeres, rompieron en llanto cuando hacían cuentas y contaba a La Capital las deudas que adquirieron para pagar las sumas de dinero que Claudia P. les había pedido para recibir a cambio una vivienda.
"Jugó con nuestra ilusión y con nuestra esperanza. Te decía que ya iba a venir, que ella estaba como nosotros esperando su casita, y era todo mentira", dijo una de las víctimas.
"Cien mil pesos le di yo. Saqué dos créditos que no sé cómo voy a pagar, pero valía la pena porque íbamos a tener nuestra casa. Yo tengo tres chicos, dormimos todos en la misma pieza. Nos quitó todo, la ilusión y la esperanza. Le dije una vez: mirá, te estoy dando lo que tenía para las zapatillas del nene. No le importó nada", dijo otra mujer.
¿Quién es?
Claudia P. tiene 46 años y trabaja como cocinera en la escuela San Francisquito, de Cafferata y 27 de Febrero. El viernes de la semana pasada fue detenida después de que el Ministerio Público de la Acusación recibiera una serie de denuncias que la tenían en la mira.
Los denunciantes son personas que tenían algún tipo de relación con la imputada. La conocían del barrio, de la escuela, o tenían un conocido en común que había creído en lo que la mujer les decía: que había una vivienda social en Avellaneda y Seguí o en Seguí y Callao, según el caso, que estaba por ir a remate y que ella estaba autorizada por la provincia para hacer de intermediaria con un nuevo comprador.
Una vez que aparecía un interesado, ella les daba toda la información. Les decía que debían hacer una primera entrega y, en el momento de recibir el dinero les hacía llenar un formulario aunque no les daba un comprobante de pago. Después, los estafados recibían un mensaje de texto de una abogada inexistente que les daba un detalle de los pasos a seguir. Y, en cuotas, iban entregando el dinero que les pedían para sellados, escrituras y demás. Nada de eso era cierto.
Una buena suma
El domingo la mujer fue imputada de tres casos de estafas y de una más a una mujer a la que le sacó 10 mil pesos para tramitarle una pensión del Estado provincial. La imputación fue presentada por el fiscal Mariano Ríos Artacho que ayer, en una nueva audiencia, le imputó otros seis casos similares.
Sumando el dinero de todas las estafas individuales, la mujer se habría hecho de unos 800 mil pesos. El fiscal detalló que ayer se recibieron otras cuatro denuncias en distintos Centros Territoriales de Denuncias y no descartaba que en los próximos días siguieran apareciendo casos.
La audiencia de ayer estuvo presidida por el juez Carlos Leiva, quien aceptó las imputaciones ventiladas por el fiscal. La mecánica planteada en cada uno de los casos era la misma. Era Claudia P. la que ofrecía la vivienda y recibía los pagos en la escuela. Hasta ahora es la única sospechosa dentro de la maniobra fraudulenta, aunque no descartan que haya más personas involucradas.
Para avanzar en esa y en otras líneas de la investigación, Ríos Artacho solicitó al juez que dispusiera una prisión preventiva sobre la mujer por el plazo de un mes, pero el magistrado consideró que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento probatorio, por lo que resolvió que Claudia P. quedara en libertad.
Además, el juez accedió a otro pedido del fiscal: que se trabe un embargo del 30 por ciento del sueldo de la imputada hasta llegar a la suma de 800 mil pesos, algo que muy difícilmente ocurra ya que la suma mensual a embargar apenas alcanza los 4 mil pesos.
