Por Lucía Demarchi
El llamado a indagatoria fue realizado por el juez federal Nº 3, Carlos Vera Barros, quien deberá resolver si imputa a los tres sospechosos por los delitos de falso testimonio y encubrimiento en un expediente vinculado al principal, pero que avanzará por sus propios carriles para no demorar los plazos legales en la causa por la que, se prevé, 18 policías de distintos rangos —once de ellos están con prisión preventiva— llegarán a juicio.
Federal
Franco tenía 20 años, vivía en el partido bonaerense de Florencio Varela y había venido a Rosario para visitar a unos familiares en barrio Empalme Graneros. Su plan era tomar un tren a Retiro el 6 de octubre de 2014, pero nunca lo abordó. Cuando sus familiares lo buscaron en comisarías, en la seccional 7ª les retacearon información.
Cuando el 30 de octubre siguiente se halló su cadáver en el río Paraná con signos de haber sido torturado, la investigación pasó a la Justicia Federal como desaparición forzada.
Vecino
Según explicó el querellante Salvador Vera, una de las personas que hoy declarará ante la justicia federal es Daniel C., un vecino del barrio Luis Agote que había avalado la versión de los uniformados de la comisaría 7ª, que decía que Franco había sido detenido en la plaza de Alsina y Bordabehere el 7 de octubre.
"El procesamiento y la Cámara ponen duda la versión policial y por eso procesa a los policías", sostuvo Vera sobre las declaraciones previas de Daniel C., sospechado de haber falseado su testimonio y, de ese modo, colaborar con el encubrimiento del hecho. "En dichas declaraciones —agregó Vera— manifestó claras contradicciones, regularidades e inconsistencias que no sólo lo comprometen por los delitos de falso testimonio y encubrimiento sino que además abonan a la falsedad del relato policial que, con 18 policías procesados, ya está expuesta".
Dientes
Además hoy se les tomará declaración indagatoria a Elisandro G. y Aníbal P., integrantes del Departamento de Identificación Cadavérica de Odontología Legal y Forense. Se trata de dos odontólogos que rubricaron un informe de tres fojas en los que afirmaban que los dos dientes frontales que le faltaban al cuerpo de Franco después de ser hallado en el Paraná, los había perdido en vida y no de forma traumática. Esa pericia decía que los alveolos donde estaban implantados los dientes estaban sanos, lo que implicaba que el desprendimiento de las piezas dentales se debía a una mala salud bucal.
De acuerdo con una de las querellas ese informe está fechado el 30 de octubre de 2014 a las 11.30, mientras que el acta del levantamiento del cadáver está firmada ese mismo días a las 13.30. Es decir, según los papeles, la pericia se realizó cuando el cuerpo de Franco aún estaba en el agua.
Pero ese no es el único elemento sospechoso respecto de esa pericia: fue incorporada al expediente recién el 12 de julio de 2017, después de que se realizara una inspección judicial. Ya en ese momento Vera, abogado que representa al hijo y a la hermana de Casco en el proceso, había planteado la gravedad institucional de la situación no sólo por la demora de su incorporación sino porque la pericia no había sido ordenada por los investigadores y el Instituto Médico Legal no podía solicitarla "de oficio" a la UNR.
Hoy los dos odontólogos brindarán declaración indagatoria sobre ese informe que contradice otra pericia practicada por el cuerpo médico de la Corte Suprema de la Nación que arrojó que las cavidades donde se alojaban las piezas dentarias que le faltaban al cadáver presentaban microfisuras y microfracturas con características vitales, lo que indicaba que se perdieron en vida y de forma traumática. Estos datos, junto con otros elementos que forman parte de la causa, permitieron inferir al fiscal Marcelo Di Giovanni que esos dientes le fueron arrancados a Franco cuando recibió apremios ilegales por parte del personal de la comisaría 7ª durante su detención, fechada el 6 de octubre de 2014.