La fiscal adjunta Melisa Serena fue imputada de no haber investigado delitos sobre los cuales presuntamente estaba al tanto y que estarían relacionados con el juego clandestino y los puertos secos en San Lorenzo, jurisdicción donde se desempeña como funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La acusación es un desprendimiento de la investigación por la cual resultaron destituidos el exfiscal regional Patricio Serjal y el adjunto Gustavo Ponce Asahad, aunque por el momento Serena no está ubicada como parte de esa red cuya organización se le atribuye al empresario de juego Leonardo Peiti y en cuyo marco la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía de Rosario pidió el desafuero del senador provincial Armando Traferri, representante en la Cámara alta del departamento San Lorenzo.
Investigada a partir de conversaciones que mantuvo en febrero del año pasado con el empleado judicial Nelson Ugolini, también imputado en la trama de juego ilegal, Serena fue imputada en la sede rosarina del MPA de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de la persecución penal de delitos”. Como éstos prevén penas menores que no ameritan el pedido de prisión preventiva la audiencia no se realizó ante un juez.
En ese marco la fiscal de San Lorenzo, defendida por el abogado Juan Lewis, no aceptó responder preguntas. Sin embargo declaró que al momento de mantener los intercambios de mensajes con Ugolini a través de WhatsApp y Telegram no estaba al tanto de ninguna trama y aseguró que nunca entorpeció investigación alguna. No obstante, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery consideran que Serena no cumplió con la labor que impone su cargo, que es denunciar e investigar delitos sobre los cuales había sido informada.
Con la fiscal imputada, por el momento fuera de la red de juego clandestino, la investigación sobre su conducta continuará con el análisis de material colectado en un allanamiento a su oficina mientras se espera poder abrir su celular I-Phone 11 del cual ella no aportó la contraseña en tal sentido. En tanto, compete a la Auditoría General del MPA analizar la conducta de Serena y resolver si continúa en su puesto o si procede alguna sanción, que podría ir desde un apercibimiento hasta la remoción.
Entre las evidencias presentadas por la acusación se presentaron diálogos del 6 de febrero de 2020 que Serena mantuvo por WhatsApp y Telegram con Ugolini, empleado de Ponce Asahad, donde el primero le solicita a la fiscal información acerca de eventuales allanamientos que se estarían por realizar en el distrito de San Lorenzo, en donde se estarían investigando hechos que podrían constituir delitos tipificados como juego ilegal y prácticas delictivas popularmente conocidas como “puertos secos”.
A esa fecha Serena sabía que existían investigaciones en curso sobre esos hechos en el ámbito de la Agencia contra la Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Rosario, entonces ante el pedido de Ugolini omitió poner en conocimiento de sus superiores esa circunstancia sabiendo que con ello su interlocutor pretendía obtener información sobre las investigaciones en curso. A sabiendas que en los hechos delictivos de aquella temática podrían haber tomado parte personas conocidas por la imputada, ésta omitió iniciar una investigación y transmitir esa información a quien correspondiera para que la misma se inicie o se promueva contra los eventuales responsables de esos hechos delictivos que Serena conocía.
Todo ello, dijeron los acusadores, lo hizo a sabiendas que es su función ejercer la acción procesal penal e investigar los hechos con apariencia de delitos que conozca en ejercicio de sus funciones. Ugolini, por su parte, incumplió sus obligaciones como empleado del Poder Judicial y la obligación de guardar reserva sobre las investigaciones en las que participaba y a las cuales tenía acceso por la función que cumplía.
