El nuevo régimen carcelario que endurece las medidas de encierro de los considerados referentes de bandas criminales, propuesto por el gobernador Maximiliano Pullaro y habilitado por ley provincial en diciembre, fue cuestionado en una audiencia judicial por Ramón Monchi Machuca, condenado como uno de los jefes de Los Monos. Desde la cárcel de Piñero, donde cumple una pena de más de tres décadas de prisión, el preso objetó este lunes que se impida el aporte de alimentos a los familiares de los internos de alto perfil. Una jueza rechazó el planteo al entender que la medida está dentro de las facultades reglamentarias del Estado.
Machuca planteó que al no recibir bolsones con provisiones de su familia, su alimentación depende de las viandas que provee el Servicio Penitenciario. Conectado a la audiencia por pantalla, pidió la palabra en dos ocasiones y expresó que esa comida es de mala calidad e insuficiente. Lo que, según expresó, se agrava ante una normativa interna que redujo de 15 mil pesos semanales a 15 mil pesos mensuales el aporte que los familiares pueden realizar en la cantina de la cárcel.
Las nuevas medidas para la etapa de ejecución de la pena en las cárceles provinciales están contenidas en la ley 14.243, impulsada por el gobierno provincial y aprobada por la Legislatura en diciembre. En ese marco, el gobernador anunció un mayor control en los pabellones de alto perfil para jefes narcos y acusados de sicariato que están alojados en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero. Dentro de esas medidas se incorporaron restricciones al contacto con el exterior, de manera que los presos de este rango sólo pueden hablar con sus familiares y abogados a través de un blindex y monitoreados las 24 horas.
Si bien la nueva ley permite a la población en general recibir alimentos de parte de sus familiares, un sistema histórico que sostiene el funcionamiento de las cárceles, al ser reglamentada se prohibieron esas entregas a los presos de alto perfil. Una resolución de la Secretaría de Asuntos Penales dispuso ese límite ante la complejidad que supone la requisa de esas provisiones y a fin de evitar el ingreso de elementos prohibidos.
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El abogado Carlos Edwards, defensor de Machuca, realizó una presentación judicial en enero cuestionando esa restricción. Luego de un trámite escrito en el que fijó su postura el Servicio Penitenciario el asunto derivó en la audiencia que se realizó este lunes ante la jueza Silvia Castelli en el Centro de Justicia Penal. El defensor planteó la inconstitucionalidad de esa medida que sólo afecta a los presos considerados de alto perfil, una categoría con respaldo legal en la provincia.
En el caso de Machuca es conceptuado como preso de alto perfil nivel 1. Está detenido desde junio de 2016, luego de permanecer tres años prófugo y de brindar una entrevista televisiva en la que se mofaba del apodo de “más buscado” que circulaba por entonces, cuando su nombre había llegado a figurar en la página de Interpol. En el juicio por asociación ilícita y delitos conexos a la conformación original de la banda de Los Monos fue quien recibió la pena más alta: 37 años de prisión. Una pena que un tribunal de revisión redujo en seis meses.
Al pedir la palabra en la audiencia Monchi planteó que la alimentación que reciben en la cárcel es insuficiente y de dudosa preservación. Las autoridades gubernamentales presentes en la audiencia plantearon en cambio que la comida es “debidamente otorgada por el Estado”, que no se produjo un agravamiento de las condiciones de detención de Machuca y que están asegurados tanto su alimentación como el derecho a la visita.
Tras el intercambio de planteos la jueza dispuso no hacer lugar al pedido de que la pareja de Machuca ingrese alimentos. Además rechazó el pedido de declarar inconstitucional la resolución 34/24 que dispuso esa restricción a los presos de alto perfil. Según argumentó, la medida está dentro de las facultades reglamentarias que posee el Ejecutivo respecto de la ley de reciente sanción. Lo que supone un aval judicial a ese aspecto del régimen especial para reclusos de alto perfil, un régimen que hace foco en el bloqueo de los contactos con el exterior para evitar delitos en la calle instigados desde las prisiones.
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Con ese enfoque, el gobernador recorrió el viernes pasado la cárcel de Piñero para supervisar cómo se está implementando la nueva ley de Ejecución de la Pena. “Hacía tiempo que quería ver cómo están funcionando los pabellones de alto perfil. Controlar las cárceles es atacar la impunidad y el delito en la calle”, declaró entonces, en tanto que el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni indicó que las restricciones apuntan a evitar el contrabando de celulares y objetos prohibidos.
Años atrás el propio Machuca había accionado contra el rótulo de preso de alto perfil al reclamar que se derogara esa categoría y le otorgaran los mismos derechos que a cualquier otro preso. Pero ese sistema de organización carcelaria encontró aval judicial y en una de las últimas instancias fue avalado por la Corte Suprema de la provincia. Ingresan a esa categoría quienes tuvieron “participación o contacto relevante con organizaciones criminales complejas o ligadas al narcotráfico”, así como atentados o amenazas a los poderes públicos.
En esta ocasión fue también Monchi quien cuestionó, sin encontrar eco, las nuevas restricciones. El hermano de crianza de Ariel “Guille” Cantero, hijo adoptivo del fundador del clan de zona sur, fue condenado en 2018 junto a otras 16 personas al término de un extenso juicio oral. En su única y alta condena fue considerado jefe de una asociación ilícita, por los delitos de cohecho y encubrimiento y como instigador de cuatro homicidios. A diferencia de otros presos a los que se le asignaron lugares de conducción en Los Monos, no sumó otros delitos estando en prisión ni causas federales por drogas. Por este motivo siempre permaneció dentro de la esfera de las cárceles provinciales, primero alojado en Coronda y luego en Piñero.
