El financista Luis Herrera, su esposa Marcela Fernández y dos hijos Diego e Ignacio recuperaron la libertad con una caución de tres millones de dólares este viernes al mediodía, luego de una extensa audiencia en la que fueron imputados por estafa, asociación y ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta de fondos que les confiaron al menos 85 víctimas. La jueza de primera instancia Paula Alvarez tomó la decisión luego de escuchar los pedidos de prisión preventiva efectiva formulados la fiscalía y las querellas, y cotejarlo con el planteo de la defensa.
Para la magistrada no hay peligrosidad procesal ni riesgo de fuga que pueda llegar a entorpecer el proceso judicial por lo cual les otorgó la libertad con una serie de condiciones que en principio deberán cumplir durante los próximos dos años: además de la caución, que sólo alcanza a Herrera y sus hijos y podría ser garantizada con propiedades, los imputados no podrán salir del país _deberán entregar sus pasaportes_, tienen prohibido todo tipo de contacto con los denunciantes y deberán firmar cada 15 días ante la Justicia.
El fiscal de Delitos Económicos Miguel Moreno mostró su desacuerdo con la resolución de la jueza, porque “no se ajusta a la realidad del caso”. Para el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Según explicó el fiscal Moreno, Herrera y sus familiares fueron imputados de cuatro figuras delictivas. “Una es la administración fraudulenta de fondos que recibían regularmente y que a partir de 2017 comenzaron desviar hacia un sistema de estafa piramidal. Otro delito es la estafa porque al iniciar ese esquema el dinero que recibían ya no lo administraban sino que iban directametne a pagar los intereses de los otros ahorristas. También asociación ilícita, porque es un grupo de personas organizadas que decicieron decidieron cometer delitos indeterminados y finalmente lavado de activos porque de eso se trata adquirir bienes para ocultar el origen ilícito de los fondos con los que se compran.
Si bien desde el entorno de los damnificados se calcula que el monto total del perjuicio podría llegar a los 30 millones de dólares, el fiscal detalló que hasta el momento el perjuicio patrimonial relevado alcanza los 5.600.000 dólares y 34 mil euros. “La investigación sigue _abundó Moreno_ con denuncias que seguimos procesando y no alcanzamos a imputar. También queremos seguir la ruta del dinero, adónde fue a parar. Porque hasta ahora Herrera no dio ninguna explicación, ni siquiera en el ámbito de la Justicia Civil y Comercial donde intentó abrir un concurso preventivo de acreedores, a nuestro entender para consolidar sus delitos”.
“Esa es una de las criticas que hicimos —añadió el fiscal— a los argumentos defensivos de los imputados. No entendemos que ellos pretendieran, como dijeron, solucionar el problema de los acreedores sino utilizar el procedimiento para consolidar sus delitos”.
En la extensa audiencia que comenzó el jueves a la mañana, Moreno le atribuyó a Herrera haber desplegado, “valiéndose del nombre, prestigio, confianza, imagen, operatividad en el tiempo, contando con socios de gran reputación en el mercado de bolsa”, una serie de maniobras que “pueden caracterizarse como captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores”.
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“La captación —sostiene la acusación— estuvo dirigida a persuadir al público sosteniendo que sus ahorros eran recibidos en carácter de comitentes del Alyc (Agente de Liquidación y Compensación) para ser aplicado a inversiones en el mercado de capitales regulado por la ley 26.831, a cambio de la cual se les prometía un rendimiento de renta fija. Se convencía a las víctimas de que harían inversiones como si fuera en un fondo común de inversión de renta fija, pero lo que realizaban era recibir el dinero en efectivo de forma irregular no ajustándose a las formalidades impuestas por la normativa tributaria, las normas relativas al funcionamiento de las entidades financieras y su supervisión y las normas emitidas por la C.N.V (Comisión Nacional de Valores) como ente de control de mercado de capitales”.
“Este dinero _agrega_ en lugar de ser aplicado en la toma de posiciones a través de los mercados y agentes habilitados bajo la ley de mercado de capitales, eran aplicadas a operaciones financieras irregulares no especificadas como préstamos, cambios de cheque o cambio ilegal de divisas, o bien a la apropiación de los fondos en beneficios propio de los directivos”.
Para el fiscal la maniobra se sostuvo al menos desde 2000 hasta la actualidad. Pero durante mucho tiempo se pudo mantener la confianza de los inversores gracias a la imagen de empresa confiable. Así, era suficiente con la “emisión y comunicación de supuestos resúmenes de cuenta” de inversiones, con la “entrega aleatoria de dinero a requerimiento de los inversores” y otras “maniobras de persuasión” mediante las cuales lograban que los ahorristas volvieran a invertir y se evitara de esa manera tener que devolver los fondos.
Pero a partir de 2021, según la acusación, hubo una pérdida de confianza que empezó a “generalizarse entre los inversores que empezaron a solicitar la devolución de los fondos que cada uno de ellos asumían que tenían en su cuenta. Y como respuesta a esos pedidos “los imputados comenzaron a manifestar excusas dilatorias que se fueron extendiendo en el tiempo y que tuvieron por efecto la pérdida de confianza, y el origen de nuevos reclamos”.
La fiscalía destacó que “la firma recibía inversiones de algunos comitentes mientras les negaban a otros el retiro de sus ahorros”. Finalmente la situación derivó el 16 de septiembre de 2021 en la intervención y suspensión por parte de la Comisión Nacional de Valores.
