El oficial que firmó los primeros informes que originaron la causa contra Hugo Tognoli declaró ayer en el juicio contra el ex jefe de la policía santafesina y otras 26 personas acusadas de conformar una asociación ilícita dedicada al comercio de estupefacientes y su protección. Hugo Alejandro Oliveira, quien hasta 2013 trabajó en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), repasó en frases de pocas palabras aquellas averiguaciones y la persecución a Carlos Andrés Ascaíni, el supuesto narco de Villa Cañás. Cauteloso, dijo que la investigación se hizo siguiendo órdenes de la Fiscalía federal.
A la exposición de Oliveira la guió el fiscal Adolfo Villate, quien preguntó sobre los primeros informes de la PSA en la causa "Miguens", que dio origen a otras tres pesquisas que ahora se juzgan en forma conjunta y en las cuales Tognoli aparece acusado de proteger a narcos cuando era jefe de la ex Drogas Peligrosas.
Oliveira declaró que de 2008 a 2013 fue jefe de la Unidad de Control del Narcotráfico y Delitos Complejos del Litoral desde donde realizó informes a pedido de la fiscal Liliana Bettiolo, quien investigaba a Ascaíni por sus actividades ligadas al narcotráfico en Villa Cañás. En ese marco ordenó escuchas en 2009 y así se detectó que el 25 de noviembre de ese año Ascaíni llamó a la comisaría de su pueblo para pedir que identificaran a dos vehículos que lo seguían y de los que había tomado las patentes. Eran una chata Isuzu de la PSA y un Fiat Fiorino que, según dijo ayer Oliveira, era de su padre pero él lo usaba en algunos procedimientos.
Luego se determinaría que la consulta de las patentes al Registro Nacional Automotor se hizo con una clave asignada a Tognoli, detenido en octubre de 2012 tras la publicación de una nota en Página/12. Según el ex jefe provincial, él se limitaba a gestionar las claves y las transfería, sin abrirlas, a los jefes de Brigadas de cada departamento.
Sobre las intervnciones telefónicas, Oliveira no pudo recordar ayer si se hicieron sobre aparatos secuestrados a Ascaíni en un operativo donde obtuvo "un resultado relativamente bajo" porque hubo "policías infiltrados" que alertaron, o si fue sobre "todos los llamados que impactaron en la antena de Villa Cañás".
Claves personales
El fiscal también citó un diálogo interceptado en noviembre de 2011 al policía Oscar "La vaca" Ledesma, quien ante una consulta de la regente de un prostíbulo sobre venta de drogas contesta: "Los de Firmat arreglan con los de Drogas de Venado y la Federal; y el de Villa Cañás 30.000 con Tognoli". Palabras que Ledesma después dijo haber escuchado pero no poder afirmarlas.
Sobre el final, el ex jefe de la PSA se limitó a decir que "no fue una causa donde nos endilgaran tareas investigativas". Lo que contrastó con un planteo del defensor de Tognoli, Néstor Oroño, quien le advirtió que el primer oficio fiscal le asignó "todas las tareas investigativas" a la PSA.
Luego Oliveira contestó todas las preguntas de Oroño con un lacónico "no". "¿Pudo corroborar un trato personal directo entre Ascaíni y Tognoli? ¿Se interceptó un número de teléfono que usara Tognoli? ¿Corroboraron la presencia de Tognoli en Villa Cañás en esa fecha?", lanzó una pregunta tras otra.
Finalmente, un gendarme y dos policías declararon sobre el uso de las claves asignadas por el Registro Automotor para la consulta de patentes. Todos indicaron que las recibían en sobre cerrado con nombre de usuario y clave para ingresar por primera vez, que luego modificaban para convertirla en contraseña propia y sólo conocida por ellos. "Era como el manejo del PIN de una tarjeta. Una clave personal", dijeron, además de indicar que no rendían cuenta a sus superiores.
Reclamos
Familiares y allegados de los cinco policías de Asuntos Internos acusados de encubrir la muerte y desaparición de Franco Casco, ocurrida en la seccional 7ª en octubre de 2014, se manifestaron ayer a la mañana frente a los Tribunales Federales. "Nos convocamos de esta manera pacífica para rogarle al juez Carlos Vera Barros que por favor revea esta situación totalmente injusta", dijo una vocera del grupo. Los familiares acompañaron así la presentación del abogado José Alcácer del pedido de libertad de los cinco policías.
