Buenos Aires- Mario Roberto Segovia, el hombre detenido el fin de
semana último acusado de vender más de ocho toneladas de efedrina a narcos mexicanos, será
indagado en minutos por el juez Federal de Campana, que también tiene previsto
interrogar a otros cuatro detenidos.
El juez Federico Faggionato Márquez informó a Télam que las indagatorias
se llevarán a cabo durante esta jornada, cuando lleguen a sus manos todos los documentos y
actas de los procedimientos que derivaron en los arrestos y secuestros de elementos y
dinero.
Segovia, quien era buscado desde el inicio de la causa por la ruta de la
efedrina bajo el nombre de Héctor Germán Benítez -identidad que le sustrajo a un preso del
penal de Sierra Chica-, será interrogado por los delitos de infracción a la ley 23.737,
de drogas, contrabando, acopio de arma de guerra y falsificación de documento.
También serán indagados hoy el primo de Segovia -junto a quien fue
detenido el pasado domingo-, la esposa, Gisela Itatí Ortega; el contador Roberto Guerini y un
hombre que trabajaba para él, identificado como Daniel Bocchi.
Faggionato Márquez explicó que si bien a Segovia se lo empezó a investigar
junto con la Secretaría de Inteligencia hace cinco meses en el marco de la causa que se
inició con el hallazgo de un laboratorio de metanfetaminas en Ingeniero Maschwitz, no
estaría vinculado a la elaboración de metanfetaminas ni con el sindicado líder narco
Jesús Martínez Espinosa.
“Compartían el mismo proveedor de efedrina”, afirmó el
magistrado, al referirse al detenido Raúl Ribet, sindicado comprador de esa sustancia, que a
su vez vendía a los carteles mexicanos.
En los operativos realizados tras el arresto de Segovia en el aeroparque
Jorge Newbery cuando iba a viajar a Misiones junto a su primo, la policía secuestró numerosos
bienes suntuosos del acusado, entre ellos autos de lujo, dinero en efectivo y hasta
lingotes de oro.
Según la pesquisa, Segovia había comprado entre 2006 y el 2008 más de
8.100 kilos de efedrina, cuyo precio en el mercado ilegal mexicano es de unos 30 millones de
dólares, por lo que el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández,
lo sindicó como el “mayor proveedor de los carteles mexicanos”.
(Télam)