El reconocido financista de la city rosarina Luis Alberto Herrera; su esposa, Marcela Beatriz Fernández; y sus hijos Diego e Ignacio fueron acusados este jueves por el fiscal de la Unidad Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Miguel Moreno por los delitos de asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero en el marco de un fraude que se estima asciende a unos 30 millones de dólares. Para la acusación, el jefe de la organización era Herrera padre, quien fue dos veces presidente y tesorero del Rofex, el mercado de futuros de commodities, monedas y activos financieros más importante de la Argentina. Tras siete horas y media de audiencia, la jueza de garantías Paula Álvarez dictó un cuarto intermedio hasta la mañana de este viernes cuando se definirán las medidas cautelares. Es decir si alguno de los cuatro acusados perderán el estado de libertad.
Ochenta y cinco son las personas que se presentaron como damnificados de las maniobras llevadas adelante por la organización, lo que generó 58 carpetas judiciales. En ese marco, quienes los representan legalmente, “fueron víctimas de una estafa y la administración fraudulenta” de los fondos que les confiaban. En tanto, para los defensores de Herrera y su familia se trató de “un incumplimiento debido a las alteraciones de las variables económicas” o “estrés financiero”. En ese sentido, según la acusación los imputados usaron la agencia de Bolsa de origen familiar Fernández Soljan SA para defraudar y realizar un daño patrimonial a las víctimas con un sistema de estafa piramidal desde al menos 2017.
El fiscal Moreno acusó a Herrera por estafa y administración fraudulenta en 85 hechos por la suma de 5 millones de dólares y 34 mil euros comprobados por documentación legal; y por estafa en la desaparición de saldos líquidos en cuentas comitentes, 700 mil dólares de Alyc (Agente de Liquidación y Compensación) Fernández Soljan. La Alyc es una sociedad que actúa como intermediaria entre los inversores o las empresas y los mercados y cuenta con la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la fiscaliza.
Según la acusación, las maniobras para desviar activos de los ahorristas que confiaban en Herrera comenzaron a fines de 2017, cuando la familia bajo la lupa judicial comenzó a adquirir vehículos, propiedades y acciones en firmas cuyos directorios eran integrados por ellos mismos y así lograron engrosar sus patrimonios a costas del dinero de las víctimas.
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Según se describió en la audiencia, los fraudes fueron desde la apropiación de saldos líquidos de las cuentas comitentes de los ahorristas que tenían sus inversiones en la Bolsa hasta operaciones que Herrera hacía en el Chicago Board of Trade (CBOT), uno de los mercados de commodities más antiguos del mundo, fundado en 1848. Cuando la gente quiso recuperar sus inversiones, Herrera comenzó a poner excusas, empezó a demorar el pago de los intereses prometidos y los ahorristas se preocuparon. Y de la angustia a la denuncia en un Juzgado Civil o Penal no pasó mucho tiempo.
De acuerdo a distintas fuentes y notas publicadas por La Capital desde entonces, Herrera habría incurrido en una variante del sistema piramidal de ahorros o “esquema Ponzi”, que comenzó a complicarse con la pandemia y se derrumbó en octubre de 2021. Durante años pudo pagar jugosos dividendos respaldado en un flujo de fondos continuo y creciente. Cuando a fines del año pasado se desató la corrida sobre su financiera y no pudo cubrir un faltante de 800 mil dólares en los saldos de sus cuentas en Fernández Soljan, la bicicleta dejó de funcionar y cayó en default. Damnificados estiman que el remate de bienes de Herrera y su familia sólo alcanzaría para cubrir el 5 por ciento de la deuda.
Una estocada a la suerte de Luis Herrera la dio la compañía financiera Transatlántica, que en diciembre pasado pidió el remate de las acciones de Rofex que estaban prendadas por un millonario préstamo que quedó impago. Un conjunto de acciones que representaban el 4.2 por ciento del capital social de Rofex. El grupo Herrera había entrado en default dos meses antes
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La principal sospecha es que el financista jamás invirtió el dinero de sus clientes en Estados Unidos por más que enviaba periódicamente un correo con la leyenda “Resumen de operaciones Chicago Board of Trade”. Herrera, su esposa y dos de sus hijos fueron acusados como coautores de 85 hechos de administración fraudulenta y estafa; dos casos por administración fraudulenta “en concurso real que además, concurren materialmente con los hechos enrostrados anteriormente”.
En ese orden, para el fiscal Luis Herrera actuaba como jefe y organizador de una asociación ilícita de la que sus tres familiares son coautores; y como coautores de lavado de activos de origen ilícito realizado con habitualidad y como miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza
Estafa piramidal
El fiscal Miguel Moreno acusó a la familia Herrera de utilizar la firma “Fernández Soljan SA para defraudar y realizar un daño patrimonial a las víctimas con un sistema de estafa piramidal desde al menos 2017”; y la Compañía Administradora de Riesgos y Estrategias SA “para realizar conductas tales como adquirir, administrar y transferir 1.090.422 acciones de Matba Rofex SA con dinero proveniente de las defraudaciones perpetradas en perjuicio de inversores, precedentemente achacadas”.
La Compañía Administradora de Riesgos y Estrategias SA “no ha desarrollado actividades que pudieran generar dividendos o utilidades que le permitieran adquirir” bienes o acciones, “además de no llevar los libros obligatorios según el Código Civil y Comercial”. El último balance de la sociedad fue confeccionado en 2017 y allí, dice la acusación, “no se encuentran registradas las acciones adquiridas, que fueron transferidas a los socios en proporción a la participación accionaria que cada uno detentaba en el año 2021 _operación tampoco registrada en balance_ realizando de este modo una nueva maniobra de lavado de activos”.
Luis Alberto Herrera es el titular de Fernández Soljan, una agencia de la Bolsa de Comercio rosarina creada por su suegro Paulino Fernández Soljan (fallecido el 2 de noviembre de 2018), con sede en Córdoba 1452 piso 6º Oficina E de Rosario. Además de Luis Alberto Herrera como presidente, su esposa Marcela Fernández actúa como vicepresidenta, y su hijo Ignacio como director suplente.
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Se los acusó de haber utilizado la firma “valiéndose del nombre, prestigio, confianza, imagen, operatividad en el tiempo, contando con socios de gran reputación en el mercado de la Bolsa. Desplegaron una serie de maniobras que generalmente pueden caracterizarse como captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores”. Y se explicó que “las maniobras defraudatorias se realizaban a través de la celebración de contratos mutuos y de la inexistente inversión en el mercado de futuros de Chicago”.
Contador y licenciado en administración, el financista acuñó una relación de extrema confianza con sus clientes, que nunca dudaron en entregarle desde unos pocos miles de dólares hasta cifras con cinco o seis ceros que él personalmente prometía invertir en operaciones cruzadas en el mercado de Chicago que le depararían altas tasas de interés y pingües ganancias. En la calle se dice que en sus mejores momentos, dijeron las fuentes, llegó a pagar entre el 7 y el 12 por ciento anual en dólares.
Pasadas las 16.30 de ayer, la jueza Paula Álvarez dio por admitida la acusación y abrió un cuarto intermedio hasta la mañana de este viernes en la que la audiencia continuará con la exposición de la defensa de los imputados. Luego la jueza resolverá si Herrera, su esposa y sus hijos quedan presos o no.
