El allanamiento contra una mutual céntrica sospechada de operar con personas allegadas a la Banda de Los Monos generó una nueva discordia entre funcionarios de la Justicia provincial y de la Justicia federal. Esa medida produjo la detención de seis personas en la mutual. Fue ordenada en base a los indicios encontrados por fiscales provinciales en el teléfono de una mujer actualmente presa y ligada a ese grupo delictivo, Sandra Calegari, quien tenía agendado como "Eduardo dólares" a un intermediario de la mutual. Un juez federal ordenó este miércoles 30 allanamientos en Rosario, Arroyo Seco y San Nicolás de células que comercian drogas sobre los eslabones que venden la sustancia. Pero no autorizó que se avanzara en el escalón económico del caso, lo que motivó dos reacciones: una réplica en disidencia del fiscal federal que sí había solicitado requisar esa mutual y un pedido de los fiscales provinciales a un juez de la misma jurisdicción quien, este sí, dio el aval para la acción solicitada.
El fiscal federal 1 de Rosario, Javier Arzubi Calvo, fue quien solicitó los 30 allanamientos contra una banda con varias ramificaciones. Uno de los grupos, según el planteo, operaba en la zona sudoeste de Rosario y tenía a Sandra Calegari como una de las iniciales investigadas. Esa mujer fue detenida en agosto pasado, cuando también se le incautaron más de 2 kilos y medio de cocaína, en uno de los domicilios que el grupo utilizaba para ocultar el material ilícito. La relacionaban directamente con Pablo Nicolás Caminos, un referente del comercio de estupefacientes, preso en Piñero por dos homicidios y vinculado con Ariel "Guille" Cantero, líder de Los Monos.
El fiscal Arzubi Calvo había trabajado junto a la Procuración de Narcotráfico (Procunar) en coordinación con los fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Crimen Organizado de la Fiscalía Regional de Rosario, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Estos seguían el rastro de un caso que tenía a Sandra Calegari acusada por privación ilegítima de la libertad de su sobrina. Lo hacían porque cuando el domicilio de esta mujer fue allanado le encontraron en su teléfono evidencia de que compraba dólares en una mutual del octavo piso de España 889. Su contacto, agendado como "Eduardo dólares", es Américo Eduardo M., quien este viernes tiene audiencia imputativa por delitos financieros en el Centro de Justicia Penal.
La pesquisa de este grupo delictivo llevó a Arzubi Calvo a solicitarle el pasado 7 de septiembre al juez federal 4 Marcelo Bailaque, además de los operativos contra diez personas por venta de drogas, la irrupción en la mutual mencionada. El magistrado autorizó las acciones requeridas sobre los vendedores callejeros, pero no la acción contra la mutual que según la hipótesis fiscal le vendía moneda extranjera a una señalada por integrar la misma facción. Bailaque denegó el allanamiento y sostuvo que correspondía formar causa por separado ante presunto lavado de dinero. El fiscal federal, responsable del diseño de esta persecución, nunca había separado los domicilios de la mutual ni de su intermediario de la pesquisa ni tampoco pidió abrir una causa por lavado de dinero.
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La policía secuestró 6.790.000 pesos y 30.900 dólares entre otros activos en la mutual, sin registración de respaldo.
ARCHIVO LA CAPITAL
Al mismo tiempo Calegari está implicada, en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial, por asociación ilícita en una estructura criminal que responde a Pablo Nicolás Camino. Cuando los fiscales Edery y Schiappa Pietra supieron que Bailaque se había rehusado a allanar la mutual acudieron a un juez provincial para pedir la misma acción en el caso de asociación ilícita que ellos investigaban. ¿La razón? La citada evidencia del contacto de la mutual y sus operaciones en el teléfono de Calegari.
El juez Pablo Pintos consideró fundamentado el pedido y libró las órdenes por el delito de lavado de dinero. Eso motivó la irrupción en dos pisos de la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral, en el sexto y octavo piso de España 889, en una oficina que tenía Eduardo M. en Santa Fe al 1200 y en su domicilio. La Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la Unidad Especial de Crimen Organizado se llevó de la mutual 6.792.450 pesos, 30.911 dólares, 700 euros y 100 reales sin justificación de tenencia. También secuestraron 2.500 dólares y 50 mil pesos de la vivienda de Eduardo M., en Santa Fe al 1200.
Hubo cinco detenidos que trabajaban en la mutual al que se agrega como sexto el intermediario Eduardo M. Se imputará a la mutual haber cometido delitos contra el orden financiero: todo indica que en el lugar se realizaban operaciones cambiarias sin autorización, con dinero que en el caso investigado es producto de un delito y sin registración.
Lo que queda en pie como controversia es por qué motivo el juez Bailaque no autorizó la acción contra la mutual y otro domicilio ligado al negocio producido con la venta de estupefacientes. "En relación a la solicitud de allanamiento de los domicilios solicitados por la Fiscalía señalados como nros. 32 y 33 no surgiendo de la presente causa elementos que permitan vincularlos con la presente, corresponde rechazar lo peticionado respecto a dichos domicilios", dijo el magistrado al no hacerles lugar. Unas horas después de realizados los allanamientos de este miércoles, un juez provincial sí encontró motivos en otra causa para ordenarlos.
El fiscal federal Arzubi Calvo, en total disconformidad, le pidió ayer a Bailaque que revoque lo dispuesto. Le dijo que la fiscalía no solicitó formar una causa separada. Algo que está en la mirada del caso: Arzubi cree que la venta de dólares es una acción no separada ni distinta del propósito de los comercializadores de droga y que forman parte de la misma secuencia. Le dijo también a Bailaque que al pedirle que forme una causa por separado contra la mutual, ésta por lavado de dinero, se inmiscuye en forma indebida en sus potestades como fiscal de dirigir e investigar como mejor interprete. Por eso le pide que se expida en consecuencia.
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Según el planteo de los fiscales, en la mutual le vendían dólares a personas que obtenían dinero con venta de drogas
Es un capítulo más de una discordia visible y pública. El 10 de mayo pasado, los fiscales Schiappa Pietra y Edery, al terminar el juicio contra el líder criminal Esteban Alvarado, pidieron que el Consejo de la Magistratura de la Nación investigue los motivos por los cuales la Justicia Federal de primera instancia no avanzó contra aquel acusado cuando había numerosos elementos que desde 2013 lo señalaban como un actor de peso en el comercio de drogas de Rosario. Esos mismos elementos, entre los que destacaba el trabajo de Emilio Lencina, uno de los jefes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sirvieron para condenar a prisión perpetua en el provincial. Según se expuso en las audiencias del Centro de Justicia Penal el juez que no impulsó esas causas fue Bailaque. Esto fue recordado ayer tanto dentro como fuera de la Justicia federal.
