El ministro de Seguridad de la provincia Pablo Cococcioni alabó la actuación de la Justicia en lo relativo a la investigación de la ola de crímenes contra trabajadores registrada la primera semana de marzo en Rosario. Este martes, dictaron prisión preventiva para los cinco imputados vinculados a esos hechos, sin plazo ni atenuación de ningún tipo. Alejandro Chucky Monedita Nuñez fue acusado de planear al menos dos asesinatos. También fueron mencionados Esteban Alvarado y el "Morocho Mansilla". Además, fue acusada la pareja de Chucky, Brenda La Cote Pared, quien cumple prisión domiciliaria y supuestamente bajaba las órdenes de Chucky a la calle. Y se confirmó la participación de menores: uno de ellos incluso habría sido el autor material de al menos dos de los homicidios. En este marco, el funcionario anticipó que activarán la cláusula que prevé la suspensión de visitas a presos de alto perfil que “infringieron reglas y ordenaron crímenes a través de sus parejas, durante las visitas”.
En conferencia de prensa, funcionario analizó que “quedó en claro, de manera contundente la actuación articulada entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Poder Ejecutivo (PE) y la Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI) que en un lapso relativamente breve, en función de la complejidad de la investigación, pudo terminar este primer corto investigativo y formular imputaciones, con lo cual se han dictado medidas cautelares de lo más severas que prevé el ordenamiento jurídico, es decir: prisión preventiva para todos los imputados sin plazo y sin atenuación de ningún tipo”.
El ministro de Seguridad provincial evaluó que "la maquinaria de la persecución penal con todos sus componentes actuó con mucha eficiencia y dejó al descubierto la acción coordinada de distintos grupos de personas que ejecutaron una serie de hechos, incluyendo homicidios, tiroteos a comisarías, intento de abrir fuego contra recolectores de residuos y el transporte público”. Además, "se mencionó a personas que impartían órdenes desde cárceles de la provincia de Santa Fe y desde cárceles del Servicio Penitenciario Federal, a través de las visitas. Estimo que en en un segundo corte investigativo se intentará llegar hasta los autores últimos de esta cadena de mandos de la organización criminal”, planteó.
“Hoy hubo un avance muy importante que nos coloca en el camino correcto. Fuimos muy respetuosos en relación con las investigaciones en este último mes y medio, coincidente con el primer tramo investigativo, sobre la base de la evidencia presentada por la Fiscalía, que ha sido abrumadora. A partir de eso, podemos afirmar que la causa de estos ataques fue tratar de revertir decisiones de política pública relacionadas con un mayor control de las condiciones de detención”, sostuvo.
“Hago esta aclaración porque el detonante no fue ninguna cuestión que pueda ser calificada como una bravuconada por parte del gobierno. No tiene nada que ver con aquella famosa foto de una requisa, ni con declaraciones nuestras", consideró. "Lo que los reclusos de alto perfil interpretan como «una verdugueada», se refiere a que se controlan las visitas. Los reclusos de alto perfil tienen una visita con horarios más determinados. Tampoco se permite el ingreso, a mansalva, de mercadería y elementos, como sí se les permitía antes del 11 de diciembre de 2023", planteó.
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"Si poner estas reglas básicas en el Servicio Penitenciario es considerado «una verdugueada», esto habla mucho de cómo era el régimen penitenciario en los últimos cuatro años. Esas son decisiones que todas las instituciones de la provincia de Santa Fe han respaldado. Lo que se hacía, en definitiva, no era «un abuso» ni una «verdugueada», sino la aplicación de mecanismos básicos de control que toda la sociedad (incluso la propia Justicia) reclamaba, habida cuenta de la enorme cantidad de homicidios, extorsiones y balaceras que eran ordenadas desde dentro de las cárceles de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Federal”, sostuvo.
