La mamá de una beba internada en el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario llegó en septiembre de 2019 ensangrentada y con lastimaduras en distintas partes del cuerpo. “Mi marido me cortó el cuello”, le dijo a una enfermera a la que le pidió ayuda. Había llegado hasta allí en un colectivo de línea tras escapar por una ventana de la casa de Villa Gobernador Gálvez donde convivía con el padre de la niña, quien según denunció la había atacado a golpes y puñaladas en medio de una discusión. Por la entidad de las lesiones debió ser internada en un hospital de adultos y se inició una causa penal contra su pareja, un joven condenado este miércoles a 10 años de prisión efectiva por intento de femicidio.
La pena fue dictada por el juez Ismael Manfrín, quien homologó un acuerdo abreviado entre el fiscal Luis Schiappa Pietra y la defensa de Julián Murúa, de 19 años. El joven aceptó una condena a 10 años de prisión como autor de un intento de homicidio que se consideró doblemente calificado: por mediar violencia de género y por ser la víctima una persona con la que mantenía una relación de convivencia.
El ataque fue el 28 de septiembre de 2019 en una casa de Juan Perón y Juan José Paso de Villa Gobernador Gálvez donde Murúa convivía con su pareja, Carolina. A las 10 de la mañana ella comenzó a prepararse para ir a visitar a su hija de 5 meses al Hospital de Niños Zona Norte, donde la beba llevaba cuatro meses internada en terapia intensiva por un cuadro infeccioso respiratorio, secuela de una gripe. La beba estaba internada desde el 31 de mayo de ese año, con traqueotomía y conectada a un respirador.
Cuando Carolina le avisó a su pareja que debían prepararse para visitar a la hija de ambos, según se reconstruyó en la causa, el acusado se negó y comenzó a gritar que nunca más irían porque ella tenía “un amante” en el hospital. En medio de una discusión comenzó a arrojarle elementos y luego tomó un cuchillo de cocina tipo tramontina que estaba al costado de la cama, se abalanzó sobre la mujer y le arrojó dos puntazos a la altura del corazón. Ella logró esquivar esos golpes y lo empujó. Cuando se dio vuelta para tomar su bolso, decidida a irse, “Murúa la sujeta desde atrás, tomándola del cuello con un brazo, y con la otra mano le asesta una puñalada de izquierda a derecha, realizándole un tajo de consideración” en el cuello.
Al tocarse la herida y quedar con la mano empapada en sangre, la mujer comenzó a gritar: “Me cortaste, me asesinaste”. El comenzó a hacer presión sobre la herida con una remera y luego se fue de la casa expresando amenazas y dejando a la víctima encerrada: “De acá no te vas porque si te escapás te voy a buscar y te voy a matar”. Luego de unos minutos de espera, Carolina escapó por una pequeña ventana y tomó un colectivo de línea hasta el hospital de niños. Llegó hasta el sector de terapia donde estaba su hija y le pidió ayuda a una enfermera.
Allí recibió las primeras curaciones. Pero ante la profundidad de la herida “lineal, de 4,5 centímetros a la altura de la zona media del cuello” fue derivada al hospital Centenario, donde le practicaron seis puntos de sutura.
Se abrió así una investigación fiscal en la cual se ordenó la detención de Murúa, apresado al día siguiente. En el allanamiento a la casa se incautó el cuchillo y la remera manchada con sangre. La imputación remarcó que el hecho fue cometido en un “claro contexto de violencia de género”. Ese cuadro surgió del relato de la propia víctima, de los testimonios de médicos y de una trabajadora social que intervino en el caso, quienes calificaron a la situación como “extremadamente problemática”.
Según esos informes, la situación de violencia había sido advertida por el personal del hospital, que asignó a una trabajadora social al caso. Hasta el momento, se consignó, la víctima excusaba a su pareja diciendo que debía estar preocupado por la situación de salud de su hija, “lo que la ha llevado a normalizar, minimizar e invisibilizar una situación de violencia permanente, tanto en lo físico como en lo psicológico y lo económico”. Ella, procedente de Buenos Aires, no tenía familiares en la provincia ni a quién pedir ayuda. Incluso tiempo antes había avisado al personal de la terapia que su pareja la tenía secuestrada y estaba en riesgo, lo que había requerido de una intervención policial. “Lo cual la víctima ofrece un cuadro de extrema vulnerabilidad aún a pesar de los esfuerzos del hospital de Niños Zona Norte en asistirla”, detalla el acuerdo que derivó en la condena.
