El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario realizó una inspección ocular en zonas señaladas por la querella, como áreas fumigadas, viviendas y escuelas
La inspección ocular reforzó una idea central: la necesidad de observar directamente los lugares donde estos procesos se desarrollan para dimensionar sus consecuencias. (Foto: Julia Siciliani)
(Foto: Julia Siciliani)
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En el tramo decisivo del juicio oral por fumigaciones con agroquímicos en Pergamino, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario realizó una inspección ocular que aportó una dimensión directa a la prueba reunida durante el debate. La medida, llevada a cabo el miércoles último a pedido de la querella encabezada por Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, permitió verificar en el territorio los lugares donde se denunciaron aplicaciones de plaguicidas y sus efectos sobre la población.
La recorrida marcó un punto de inflexión: el expediente dejó de ser una suma de testimonios y peritajes para confrontarse con el espacio físico donde ocurrieron los hechos. En este tipo de procesos, la geografía es un componente central, ya que las distancias entre campos, viviendas, escuelas y fuentes de agua integran la materialidad del delito investigado.
Con la presencia del Ministerio Público Fiscal y las partes, el Tribunal visitó distintos puntos señalados por la querella, cuyos representantes —los abogados Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, junto a Ortiz— indicaron los sitios vinculados a los hechos, incluyendo zonas de toma de muestras, viviendas y áreas donde se fumigó.
El itinerario comenzó en Juan A. de la Peña, en relación con las imputaciones contra el ingeniero agrónomo José Luis Grattone y Cristian Taboada. Allí se corroboró la cercanía entre un establecimiento educativo y el campo donde se realizaron aplicaciones, en violación de la normativa. También se constató la proximidad con viviendas y los puntos de muestreo.
La inspección continuó frente a la casa del testigo Héctor Spagna, quien describió durante el juicio maniobras de descarga y limpieza de equipos de fumigación sobre la ruta nacional 188. Según relató, esas prácticas generaban exposición directa a tóxicos, con consecuencias visibles en su salud.
El recorrido avanzó luego hacia Villa Alicia, uno de los sectores clave de la causa, donde se ubican terrenos vinculados a Fernando Cortese, Víctor Tiribó y Mario Roces. En el predio atribuido a Cortese se identificaron puntos de extracción de suelo que, según la pericia, registraron elevados niveles de plaguicidas, señalándolo como uno de los focos de mayor contaminación del expediente.
También se visitó la vivienda de un testigo que denunció fumigaciones nocturnas a escasa distancia. La constatación visual permitió respaldar los relatos brindados en audiencia: lo que se describía como aplicaciones “a metros” adquirió una dimensión concreta.
En la misma zona, el Tribunal se acercó a domicilios de testigos cuyas declaraciones dieron cuenta de afecciones en la salud vinculadas a las fumigaciones, como problemas respiratorios, irritaciones y síntomas persistentes. A la par, se verificaron sitios de toma de muestras cuyos resultados son compatibles con un uso sostenido de agroquímicos.
La inspección incluyó la Escuela Nº 52, a unos 200 metros de áreas productivas. Allí se detectaron restos de plaguicidas en muestras de agua, lo que añade un elemento de especial sensibilidad al tratarse de un ámbito educativo donde concurren niños, docentes y familias.
Otro momento central se produjo frente a la vivienda de Sabrina Ortiz, situada en cercanía con el campo atribuido a Mario Roces. El Tribunal observó la distancia entre el área fumigada y el hogar familiar, donde se denunciaron reiteradas afectaciones a la salud, incluyendo estudios que detectaron presencia de glifosato y otros compuestos. También se verificaron puntos de muestreo con resultados positivos en el suelo.
El recorrido culminó en el paraje Ayersa, vinculado con los hermanos Sabatini, donde se confirmaron indicadores compatibles con aplicaciones reiteradas. Se sumó allí un elemento de gravedad institucional: según constancias administrativas, se habrían realizado fumigaciones incumpliendo una medida cautelar judicial destinada a proteger a la población.
La inspección de Pergamino se inscribe en antecedentes relevantes a nivel nacional, donde la intervención judicial sobre el territorio resultó clave para dimensionar los conflictos socioambientales.
El juicio en Rosario avanza hacia su etapa final. El 20 de mayo está prevista la última audiencia de producción de prueba y los alegatos se desarrollarán el 27 y 28, cuando las partes expondrán sus conclusiones sobre un caso que aborda la relación entre modelo agroindustrial, control estatal, salud pública y responsabilidad penal.
Más allá del proceso, la inspección evidenció la correspondencia entre testimonios, estudios científicos y realidad observable: viviendas lindantes con campos fumigados, presencia de sustancias en el ambiente y exposición sostenida en el tiempo. El territorio dejó de ser solo escenario para convertirse en un elemento probatorio en sí mismo.
La jornada también puso en foco la escasa cobertura de medios tradicionales frente al trabajo de espacios alternativos que documentaron la recorrida, abriendo interrogantes sobre el acceso a la información en conflictos de alto impacto social y ambiental.
Así, la inspección ocular reforzó una idea central: la necesidad de observar directamente los lugares donde estos procesos se desarrollan para dimensionar sus consecuencias. En Pergamino, esa mirada permitió consolidar una evidencia donde confluyen datos técnicos, testimonios y territorio.
>>Leer más: Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones
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Por Elbio Evangeliste
