A partir de las 15.30 el ex fiscal regional Patricio Serjal comparecerá en una audiencia para ser reimputado como organizador de una asociación ilícita. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra deberán allí delinear necesariamente del rol de los otros acusados de organizadores de la estructura ilegal. Por eso se expondrá por primera vez en su plenitud la evidencia acumulada contra el senador por San Lorenzo, Armando Traferri, a quien los fiscales consideran el enlace entre Serjal el también ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, presos por cobrar retornos para permitir en distintos puntos de la provincia el despliegue del juego clandestino, y Leonardo Peiti, el empresario más importante de esta actividad ilegal.
Para los fiscales el plan del grupo fue usar el dinero de la recaudación proveniente del juego ilegal para lo que los miembros de la red tuvieron distintos roles: organizar el negocio del juego de azar, ofrecer y aceptar coimas a funcionarios públicos para que éstos hicieran la vista gorda a los delitos y brindar información para hacer fracasar las investigaciones en curso como, por ejemplo, la que tenía el fiscal Matías Merlo en Melincué contra Peiti.
Es de ese legajo de donde sale la mayor parte de la evidencia que se expondrá contra Traferri en el Centro de Justicia Penal (CJP) ante la jueza Eleonora Verón. Allí se acumulan indicios múltiples entre los que hay conversaciones por whatsapp, fotografías, escuchas telefónicas que para los fiscales dejan claro que el ex jefe de bloque del PJ en la Cámara alta (esta crisis desperdigó al peronismo en tres bancadas) conocía a Peiti desde 2017, que es cuando empezó la pesquisa contra éste en Melincué. En su descargo escrito Traferri señaló que solamente había tenido conctacto con Peiti en 2019 a partir de un pedido de éste impulsando un proyecto de ley para instalar máquinas de juego en el local de Loterías de Santa Fe. Luego el senador corrigió su alusión inicial y admitió, cuando ya circulaban por los medios las evidencias, que se conocían desde 2017.
Nuevo round
El hecho de que el imputado sea Serjal pero que el foco vuelva a estar centrado en Traferri tiene que ver con la arrolladora tensión política que se generó frente al pedido de desafuero que elevaron los fiscales al Senado para que el legislador de 66 años pueda ser sometido a proceso. El jueves pasado una mayoría rechazó levantarle la inmunidad a Traferri. Fue a pesar de que un día antes los fiscales habían detallado frente a dos comisiones del Senado los principales cargos, dando explicaciones y difundiendo audios.
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Al día siguiente, a las 10, el pleno de la Cámara alta consideró el pedido de desafuero. Demoraron ni tres minutos en despacharlo: doce senadores peronistas y radicales negaron quitar los fueros a Traferri, dos se abstuvieron (entre ellos Lisandro Enrico quien un día antes fue el más enfático en rechazar el pedido de los fiscales) y cuatro del flamante bloque Lealtad del PJ fueron los únicos en votar a favor. Casualmente en este bloque hay dos senadores que debutan en la Cámara este año y no tienen compromisos ni relación de otros períodos con Traferri.
Frente a esto los fiscales no tienen posibilidad de llevar a audiencia a Traferri lo que implicaría que en torno de él la causa debería archivarse. Pero los acusadores no se darán por vencidos. Su próximo planteo será pedirle a un juez la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe que otorga a los legisladores no solo la imposibilidad de ir a prisión sino que les da incluso inmunidad de proceso, vale decir, ni siquiera pueden ser acusados sin que les levanten ese privilegio. La pretensión ya dio lugar a una discusión sobre la fragilidad o no de su sustento legal, dado que este artículo reglamenta el artículo 51 de la Constitución provincial, que es el que otorga la inmunidad.
Los elementos contra Traferri aparecen, para los fiscales, reforzados por el testimonio de Gustavo Ponce Asahad, el ex fiscal preso junto a Serjal por recibir dádivas para no perseguir las actividades de Peiti. Al declarar el 4 de diciembre pasado Ponce Asahad sostuvo que la causa no terminaba en el empresario: “A esta investigación le falta una pata que es la política, el negocio del juego clandestino lo armó el senador Traferri, senador departamental por San Lorenzo”.
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Frente a eso Traferri y su defensor replicaron que la declaración de Ponce Asahad respondía a un acuerdo guionado por los fiscales para que éstos le mejoraran la situación procesal habilitando una prisión domiciliaria con la contraprestación de acusar a Traferri. Y que esto era resultado de un complot político tramado por el ministro de Seguridad Marcelo Sain, claramente enfrentado con Traferri, el fiscal general, la fiscal regional interina y los de grado.
Estos últimos respondieron que Ponce declaró tal cosa contra Traferri pero que tres años antes ya había evidencia que lo incriminaba al senador por lo mismo en una causa previa en Melincué.
Entre los indicios colectados hay una conversación que Peiti mantuvo con el ex secretario Legislativo del Senado Ricardo Paulichenco captada en un audio que fue difundido en la reunión. Allí Paulichenco, que falleció el año pasado y fue apoderado del PJ, dijo que Traferri se juntaba a hablar al día siguiente con el ministro de Justicia y el fiscal general “por el tema que me pasaste del 301”, en referencia al artículo del Código Penal que penaliza las variantes de juego ilegal.
Según Schiappa Pietra, eso lo que indica es que Traferri se dedicaba a vender influencias en favor de la actividad ilícita de Peiti. En esa misma conversación Paulichenco, según los fiscales, le dice a Peiti: “Che, para el viernes traeme plata”. La conversación fue captada para la causa penal de Merlo contra Peiti el 23 de agosto de 2017 a las 6.32 de la tarde. Señalamientos como esos con sus correspondientes audios se expondrán en la audiencia de esta tarde.
Trabajo político
Luego de ser sostenido por el Senado Traferri señaló que seguirá su trabajo político. En el medio se coló una posible acusación contra uno de los fiscales, Matías Edery, a partir de una conversación desgrabada con Ponce Asahad, en donde éste le recrimina que el primero le haya pedido datos en un teléfono para trabajar una imputación.
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“Van a buscarle cosas a los fiscales para dejarlos fuera de combate como pasó en 2017 donde hubo una denuncia del (ex concejal Jorge) Boasso por corrupción presunta contra cinco senadores. Lo que hizo entonces la Legislatura fue votar sin debate una ley para darse a si misma el control disciplinario de los fiscales. E iniciar una denuncia contra Sebastián Narvaja que era el que debía investigar la denuncia de Boasso para correrlo de la investigación”, dijo un alto funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
