Como gotas que caen en un vaso que hace tiempo rebalsó, el asesinato de un playero de 25 años en una estación de servicio y la muerte de un colectivero luego de agonizar tres días recrudecieron la espantosa situación que padece la ciudad de Rosario en una espiral de violencia armada, fruto de un inédito conflicto político entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y una entelequia que estaría conformada por presos de “alto perfil” que reclaman contra las duras medidas restrictivas en el sistema penitenciario. Cuatro asesinatos de civiles en cinco días —al cierre de esta edición— y la difusión de carteles apócrifos que prometen seguir aumentando esa cuenta con “gente inocente” sumieron a los rosarinos en una mezcla de profundo dolor, paranoia y un tendal de fake news que multiplicaba crímenes y contribuía a la suspensión de actividades, desde cumpleaños y torneos de fútbol hasta el servicio de transporte y la provisión de combustible.
En ese marco, luego de una reunión mantenida durante la mañana entre autoridades municipales, provinciales y nacionales, el gobierno santafesino anunció la constitución de una Junta Operativa conformada por la administración de Pullaro, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Municipalidad y el gobierno nacional que “trabajará de manera permanente”. En un comunicado en tal sentido, en el que calificaron de “terroristas” los crímenes, anunciaron medidas como triplicar la acción operativa de las fuerzas de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas en el apoyo logístico y la intensificación de los controles de vehículos y personas, para lo cual requieren “la predisposición de la ciudadanía”.
Cada día
Luego de dos meses caracterizados por una profunda disminución de los homicidios en el departamento Rosario, el mes de marzo se inició con un ataque a tiros contra un micro del Servicio Penitenciario (SP) con tres guardias heridos cuya respuesta fue una requisa en varios pabellones de la cárcel de Piñero. La semana pasada comenzó con una protesta de familiares de presos en distintas cárceles que reclamaron contra las medidas restrictivas que el SP está tomando contra presos denominados de “alto perfil” y la tarde del martes tuvo una encendida respuesta del ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, quien mediante un posteo inspirado en la estética del presidente salvadoreño Nayib Bukele advirtió desde sus redes sociales que los presos “la iban a pasar peor”.
Horas después, la noche del martes, fue asesinado el taxista Héctor Raúl Figueroa en zona sur. Un día después, la noche del miércoles, fue asesinado el taxista Diego Celentano también en zona sur. Más allá de los aspectos calcados entre ambos episodios, la investigación constató que en los dos se utilizó la misma pistola 9 milímetros con balas que llevaban la inscripción PSF (Policía de Santa Fe).
Al día siguiente fue el turno del colectivero Marcos Daloia, baleado con una pistola calibre 380 cuando estaba al volante de un coche de la línea K en barrio Belgrano y fallecido ayer al mediodía. Horas más tarde, y con la misma pistola empleada en los homicidios de los taxistas, fue baleado el frente de la comisaría 15ª. La saga motivó a la Fiscalía Regional a conformar un equipo con fiscales de distintas unidades para investigar todos los casos. Se produjeron allanamientos vinculados con esos hechos en los cuales detuvieron a unas veinte personas; algunas relacionadas con criminales, otras totalmente ajenas que fueron liberadas.
El sábado a la tarde apareció una sábana colgada de un puente de Circunvalación que anunciaba, con la supuesta firma de presos o familiares —no estaba muy claro—, que seguirían matando a “inocentes taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes”. La advertencia se cumplió sobre las 23.30 cuando un hombre encapuchado ingresó armado al playón de una estación de servicio Puma de Mendoza al 7600, fue hasta una cabina donde estaba trabajando el playero Bruno Nicolás Bussanich y le disparó al menos dos tiros a quemarropa. Baleado en el pecho y en la cabeza, el muchacho de 25 años se desplomó y murió en el lugar.
Cámaras de vigilancia tomaron cómo el gatillero —al parecer un adolescente encapuchado con una campera y sandalias deportivas— se iba caminando rápido hasta salir de plano y meterse en un auto bordó, presumiblemente un Fiat Duna o Siena chocado, en el que escapó. Minutos después personal policial que patrullaba la zona oeste divisó en el cruce de la calle 1646 y Furlong un vehículo similar que se estaba incendiando. Al apagar el fuego se constató que había sido el de los tiradores, que fue enviado a peritar.
En la escena los asesinos dejaron una nota cuyo contenido no será develado por este diario, aunque cualquiera con acceso a una red social habrá visto el papelito de prolija caligrafía y una cuidada ortografía a años luz de la media comunicacional tumbera; ni siquiera un error al deletrear el apellido del ministro Cococcioni. El texto, firmado por una supuesta unión de presos —desconocida hasta el momento— de las zonas norte, sur y oeste aludía a una guerra contra Pullaro y el ministro de Seguridad, aclaraba que el reclamo no era por celulares sino por derechos y prometía matar a más inocentes.
Saturación
Esa nueva gota sobre el vaso que rebalsó hace rato motivó una nueva reunión entre funcionarios de los tres niveles del Estado con la premisa de abortar la escalada de violencia. El encuentro fue dado a conocer por el Ejecutivo provincial en un comunicado en el que definió al adversario, más allá de que todavía no está identificado.
“Los ideólogos y ejecutores de estos hechos, que no dudamos en calificar como terroristas, pretenden recuperar los privilegios que tenían las organizaciones criminales dentro de las cárceles: quieren recuperar el delivery, tener celulares, visitas íntimas ilimitadas, y sobre todo organizar y cometer delitos desde la cárcel”, expresó el gobierno de Pullaro, para aclarar: “No actúan contra un gobierno: están en contra de todos los rosarinos y los santafesinos en general que queremos la aplicación de la ley para impedirles que sigan cometiendo delitos tras las rejas”.
El comunicado anunció la junta operativa conformada por el municipio, la provincia, la Fiscalía y la Nación para trabajar en medidas como “triplicar la acción operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio, acciones focalizadas en zonas vinculadas a las investigaciones en curso, operativos de saturación y el incremento de policías en horas de servicio extraordinario, así como el refuerzo de fuerzas federales y la participación de las Fuerzas Armadas en el apoyo logístico”. También dijeron que se creará un equipo especial de investigaciones con miembros de distintas unidades de fiscalía y se ampliarán las recompensas, hasta ahora de 10 millones de pesos, para quienes “aporten al esclarecimiento de los hechos”. Ese monto se ofreció este domingo para quienes aporten datos sobre el crimen del playero.
Finalmente se anunció una “intensificación de los controles de vehículos y personas” para lo cual el gobierno requiere la predisposición de la ciudadanía”. De esta manera, finaliza el comunicado, “todos los niveles del Estado trabajamos de manera decidida y coordinada para dar con estos terroristas que se enfrentan a toda la sociedad”.
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La conformación de la junta también originó un comunicado de la Oficina del Presidente sobre la creación de un comité de crisis conformado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para “intervenir en la ciudad de Rosario con fuerzas federales a pedido de Pullaro”. Así anunciaron que la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario asistirán a la policía santafesina “en el combate contra el narcotráfico”.
Efectos en cascada
Las medidas anunciadas coincidieron con la noticia de la muerte de Daloia y la difusión de las respuestas de los respectivos gremios de los trabajadores asesinados (ver página 7). Los playeros anunciaron primero un paro ayer desde las 14, lo que originó largas filas de automovilistas para cargar combustible antes de esa hora. Luego continuarán con el cierre de las estaciones en el turno de 22 a 6 por tiempo indeterminado. Los taxistas también retirarán sus servicios en esa franja horaria y los colectiveros decretaron un paro durante todo el día de hoy.
Al cierre de esta edición, mientras se confirmaba un nuevo ataque a tiros contra el Complejo Penitenciario Rosario de 27 de Febrero al 7800, se multiplicaban anuncios y rumores sobre interrupciones de servicios, amenazas a supermercados, tweets de funcionarios, paro docente, una manifestación espontánea y poco concurrida en el Monumento para reclamar ante las cámaras de un canal de noticias porteño, la foto de un arma de utilería en una puerta lateral del Hospital Carrasco y la realización del Vía Crucis del Padre Ignacio en modalidad streaming, en una ciudad que no sabe si encerrarse por miedo o por falta de nafta.
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Una ciudad donde las fronteras de lo posible no paran de correrse hacia el lado de la maldad, donde las organizaciones criminales que hasta hace tres meses y durante casi una década sitiaron los barrios con sus disputas a sangre y fuego para vender falopa ahora aparecen "unidos" bajo el paraguas de los derechos de las personas privadas de la libertad. Donde las armas empleadas en seis balaceras con mensajes contra el gobernador estaban en manos de policías que pretendieron plantarlas a una banda narco supuestamente para favorecer a otra. Donde un narco se aprovechó de sus patas policiales para plantar evidencias contra una banda rival. Donde las autoridades no pueden accionar sin pensar en las próximas elecciones porque se han convencido de que la política se trata de ese juego que pulula en redes sociales, que hacen del anonimato la principal variable de impunidad.
