La provincia tomó posesión de un inmueble de Lavalle al 900, de Rosario, vinculado al excomisario Osvaldo Bejarán, condenado en 2023. La investigación sobre su patrimonio se había iniciado en 2001, cuando Asuntos Internos puso bajo la lupa a varios jefes policiales
El titular de Aprad, Matías Figueroa Escauriza durante el decomiso.
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) tomó posesión el martes pasado de un inmueble ubicado en Lavalle al 900, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex comisario mayor retirado Osvaldo Bejarán. Al momento de la llegada de los funcionarios, el propio exjefe policial se encontraba en la vivienda.
La medida se concretó 25 años después del inicio de la investigación y a diez años de que Bejarán fuera procesado. En 2023, el exfuncionario policial fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por enriquecimiento ilícito, en una causa que había llegado incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La de Bejarán fue una de las investigaciones que se abrió a partir de 2001, cuando la Dirección de Asuntos Internos comenzó a revisar el patrimonio de jefes policiales. Después de una pesquisa administrativa previa, cerca de veinte legajos derivaron en causas penales impulsadas por fiscales del viejo sistema escrito. Los expedientes avanzaron con fuertes demoras, pericias contables extensas y el posterior traspaso al nuevo sistema procesal.
En ese contexto, dos causas prescribieron en 2009 y otras dos llegaron a juicio oral recién a partir del año pasado. Una de ellas fue la del excomisario Bejarán.
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Según la acusación, el aumento en su patrimonio se constató a partir de 2001, el año en que comenzó a cumplir funciones como jefe de Leyes Especiales, y se prolongó por otros tres años. El fiscal de entonces destacó esta particularidad en su alegato de apertura e hizo notar que esa era el área que concentraba la persecución del juego clandestino.
En el 2003 el comisario adquirió una licencia de taxi, un auto Fiat Siena y un Chevrolet Corsa cero kilómetro. En 2004 compró una propiedad y otro vehículo Renault, todos bienes conseguidos con su único ingreso como empleado policial. Durante su carrera pasó por distintas jerarquías policiales entre 1978 hasta el 3 de septiembre de 2008, cuando se retiró como comisario general de la Unidad Regional de Iriondo.
Los bienes por los que el policía llegó a juicio son dos inmuebles, uno de Lavalle al 900 (el ahora decomisado) y otro en Cafferata al 1900, y seis vehículos: un Chevrolet Corsa classic modelo 2008, otro auto de la misma marca modelo 2003, un Chery Face 2011 a nombre de su cónyuge, un Renault Master modelo 2010 también nombre de su pareja y un taxi Fiat Siena adquirido en marzo de 2001 que fue renovado por un Chevrolet Corsa cero kilómetro en diciembre de 2003, además de la acumulación de ahorros por 20 mil dólares.
Finalmente llegó a juicio en 2023 y fue juzgado por los jueces Valeria Pedrana, Hebe Marcogliese y Héctor Núñez Cartelle. El fiscal Fernández Bussy pidió 3 años de prisión efectiva para el comisario retirado por el delito de enriquecimiento ilícito, además de una multa del cien por cien del valor del enriquecimiento e inhabilitación parcial para ejercer cargos públicos.
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La resolución del juicio fue la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y una multa por el equivalente al 75 % del valor de su incremento patrimonial injustificado, lo que equivalía a cinco millones de pesos. El juicio terminaba diez años después de que se abriera una investigación sobre sus bienes.
En su descargo el excomisario argumentó que desde su ingreso a la policía y hasta que la jerarquía se lo impidió hizo "servicios adicionales diarios de lunes a viernes en el Banco Provincia de Santa Fe y en el Banco Nación desde 1980 al 1990". Y que desde 1999 a la fecha de su indagatoria obtuvo, "mediante ocho créditos sucesivos 128.000 pesos que seguía pagando". Sin embargo la pericia contable efectuada por la perito Elida Pujato en base a documentación, declaraciones juradas y estados contables determinó que “no surgen fondos disponibles para justificar el incremento patrimonial del imputado en el período investigado”.
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El excomisario llegó a juicio tras ser procesado en 2016, 15 años después del inicio de la investigación, por la entonces jueza Alejandra Rodenas. La investigación penal abarcó el período en que el comisario se desempeñó en la fuerza aunque el análisis de su aumento patrimonial se extendió hasta 2010. Luego de conducir varias comisarías, en abril de 2001 dejó la jefatura de la seccional 13ª para pasar a comandar la entonces División Leyes Especiales, considerada como una verdadera "caja negra" de la fuerza.
La Aprad desalojó el inmueble en donde estaba Bejarán y luego se realizó un relevamiento completo del inmueble. “Lo que estamos haciendo desde el primer día es tomar posesión inmediata de los bienes secuestrados o decomisados para que vuelvan al Estado y a las víctimas, y así debilitar a las organizaciones criminales en todos sus aspectos”, explicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza. El funcionario señaló que la política alcanza tanto a estructuras narcocriminales como a personas condenadas por delitos de corrupción. “Desde los narcotraficantes más importantes de la provincia hasta quienes cometieron hechos de corrupción, todos los bienes decomisados pasan nuevamente a manos del Estado”, sostuvo, y arriesgó que es posible que la casa "vaya a remate".
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