Ramón "Monchi" Machuca, cuando estaba preso en Coronda. Hoy está alojado en Piñero, desde donde planteó sus quejas por el endurecimiento de las condiciones de detención.
Ramón “Monchi” Machuca presentó un recurso en contra las reglamentaciones del Servicio Penitenciario Provincial que endurecieron sus condiciones de detención. El recluso, uno de los líderes de la banda de Los Monos condenado por graves delitos, considerado de “alto perfil” o peligroso, reclamó que se le permita tener un contacto más cercano con sus familiares y poder recibir alimentos de parte de estos.
El planteo ya fue rechazado por la jueza penal Silvia Castelli y, desde el gobierno provincial, ratificaron que no habrá flexibilizaciones en las condiciones de detención de los jefes de bandas criminales en Santa Fe.
“El pedido de los presos de alto perfil no se cumple. Las personas privadas de la libertad deben cumplir con las reglas, especialmente los internos de alto perfil. Sabemos del daño que le causaron a la sociedad en Rosario y no hay posibilidad de que nos corramos de las medidas de seguridad presentadas”, indicó la secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri0.
La funcionaria destacó que las medidas de seguridad que se impusieron a los presos peligrosos “están todas contempladas judicialmente”. Masneri fue consultada sobre el reclamo de Machuca este miércoles durante el operativo de traslado de 35 detenidos del penal de la seccional 2ª a dependencias del Servicio Penitenciario.
Machuca, en una audiencia judicial realizada el lunes último, cuestionó el nuevo régimen carcelario que endurece las condiciones de detención de los reclusos considerados referentes de bandas criminales. Desde la cárcel de Piñero, donde cumple una pena de más de tres décadas de prisión, el preso objetó que se impida el aporte de alimentos a los familiares de los internos de alto perfil.
La jueza Castelli rechazó el planteo al entender que la medida está dentro de las facultades reglamentarias del Estado.
Machuca expresó que, como no recibe bolsones con provisiones de su familia, su alimentación depende de las viandas que provee el Servicio Penitenciario. Conectado a la audiencia por pantalla, pidió la palabra en dos ocasiones y expresó que esa comida es de mala calidad e insuficiente. Lo que, según su testimonio, se agrava ante una normativa interna que redujo de $15 mil pesos semanales a $15 mil pesos mensuales el aporte que los familiares pueden realizar en la cantina de la cárcel.
Las nuevas medidas para la etapa de ejecución de la pena en las cárceles provinciales están contenidas en la ley 14.243, impulsada por el gobierno provincial y aprobada por la Legislatura en diciembre.
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En ese marco, la provincia anunció un mayor control en los pabellones de alto perfil para jefes narcos y acusados de sicariato que están alojados en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero. Dentro de esas medidas se incorporaron restricciones al contacto con el exterior, de manera que los presos de este rango sólo pueden hablar con sus familiares y abogados a través de un blindex y monitoreados las 24 horas.
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