Policiales

Duro cruce por la responsabilidad en el crimen de un preso de alto perfil

El ministro de Justicia de la provincia y la presidenta del Colegio de Jueces Penales sentaron posiciones sobre la muerte de "Tubi" Segovia.

Jueves 26 de Abril de 2018

El homicidio de Rubén Ariel "Tubi" Segovia en una celda de la cárcel de Coronda inició un cruce de fuertes declaraciones y señalamientos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial acerca de quién debería cargar las responsabilidades por el crimen. En ese marco, el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, apuntó contra los jueces que, a su entender, se arrogan facultades que corresponden al Servicio Penitenciario (SP) dependiente del Ministerio de Seguridad. "Es una locura que el imputado elija a que lugar de detención tiene que ir", expuso en una clara crítica a un habeas corpus en el que la Justicia autorizaba el traslado de "Tubi" de un pabellón de máxima seguridad a uno regular. Por su parte, la presidenta del Colegio en Pleno de Jueces Penales, Georgina Depetris, no tardó en responder: "Los jueces no tenemos nada que ver con la seguridad, con la posibilidad del ingreso de un arma blanca a un penal, con cómo se debe custodiar ni en cómo se debe hacer una requisa".

A lo que Silberstein refirió es a la resolución en la que el juez Carlos Leiva hizo lugar en febrero pasado a un habeas corpus que autorizaba a "Tubi" a pasar de un pabellón de máxima seguridad a uno regular.

Por elección

El desembarco de "Tubi" en Coronda se produjo el 6 de febrero pasado. Hasta ese momento había estado detenido en Piñero, pero en ese penal ordenaron alojar, además, a Alan Funes, perteneciente a un clan antagónico al suyo y hermano de "Lamparita", a quien "Tubi" había querido matar, aunque se equivocó de víctima y gatilló contra otra persona. En ese contexto, desde el Servicio Penitenciario ordenaron el traslado a un pabellón de Coronda que cuenta con medidas de seguridad especiales. Tres días después, sus abogados presentaron un habeas corpus para que fuera cambiado de pabellón. Quien analizó el pedido fue el juez Carlos Leiva, que resolvió en su favor y ordenó el traslado al pabellón 8C del ala sur del penal, donde el martes fue asesinado.

Leiva ya había estado en el ojo de la crítica del gobierno provincial cuando resolvió un beneficio similar a favor de Enrique Adrián "Cable" Solís (acusado de asesinar a Ulises y Jonatan Funes, hermanos de "Lamparita", y de balear al padre de los jóvenes) por sobre la recomendación del Servicio Penitenciario de tener al interno a resguardo físico por seguridad.

Silberstein desempolvó los argumentos que ya había ultilizado cuando se inició el juicio por la causa de Los Monos, cuando ocho de los acusados se desnudaron en el subsuelo del nueve Centro de Justicia Penal para no ser trasladados del penal de Piñero al de Pérez.

"Generalmente los integrantes de una organización criminal quieren ir a pabellones donde están alojados los otros miembros de la organización", dijo el ministro.

Final anunciado

"Esta es la crónica de una situación anunciada. La Corte de la provincia tiene resuelto que es el Servicio Penitenciario quien tiene que decidir a dónde va cada imputado. Que algunos jueces tengan determinadas políticas o actitudes no significa que sea todo el Poder Judicial. Se advirtió que no era conveniente que tomaran esta decisión y a pesar de lo resuelto por la Corte accionó en el sentido contrario y costó la vida de una persona", consideró Silberstein ayer a la mañana.

Al mediodía, Depetris convocó a la prensa para sentar su postura en nombre de los jueces penales. "Trasladar el tema a si hubo un habeas corpus o no lo hubo es irrelevante porque es inadmisible pensar un homicidio dentro de una cárcel, donde esto no puede ocurrir de ninguna manera, haya un habeas corpus o no lo haya", dijo.

"Nosotros no respondemos a órdenes del Poder Ejecutivo; estamos para controlarlo a él o a cualquiera que quiera ejercer el poder sobre un ciudadano y haya que verificar si se está cumpliendo con las leyes", sostuvo la magistrada. Y agregó: "No ordenamos, salvo alguna situación puntual, los lugares de detención de los internos; ordenamos medidas cuando vemos que se están vulnerando derecho y garantías".

"No tienen nada que ver las buenas o malas decisiones de los jueces con que haya habido un homicidio adentro de una cárcel que debe controlar el Servicio Penitenciario", sentenció.

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