El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Esteban Santantino; el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, y el fiscal Franco Carbone, encabezaron este miércoles a la mañana el operativo en el que se derribaron dos inmuebles ubicados en Misiones al 2100 y al 2200, en barrio Santa Lucía. Según fuentes judiciales, esos dos inmuebles estaban mencionados en la investigación de los crímenes del colectivero Marcos Daloia y del playero Bruno Busanich, ocurridos en marzo pasado en el marco de una escalada de violencia narco que tuvo como víctimas a dos taxistas también inocentes.
Se trata de dos viviendas vinculadas a la venta de estupefacientes _un búnker y otra edificación que funcionaba como aguantadero_, según indicaron fuentes oficiales. Las demoliciones se realizaron en el marco de la ley provincial de microtráfico.
En declaraciones a LT8, el fiscal Carbone señaló desde el lugar donde se realizaba el derribo de las viviendas: "Hace un tiempo estuvimos en este mismo lugar para realizar la inactivación de este inmuebles. Cerramos las aberturas. En su momento solicitamos a la jueza el derribo de estas dos mismas edificaciones, pero consideró que los delitos que se cometían en este lugar iban terminar con el cierre del mismo. Pero en los últimos meses hubo personas que ingresaron por la fuerza en estas dos casas y de esa forma continúo la actividad delictiva. Por esa razón volvimos a solicitar a la jueza el derribo de estas instalaciones. Ahora estamos derrumbando ambos inmuebles".
Por su parte, Patricio Saldutti, también fiscal del Ministerio Público de la Acusación, presente en el lugar en el operativo de derribo, confirmó que los domicilios de Misiones al 2100 y Misiones al 2200 "sirvieron de base para la comisión de los homicidios del colectivero Marcos Daloia y del playero Bruno Busanich. En esas causas judiciales, están todos los autores identificados, imputados y en prisión preventiva. Los mayores de edad a cargo del MPA, la Oficina de Gestión Judicial y el Colegio de Jueces de Primera Instancia Penal, y los menores a cargo de la Justicia de Menores".
Esteban Santantino aseguró que “esta es una zona que históricamente tuvo una alta circulación de violencia” y a su vez indicó que “desde el Gobierno de Santa Fe los indicadores de violencia vienen en claro retroceso pero vamos a seguir a fondo con esta política, particularmente con el Ministerio Público de la Acusación, que hoy nos ha llevado a derribar 30 puntos de venta de drogas en toda la provincia, de los cuales 25 fueron en Rosario. Y la decisión es seguir avanzando para que la ciudad no vuelva a sufrir lo que le tocó vivir en los últimos años”.
En ese sentido, Saldutti recordó que aún "queda un prófugo (José Maturana), por el que se ofrece una recompensa que sigue vigente. Hay fotos y videos sobre esa persona. Hubo información sobre el mismo de que podría estar en provincias vecinas a Santa Fe. Estuvimos cerca pero no lo pudimos detener. Esperemos que lo podamos detener en el corto plazo. Creemos que todavía está en el país".
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que los operativos como el de esta mañana e desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.
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Los derribos de puntos de venta de droga son una de las medidas que figuran en la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
