Celina Mutti Lovera
Los fiscales de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada del MPA de Rosario.
Los fiscales que investigan la red de juego clandestino por la que están imputados el ex fiscal regional Patricio Serjal y el adjunto Gustavo Ponce Asahad manifestaron su “sorpresa” por el repentino cambio de juez en la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) de la que consideran una de las causas más importantes que se tramitan en la Justicia santafesina y con impacto en el poder político de la provincia.
En tal sentido solicitaron a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) a cargo de la organización de las audiencias públicas y la designación de los magistrados que les informe por qué la jueza Eleonora Verón no seguirá participando de esta causa, cuál fue el procedimiento que se siguió para agregar jueces a la causa, si los magistrados que ya intervinieron lo seguirán haciendo, quiénes serán los que participen de aquí en más o si se sorteará un nuevo juez para cada audiencia.
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra manifestaron la sorpresa con la que se toparon el martes al llegar a la audiencia en la que se debía revisar la prisión preventiva de Ponce Asahad. Es que minutos antes del trámite se enteraron de que, a diferencia de todas las audiencias anteriores, no se realizaría ante la jueza Verón sino que en este caso el juez de garantías era Carlos Leiva.
Durante la audiencia la fiscalía pidió prorrogar la prisión preventiva efectiva del ex fiscal por otros 90 días y la defensa volvió a requerir una morigeración bajo la modalidad domiciliaria. Finalmente Leiva accedió al pedido de los fiscales, pero por 70 días. Más allá de esa diferencia, los acusadores se fueron con “cierta alarma” acerca del procedimiento de la OGJ que, aseguraron, no fue comunicado previamente.
“Desconocemos de qué manera la OGJ desplazó a la jueza que estaba interviniendo sin una explicación previa a los litigantes e imputados, a las víctimas y la sociedad en general. La informalidad con la que se designó al juez para la audiencia de prórroga de la medida cautelar nos causó cierta alarma y eso motiva la presente nota”, señalaron los fiscales en un escrito enviado a la OGJ firmado también por la fiscal regional María Eugenia Iribarren.
En la nota los fiscales explican las razones por las cuales cuando un magistrado es asignado a la fase preliminar de un procedimiento suele seguir participando de todas las audiencias, sobre todo cuando se trata de causas complejas y con muchas audiencias, porque de esa manera el juez ya está al tanto de todo el desarrollo del proceso y las partes no tienen que explicar sus argumentos cada vez ante un juez distinto.
Tampoco cuestionan en la nota la labor de Leiva, incluso manifiestan su certeza de que cualquiera de los jueces “van a cumplir con sobrada sapiencia con su trabajo". Pero expresaron su “sorpresa” de que en este caso, que es de “altísimo interés público y de una trascendencia institucional inusitada por quienes están imputados al día de la fecha y quienes podrían llegar a serlo en el futuro”, se les informara sin explicaciones que Verón dejará de formar parte de la causa.
Al respecto cabe recordar que esta investigación, además de haberle costados sus respectivos cargos a Serjal y Ponce Asahad, puso bajo la lupa al senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri, a quien los fiscales consideran parte del entramado investigado. Por esa razón a fines del año pasado los fiscales pidieron el desafuero del legislador para poder imputarlo, pero el requerimiento fue rechazado por el Senado.
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Por Lucas Vitantonio
