Confirman prisión perpetua al asesino de un joven y su hija

La Cámara Penal de Rosario confirmó la condena a prisión perpetua para un joven de 23 años que el año pasado había sido sentenciado como autor del doble homicidio de Laura López y su pequeña hija Mía, de 4 años, un hecho ocurrido en enero de 2013 en una precaria vivienda de la villa La Lagunita, en el suroeste de Rosario. Los camaristas rechazaron todos los agravios de la defensa y ratificaron el fallo de primera instancia.

Jonatan Ezequiel Olivera estuvo sentado en el banquillo de los acusados el año pasado en el juicio durante el cual se ventiló el conmocionante hecho ocurrido en la zona de Pasaje 1851 al 6600 (bulevar Seguí a la misma altura). Allí vivía Laura López, de 26 años, con sus dos hijos pequeños. El 20 de enero de 2013 los chicos dormían mientras ella esperaba a la niñera para irse a su trabajo en una empresa de catering cuando cerca de las 7 un hombre ingresó por la ventana con claras intenciones de robo.

La joven intentó resistir el atraco pero el desconocido la empujó hasta el baño donde la golpeó reiteradamente contra las paredes y los sanitarios causándole un hematoma subdural traumático que le provocó la muerte, según se constató en la autopsia que también halló rastros de una golpiza feroz. Los gritos de Laura despertaron a sus hijos: Román, de 7 años, y Mía, de 4. Entonces la niña salió de la habitación y se topó con el agresor al que reconoció. "Te vi Jony, ya te vi que sos vos", le gritó Mía.

Jonathan era conocido de la familia porque cortaba el pasto en la casa de la abuela de los niños. Cuando la pequeña lo descubrió, el atacante tomó un martillo y golpeó a la nena tres veces en la cabeza causándole hundimiento frontal, parietal y occipital.

Después, según la hipótesis fiscal que avaló el Tribunal, ocultó el arma homicida en una alacena de la cocina, y para ello se apoyó en una heladera donde dejó marcada parcialmente una huella dactilar de la mano derecha que fue contundente para identificarlo.

Luego del atroz ataque Jonathan huyó con un reproductor de DVD, una play station y dos joysticks envueltos en un mantel junto a Claudio Maximiliano "Muqueño" López, quien le hizo de campana y ya fue condenado como partícipe del hecho (ver aparte).

El debate

El 21 de noviembre de 2016 tras un juicio oral y público Olivera fue condenado a prisión perpetua como autor de dos homicidios criminis causa (cometidos para concretar un robo y asegurase impunidad) y le quitaron la calificación del ensañamiento que habían impulsado los fiscales Alejandra Rodríguez y Gonzalo Fernández Bussy.

Por unanimidad el Tribunal integrado por Marisol Usandizaga, María Isabel Más Varela y Edgardo Fertitta llegó a esa decisión tras validar pruebas tales como el relato de los testigos (principalmente dos vecinos que vieron salir al acusado de la casa y el otro hijo de Laura) a través de los cuales se probó la presencia de Olivera en el lugar.

Destacaron además el relato de la niñera que debía cuidar a los hijos de López esa mañana, quien fue la primera persona en llegar al lugar del hecho y conocía profusamente al imputado, a quien vio salir por la puerta que da al patio.Y tuvieron en cuenta el resultado de una pericia dactiloscópica que comparó la huella digital levantada de la heladera con la registrada en un vidrio mediante un reactivo y con una foto, donde se hallaron once puntos de coincidencia.

Pero el Tribunal no se apartó de un hecho grave en la investigación: la desaparición del martillo utilizado para matar a Mía, la muestra de cabello, el vidrio soporte de la huella digital y los hisopados reservados para ADN. "Resulta notable para este tribunal la inexplicable y confusa desaparición de gran parte de los elementos oportunamente secuestrados durante la tramitación de este proceso", cuestionaron los jueces.

Mientras que para la defensa la desaparición de esas pruebas configuró una especie de confabulación para complicar al acusado, el Tribunal derribó esa teoría al concluir que, "de haber pacto se trató, en realidad, de una connivencia entre el acusado y las fuerzas policiales, por lo que la destrucción de las mismas tendían a la eliminación de prueba crucial para ubicar a Olivera en el lugar el día del hecho".

Apelación

La sentencia fue apelada por la defensa, encabezada por Florencia Chaumet. La abogada planteó la inconstitucionalidad de la prisión perpetua ya que el hecho no fue tratado como aberrante durante el debate. "Es una pena de encierro perpetuo material que impide cualquier tipo de salida y como tal viola los tratados y pactos internacionales y el artículo 18 de la Constitución Nacional por tratarse del sometimiento a una pena de tormento", dijo la letrada.

Además, dijo que hubo una "arbitraria" valoración de los jueces respecto a los acontecimientos, y puso énfasis en la pérdida del material probatorio que perjudicó la investigación y complicó a su defendido.

Asimismo indicó que el tribunal fue"inducido por los antecedentes del acusado".Y que la querella y la Fiscalía no pudieron sostener su teoría del caso sobre pruebas objetivas porque "no la pudieron exhibir durante el juicio", por lo que solicitó la absolución de Olivera.

El caso pasó a revisión del tribunal de 2ª Instancia integrado por Gustavo Salvador, Bibiana Alonso y Gabriela Sansó, que en audiencia pública escucharon los argumentos de la defensa, del fiscal de Cámaras Guillermo Corbella, y de la querella encabezada por María Virginia Llaudet Maza, Ingrid Plessen y Agustina Preseterra, quienes pidieron la confirmación del fallo.

Así las cosas, ayer los jueces dieron a conocer que avalaban por unanimidad en casi todos sus términos el fallo de primera instancia y rechazaron los planteos recursivos.

"El fallo encuentra su fundamentación en una profusa prueba que resulta suficientemente convictiva para arribar a un juicio de razonable certeza acerca de la participación que le cupo a Olivera en los hechos que se le adjudican", concluyen los magistrados.

Respecto a los planteos por arbitrariedad de la prueba, lo rechazan de plano. ya que todos los testimonios y relatos encontraron "correlato" con otras pruebas acumuladas en la causa, que lo transforman "elementos probatorios de trascendencia".

Sobre el punto de la inconstitucionalidad de la prisión perpetua, entiende que el monto "no significa que el condenado se encuentre vedado de gozar de los determinados derechos que le garantiza el ordenamiento punitivo de fondo y las leyes especiales".

Por lo tanto rechazan los pedido de nulidad de la defensa por "no haberse afectado en ninguno de los supuestos de la garantía constitucional, y confirmar la sentencia del tribunal inferior y la calificación legal por la cual se condenó Olivera a la pena de prisión perpetua.