Finalizó la etapa de apelación de las condenas a Los Monos

La etapa de apelación por la megacausa de Los Monos llegó a su fin. Ayer fue la última audiencia en la que las partes terminaron de hacer consideraciones respecto de las condenas impuestas a 18 de los civiles y policías que fueron hallados culpables de participar, con distintos roles, en una asociación ilícita con fines delictivos; y de otras dos personas que no recibieron condena.

Ahora será el tribunal integrado por tres juezas el que resolverá, dentro de un plazo estimado en un mes, si confirma o modifica las penas. La Fiscalía solicitó que, de confirmarse la sentencia contra los policías condenados, comiencen a purgarlas en prisión efectiva.

Las audiencias se iniciaron el pasado 14 de agosto en la sala 7 de Centro de Justicia Penal, la misma en la que se llevó a cabo el juicio de primera instancia, pero con una diferencia: los integrantes de lo que se considera el núcleo duro de la banda —todos detenidos y condenados— no fueron trasladados para presenciar las audiencias de apelación sino que participaron a través de videoconferencias desde los lugares en los que se encuentran alojados. Sin embargo, fueron pocos los que participaron de todas las jornadas, ya que recibieron autorización del Tribunal para no hacerlo.

Contrapunto técnico

Respecto de la dinámica del juicio, la fiscal de Cámara María Eugenia Iribarren sostuvo ayer que la mayoría de los acusados estuvieron ausentes a lo largo de las jornadas en las que se ventilaron las apelaciones, ya que el debate giró en torno a cuestiones jurídicas técnicas que no requerían de su participación.

En la primera instancia del juicio fueron condenados 19 civiles y policías. En total los acusados eran 25 y seis de ellos terminaron absueltos.

De los que recibieron penas, 18 apelaron. Sólo Ariel Máximo "Viejo" Cantero consintió su sentencia a 6 años como miembro de la asociación que tiene a sus hijos condenados en el rol de jefes.

En tanto, la Fiscalía sólo apeló las absoluciones de Lorena Verdún, ex pareja del asesinado Claudio "Pájaro" Cantero, y del representante de futbolistas Francisco Lapiana.

"El viernes se terminaron de debatir los puntos de apelación tanto de las defensas como de la Fiscalía", explicó Iribarren, que durante las audiencias de apelación estuvo acompañada por sus pares de primera instancia Luis Schiappa Pietra, Gonzalo Fernández Bussy y María Alejandra Rodríguez.

Pedido al final

La funcionaria detalló que ayer, durante la última jornada, se debatió acerca de un pedido de detención que había hecho la Fiscalía para que, en caso de que las camaristas Gabriela Sansó, Carolina Hernández y Bibiana Alonso, confirmen las sentencias, los policías condenados que continúan en libertad comiencen a cumplir las condenas en forma efectiva.

"El contexto hizo que desde hace un tiempo se activen protocolos de seguridad para los funcionarios judiciales. Se tomaron los resguardos para cada caso particular", explicó la fiscal en una rueda de prensa tras el cierre del debate.

A lo que se refería es a los ataques que se registraron en los últimos dos meses, signados por balaceras contra edificios que, según algunos investigadores, fueron pergeñados con el objetivo de amedrentar al Poder Judicial a la hora de resolver en causas en las que estuvieran vinculados miembros de la banda de Los Monos.

Es que en esos inmuebles o bien funcionan instituciones del Poder Judicial, como la Fiscalía o el propio Centro de Justicia Penal, o bien vivieron en algún momento funcionarios judiciales o policías que estuvieron vinculados de algún modo a la investigación por asociación ilícita.

Los ataques fueron 13. Los primeros fueron el 29 de mayo y estuvieron dirigidos a lugares donde había vivido el juez Ismael Manfrín, quien presidió el Tribunal que en abril pasado impuso condenas a los miembros de la organización criminal.

Un día antes de que se iniciara la revisión de ese fallo, una vivienda que había sido casa de la jueza Gabriela Sansó, quien integra el tribunal de Cámara que de acá a aproximadamente un mes deberá confirmar, modificar o revocar las condenas contra los sindicados miembros de la banda.