Un mes después del asesinato de Lorenzo “Jimi” Altamirano, una serie de allanamientos en celdas de cárceles federales pusieron el ojo de la atención pública sobre las figuras de Máximo Ariel “Guille” Cantero y varios de sus subordinados, como son Leandro “Pollo” Vinardi, Damián “Toro” Escobar, Leandro “Gordo” Vilches y Pablo Nicolás Camino. Ordenados por los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, la fiscal federal Paula Moretti, y Diego Iglesias de la Procuraduría Naciona contra el Narcotráfico (Procunar) se realizaron allanamientos en los celdas de los penales de Marcos Paz, Ezeiza y Rawson donde están detenidos todos los nombrados. Los procedimientos llegaron también a oficinas administrativas y jurídicas del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz por una presunta “complicidad estructural” de los penitenciarios con Guille Cantero, quien ha acumulado penas por más de 96 años y está alojado en solitario en el módulo 2 de ese penal del Gran Buenos Aires.
Lo que dejaron al desnudo los allanamientos a partir de una sucesión de indicios y escuchas telefónicas fue una profunda crisis entre al menos dos facciones de la banda de Los Monos y su líder que tuvo como consecuencia el bestial crimen de Jimi Altamirano, un artista callejero y músico de punk ajeno a toda disputa narco y de la barra brava de Newell's. Ese enfrentamiento fue, de acuerdo a los pesquisas, entre Rodolfo Héctor “Eri” Masini y Leandro “Gordo” Vilches por un lado (ambos presos en el penal federal de Rawson) y “Pollo” Vinardi y “Toro” Escobar por otro (los dos en la cárcel de Ezeiza) y considerados los regentes de la jefatura de la barra brava de Newell's, en la que también puede verse a Nicolás “Pupito” Avalle, otro preso del penal de Ezeiza. Siempre según las escuchas, Massini y Vilches habrían recurrido a Pablo Camino para que consiguiera la mano de obra ejecutora del asesinato.
Jimi Altamirano no tenía ningún tipo de vinculación con la barra leprosa, el mundo de Los Monos ni la violencia callejera. Era un inocente. Lo raptaron cuando caminaba hacia su casa la noche del 1º de febrero en la zona de 27 de Febrero y Ovidio Lagos, lo mataron y lo dejaron tirado frente a la puerta 6 del Coloso del Parque Independencia con un cartel entre su ropa. La hipótesis que manejan los investigadores es que la pelea que se cobró esa vida inocente se generó por una deuda millonaria en dólares que estaría motivada en un cargamento de drogas que una facción de Los Monos le vendió a la otra.
Reproches al líder
De los diálogos escuchados también se desprende que la dupla Vinardi/Escobar le reprochó a Guille no haber calmado a Massini/Vilches. En los audios se puede percibir que el trato de Guille con el Toro y el Pollo es de amistad estrecha en ida y vuelta. Algo que al momento de los reclamos también es refregado, aunque en un marco de absoluto respeto mutuo. “Yo siempre fui tu amigo”, le dijo uno de los interlocutores a Guille. Aunque le criticó “el puesto” que les dio a los presos alojados en el penal de Rawson.
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La investigación comenzó el 13 de noviembre pasado cuando balearon la cárcel de Marcos Paz y dejaron un cartel amenazante.
También mencionan los investigadores que entre las facciones se puso de manifiesto una guerra de carteles intimidantes que tuvieron su punto máximo el día del crimen a balazos de Jimi Altamirano, a quien utilizaron “como sobre” para asegurarse el impacto del mensaje: "Damián Escobar, Leandro Vinardi y Gerardo Gómez (Dibu) dejen de sacar chicos del club para tirar tiro en Rosario". Un mensaje similar fue dejado en un desvencijado móvil policial estacionado frente a la sub comisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez horas antes del crimen de Altamirano.
Dos días más tarde la mensajería tumbera se mudó a las puertas de la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el edificio del Sindicato de la Carne de Rosario. Así se leyó: “Eric Mancini y Leandro Vilches dejen de pasarle a los fiscales y dejen de tocar a gente inocente, manga de policías HDP. Pasamos la cabida que vos quieras”.
Ataque en Marcos Paz
La investigación que derivó en los allanamientos comenzó la tarde del domingo 13 de noviembre pasado cuando en las inmediaciones de un predio en construcción lindero al Complejo Penitenciario de Marcos Paz los ocupantes de un Volkswagen Nivus gris efectuaron doce disparos impactando cuatro de esos tiros contra una garita de control en la que estaba un sereno, que no sufrió lesiones. Los agresores dejaron pegado en un poste del penal un cartel que decía: “Dejen de verduguear a Guille Cantero o vamos a matar a los del Servicio Penitenciario. Con la mafia no se jode”. Buena parte de esa secuencia quedó reflejada en un video enviado al canal de noticias nacional C5N que difundió las imágenes.
Desde ese momento Guille quedó, una vez más, monitoreado en sus contactos. Los allanamientos requeridos sobre el líder de Los Monos estuvieron basados en tres investigaciones penales: una de la Justicia Federal de Rosario (que lleva adelante la fiscal ad hoc Paula Moretti por la balacera del 13 de noviembre contra el penal de Marcos Paz), otra de la Justicia Federal de Morón a cargo de la fiscal Mariela Labozzeta, y la restante de la Justicia provincial a cargo de los fiscales Schiappa Pietra y Edery, que investigan el crimen de Altamirano.
>>Leer más: Piden controlar las llamadas de Guille Cantero y que se le restrinjan las visitas
La sospecha de los investigadores es que las balaceras, el narcomenudeo en barrios conflictivos de Rosario y al menos un homicidio ocurrido en febrero pasado fueron organizados desde las cárceles por los presos que integran las facciones de Los Monos. Las teorías del caso están dadas en que Guille continúa vinculado al tráfico de drogas y otros delitos organizados desde su lugar de alojamiento; y además, una posible complicidad estructural de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal en Marcos Paz que permitió que Cantero cuente con dispositivos expresamente prohibidos como celulares o una línea de telefónica directa en su celda.
En ese marco ayer fueron allanadas por efectivos de la Policía Federal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) la celda del pabellón 7 de Marcos Paz donde está Guille; las del pabellón D de la Unidad Residencial VI del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza en la que están el Pollo Vinardi y el Toro Escobar; y los calabozos del penal de Rawson en los que se alojan Eri Masini, Pablo Camino y el Gordo Vilches. Según se precisó, se detectó un pequeño boquete entre las celdas de Camino y Masini por la que sólo pasaba un celular.
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Un hueco en la pared para pasar celulares. Conectaba las celdas de dos de los presos allanados en la cárcel federal de Rawson.
La celda de Guille
En cuanto a Guille Cantero, los fiscales Iglesias y Moretti solicitaron determinar “los registros de los números de abonados con los que se comunicó el jefe de Los Monos desde la línea telefónica emplazada en el pabellón 7” de Marcos Paz y “los titulares de dichos abonados, al menos desde el mes de marzo de 2022 a la fecha” del pedido de allanamiento. También se solicitó información sobre dos teléfonos fijos instalados el 15 de mayo de 2019 y el 3 de diciembre de 2020 en ese pabellón frente a la celda en la que estaba alojado Guille. Esto se había requerido reiteradamente pero el Servicio Penitenciario Federal nunca informó lo solicitado. A Guille se le secuestraron dos celulares en marzo y mayo de 2022.
La Ley 24660 de Ejecución Penal establece en su artículo 160 que las cárceles “deberán” instalar inhibidores de señal para impedir comunicaciones. Cantero, sin embargo, se comunicaba libremente. Los fiscales Moretti e Iglesias pidieron que, de una buena vez, se cumpla esta normativa dentro del SPF, que hoy cuenta con su aparato de inteligencia desmantelado desde 2020. El mismo pedido había sido realizado por el Tribunal Federal 3 de Rosario en 2022. En el pedido de la fiscales se indicó que para “dar estricto cumplimiento a la prohibición de las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles dentro de los establecimientos penitenciarios, expresamente prevista” en la ley.
Los fiscales entienden que también es necesario que “se restrinjan las visitas que pueda recibir (Cantero) en la unidad de detención a efectos de que no pueda entrevistarse con personas que no resulten estrictamente de su vínculo familiar o su defensa”. En síntesis, parece que al jefe de Los Monos además de las penas impuestas le quieren quitar todos los derechos que le asisten por más preso que esté.
