Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) elevado al Senado en 2020 señala importantes deficiencias en la administración de Terminal Puerto Rosario (TPR) que, según el dictamen, conllevan riesgos para el control aduanero. La indicación crítica del órgano que supervisa el funcionamiento de áreas portuarias cobra dimensión luego de que se verificara la partida desde el puerto local, en junio pasado, de 1.484 kilos de cocaína disimulados en tres embarques de maní, los que fueron cargados dentro del mismo puerto, a través de presuntos empleados infieles que ayudaron a burlar los controles para contaminar una carga lícita.
El informe pone en cuestión la gestión de TPR, que es administrada por la empresa Vicentin, consorcio que se encuentra en trámite de convocatoria de acreedores por deudas de presunto origen fraudulento por más de 1.500 millones de dólares. Lo que la AGN destaca es precisamente la vulnerabilidad dentro de la zona de 70 hectáreas donde opera la concesionaria por un plazo de 30 años que vence el 16 de octubre de 2032. Establece varios puntos frágiles: zonas de estiba de mercaderías a la vera del río, sin identificar su condición aduanera. Y que varios sectores de la plazoleta de contenedores poseían al momento de la inspección el alambre perimetral o paredes circundantes deterioradas.
Según la AGN, en la plazoleta de contenedores no se establecían sectores de estiba en forma separada para almacenamiento de las cargas de importación, exportación, trasbordos, rezagos, consolidación y desconsolidación. Eso según el organismo puede afectar a las actividades de control aduanera. “Es de importancia señalar que, dadas las relevantes deficiencias de delimitación de las ZPA (Zona Primaria Aduanera), es que las existentes en la infraestructura propia del predio de TPR SA en su conjunto conllevan riesgos que pueden afectar el control aduanero dentro de sectores que deben poseer un resguardo especial establecido por la normativa vigente”, puntualiza el informe.
Los detalles están consignados en la actuación 729/17 de la AGN que fue remitida a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Senado de la Nación el 20 de junio de 2020. El informe lo suscribió Jesús Rodríguez como titular de la AGN. En el texto del informe se destacan y detallan más de una vez la vulnerabilidad y las deficiencias en la infraestructura de TPR.
Sin sobresaltos
Lo que advierte como riesgo la AGN parece materializarse en la sorprendente tranquilidad con que se desempeñó el grupo que, en junio pasado, ingresó en el puerto local más de 1.400 kilos de cocaína en tres containers llenos de maní. Esos contenedores fueron detectados en el exterior: en el puerto brasileño de Santos y en dos locaciones portuarias de Rotterdam, Países Bajos, en julio pasado. La pesquisa de los fiscales Diego Iglesias de la Procuración de Narcotráfico (Procunar) y Claudio Kishimoto de Rosario determinó que los contenedores “contaminados” con cocaína fueron movilizados desde el lugar de su estiba original por alguien que los trasladó furtivamente a la plazoleta fiscal. Desde allí uno de ellos fue llevado a un lugar entre las calles 2 y 3 a un punto tal que no pudo ser tomado por las cámaras fiscales porque quedó, deliberadamente, tapado por otros contenedores.
Luego entraron dos camiones a la plazoleta fiscal de los que uno se estaciona al lado del contenedor investigado. Ese camión permaneció veinte minutos allí y luego se retiró. Se identificó la maquina que movió el contenededor, al conductor que lo levantó del piso con una pala mecánica y al supervisor de contenedores que dio instrucciones para ello.
Uno de los choferes mantuvo un diálogo con personal de la garita, que salió y levantó la barrera en forma manual pese a encontrarse el semáforo en rojo. El camión, entonces, se marchó. También se omitió el 24 de junio el registro fílmico del movimiento en el playón entre las 22.48 y las 22.52. Según los Fiscales el suministro del las imágenes “fue omitido por la Terminal Puerto Rosario SA en tanto no obran remitidas las filmaciones correspondientes a la cámara S27 de ingreso vehicular del día 24 de junio de 2022 fecha que tal como se ha visto resulta clave para la investigación”.
Esta cadena de actos impropios y sugestivos para el control tienen a cuatro personas detenidas e indagadas pero los dueños de la carga despachada no son ellos.
Las reiteraciones de despachos de cocaína de esta zona, siempre detectados en el exterior, marcan para los investigadores que estas acciones de contrabando tienen habitualidad. El 26 de agosto pasado un juez federal de Campana, Adrián González Charvay, avanzó sobre un cargamento de 1.658 kilos de cocaína que estaban en un depósito de Empalme Graneros y uno de Cerrito 17. En este último lugar se encontraron 100 panes de cocaína forrados en envoltorios de las marcas “Supreme” y “Louis Vuitton” iguales a los de la cocaína despachada en junio de Rosario y encontrada en Santos. Lo que sugiere conexiones entre los implicados en los dos episodios. Para los fiscales tener el depósito en Cerrito al 100 implicaba haber elegido un lugar muy próximo al puerto.
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La playa de contenedores de la Terminal Puerto Rosario bajo la lupa de la Justicia. Un verdadero agujero negro.
Los problemas de control que convierten al puerto de Rosario, como todo el litoral fluvial santafesino, en un enorme agujero negro vienen de lejos. Lo mismo las dificultades para la persecución penal de quienes despachan contrabandos de estupefacientes desde los playones aledaños al río. En julio de 2010 la autoridad portuaria española informó a la Cancillería argentina que una partida de 762 kilos de cocaína secuestrada en el puerto de Bilbao había sido despachada desde el puerto de Rosario. El contenedor fue subido al buque de bandera panameña MSC Sukaiyna y transbordó a una nave de bandera chipriota en Islas Canarias para atracar en el puerto vasco. La vigilancia aduanera española detectó el cargamento de cocaína. Estaba disimulada en el mismo tipo de mercadería que, casualmente, la que contenían supuestamente los 26 contenedores que desaparecieron de TPR en 2016: carbón vegetal.
El cargamento que llegó a Bilbao fue despachado desde Rosario por la misma organización cuyos miembros harían algo idéntico dos años después. Fue en 2012 cuando mandaron a Portugal 380 kilos de cocaína, que salieron del puerto de Barranqueras en Chaco disimulados también en carbón vegetal. El responsable de la carga era el empresario Patricio Gorosito, fallecido en 2018, constructor del predio polideportivo del Club Real Arroyo Seco, posteriormente vendido por él a Rosario Central como campo de entrenamiento.
Pero por el contrabando que partió desde Barranqueras Patricio Gorosito sí fue juzgado. En 2015 la Justicia Federal de Resistencia lo condenó a 19 años de prisión en el llamado operativo Carbón Blanco. Pero en la Justicia Federal de Rosario los tiempos y el destino del trámite fueron otros. Pese a que el envío desde el puerto rosarino había sido concretado dos años antes de que se descubriera lo de Chaco, Gorosito murió sin ser juzgado en Oroño al 900. La fiscal Adriana Saccone lo imputó recién en agosto de 2015, es decir a cinco años de informado el hecho. No hubo juicio oral y público para los demás integrantes del grupo.
Imposible de medir
La evidencia de que es harto infrecuente que las autoridades de control detecten la salida de droga en el tramo santafesino de la hidrovía vuelve imposible registrar qué cantidad de sustancia ilícita se despacha desde esta zona con destino de ultramar. Pero es un hecho que organizaciones internacionales están en conexión con estructuras locales que suministran la logística para la salida de los estupefacientes. ¿Sale droga? Es evidente porque siempre se registra novedad. ¿Con qué frecuencia? Seguramente con mucha más que la que delatan los casos aislados donde las cargas se detectan.
“Incautar más o menos tiene sentido solo si podemos comparar eso con el volumen de sustancia que circula, que no está medido y es imposible de medir”, le dijo a este diario en 2019 Mariana Souto Zavaleta, doctora en Ciencias Sociales (Flacso) y coordinadora en prevención del narcotráfico del Instituto Latinoamericano en Seguridad y Democracia. “También la incautación depende de la habilidad temporal de los grupos que se dedican a la comercialización. Lo que incautan las fuerzas de seguridad es lo visible. Fuera de lo visible están las acciones de grupos delictivos consolidados y lo que no se decomisa”.
El control de la seguridad en predios portuarios lo tiene Prefectura Naval. El control sobre las cargas es potestad de la Aduana. Los fiscales miran con lupa a los concesionarios del puerto en un aspecto donde el gobierno provincial no puede desentenderse dado que lo que ocurre, o lo que no se controla, se da en territorio santafesino. Y con una recurrencia que este año ya se hizo elocuente. El pasado 16 de mayo en el puerto australiano de Newcastle se halló a un buzo muerto en la bodega de un buque. Cerca del cuerpo hallaron 54 kilos de cocaína distribuidos en paquetes que salieron del buque Arieti de las Islas Marshall. Esa nave partió desde el puerto de Renova Timbues, el 5 de abril, con una carga de harina de soja y no se detuvo en otra terminal.
Los hechos van hacia atrás. Incluyen el envío de los 762 kilos de cocaína que se detectaron en Bilbao y por el que se imputó a Gorosito cinco años después. También la detección en Portugal, el 8 de octubre de 2008, de una carga de 22 toneladas de ajo con 625 kilos de cocaína ocultos en su interior que embarcó desde el puerto de Rosario. Los datos con los que cuentan los investigadores sobre ese período indicaron que las cajas fueron descargadas de un camión que llegó de Mendoza, depositadas en un galpón de la zona oeste y finalmente consolidadas dentro de un contenedor que aportó la firma naviera que lo retiró del puerto local.
Asegurada la detención de dos camioneros y dos supervisores por las cargas de cocaína que salieron de Rosario en junio, los fiscales federales ahora escalan en busca de los que armaron la logística del envío y sus socios externos de una sustancia que en general no se produce en el país. En una semana en que este caso generó sospechas además de turbulencia. El actual titular del Enapro adelantó que podría pedirse la rescisión del contrato de concesión que tiene Vicentin y su socia chilena Ultramar para actuar en la terminal local del puerto.
