Marcelo Maturan pasó casi una semana internado por las quemaduras. El acusado se había fugado de la comisaría 16ª luego de la captura
Archivo (Leonardo Vincenti / La Capital)
Las víctimas del incendio fueron atendidas en el Heca el 20 de julio pasado.
A fines de julio, un hombre de 59 años falleció luego de un incendio en la zona sudoeste y su hija también sufrió quemaduras. El caso se actualizó este miércoles, cuando dos fiscales rosarinos imputaron a un preso por este episodio y denunciaron que se trató de un asesinato.
Joel R. fue detenido en septiembre por el intento de extorsión a un empresario al que le pidieron 50 millones de pesos. De acuerdo a la evidencia presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), dos meses antes de la captura provocó el siniestro que terminó con la vida de Marcelo Félix Maturan, internado durante seis días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
El fiscal Adrián Spelta y su colega María de los Ángeles Granato sostienen que el sospechoso ingresó a la casa de la víctima y le roció las piernas con nafta. Además del asesinato por el efecto de las llamas, los funcionarios lo imputaron por la fuga masiva de presos de la comisaría 16ª, registrada tiempo después de su captura. En abril lo recapturaron en la casa de su expareja.
El incendio comenzó a las 7 de la mañana del 20 de julio de 2024 en Santa María al 4200. El fuego provocó pérdidas totales y tanto el dueño como su hija de 28 años sufrieron quemaduras mientras estaban adentro.
Los investigadores constataron que las llamas se propagaron rápidamente debido a la acción de Joel R. en el domicilio. Seis días después, la Justicia recibió aviso de la muerte de uno de los pacientes en el Heca, pero la teoría del crimen recién trascendió a partir de otras causas penales que involucran a la misma persona.
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El pedido de captura del MPA se concretó el 15 de septiembre durante un operativo para prevenir una entradera en Arequito, casi 90 kilómetros al oeste de Rosario. El presunto asesino cayó a partir de escuchas telefónicas y quedó bajo prisión preventiva junto a Enzo G. por extorsión en grado de tentativa. Luego de aquella audiencia, este miércoles sumó otra imputación como autor de homicidio calificado por un medio idóneo para crear un peligro común.
Antes de la muerte de Maturan en inmediaciones del barrio Alvear, la pareja de Joel R. lo había denunciado por violación de domicilio en Villa Gobernador Gálvez mientras estaba prófugo de la comisaría 16ª. La policía lo atrapó el último sábado a las 9.30 de la mañana, cuando forzó del patio trasero de una casa en Suipacha al 1700. Su ex llamó al 911 tras una discusión y volvió a quedar bajo arresto.
A partir de estos hechos, el juez Rodrigo Santana aceptó las nuevas imputaciones entre las que se incluyen la evasión de la seccional de Ayacucho al 3300. La más grave es la de Maturan, ya que puede derivar en una condena a prisión perpetua, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal.
Hace poco más de dos años, Joel R. también fue acusado por estafa, pero la denuncia se refirió a un hecho consumado en el que obtuvo 9.000 dólares mediante un secuestro virtual en el departamento San Justo. El MPA confirmó que una mujer recibió un llamado telefónico a la madrugada y entregó el dinero a cambio de la liberación de su hijo, pero la supuesta víctima nunca estuvo privada de su libertad o bajo amenaza.
De acuerdo a la investigación judicial, el imputado y su cómplice de 26 años intentaron huir de la policía en marzo de 2023. La persecución desde la zona de Marcelino Escalada se extendió a lo largo de 26 kilómetros hasta Gobernador Crespo. Cuando fueron detenidos, el sospechoso entregó una licencia de conducir a nombre de otra persona.
Un año y medio después, la historia se repitió con algunas variaciones en Rosario. Joel R. empezó a enviarle mensajes intimidatorios a una persona con información sobre su familia. Dado que la víctima se negó a pagar y lo bloqueó en Whatsapp, unos días después llamó al padre por teléfono con el mismo objetivo.
Las amenazas comenzaron el 15 de agosto y duraron unas dos semanas. Según los investigadores, Enzo G. se encargaba de conseguir los números de línea y datos de los parientes. Después, su cómplice se dedicaba a utilizar este material para la extorsión, pero no consiguió cobrar.
El empresario Guillermo Nudenberg rompió el silencio y explicó, en diálogo con La Capital, por qué no pudieron seguir adelante con la propuesta
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