Cuando se ubicó frente al micrófono para hacer su última manifestación al tribunal antes de conocer la sentencia, David Delfín Zacarías repitió que la causa que lo llevó a juicio como responsable de la mayor cocina de cocaína descubierta en la zona de Rosario era "una represalia de policías federales a los que denunció por corrupción". Los tres jueces que lo escuchaban no parecieron tomar eso en cuenta. Por unanimidad lo condenaron a 16 años de prisión como organizador de una red dedicada al tráfico de cocaína que él fabricaba, exactamente la pena que pidió el fiscal Federico Reynares Solari.
No hubo sorpresas en la lectura del veredicto. Los miembros más estrechos de la familia de Zacarías, a los que el fiscal había sindicado como parte fundamental de la organización, sintieron también la severidad de las sanciones. A su pareja, Sandra Marín, le impusieron 14 años de prisión. A sus hijos Flavia y Joel les dieron respectivamente 8 y 7 años como partícipes necesarios. Los policías acusados de dar cobertura al grupo recibieron sentencias de 6 años. A tres personas vinculadas por lazos familiares de apellido Silva, imputados como los proveedores de los insumos para preparar la cocaína, les impusieron de 7 a 10 años de cárcel.
Zacarías llegó a juicio comprometido por tres fuertes elementos: haber sido detenido in fraganti el 5 de septiembre de 2013 en una casa de Funes donde se cocinaba droga, los 300 kilos de cocaína y los dos mil litros de precursores químicos decomisados allí, y las escuchas telefónicas que sugerían la negociación previa con los proveedores de esos líquidos.
Al arrancar un proceso que empezó hace 40 días, Zacarías persistió en una defensa de la que no se correría jamás. Adujo que en 2012 el entonces jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal en Rosario, Gustavo Serna, lo extorsionaba pidiéndole dinero para no armarle causas valiéndose del hecho de que Zacarías tenía antecedentes por delitos de droga, y que lo denunció por eso.
Cuando esa denuncia se difundió, se supo que el propio comisario Serna había estado preso como partícipe de una banda dedicada al narcotráfico. Eso hizo que la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, volara a Serna de su puesto. Lo que ocurrió entonces, dijo Zacarías, fue que los subordinados del comisario echado le juraran venganza. "Lo que hicimos mal fue lo que creíamos que estaba bien: denunciar a la Policía Federal. Denunciar que querían que trabajáramos para ellos. Nos dieron un vuelto que es este juicio", dijo ayer Zacarías.
Los dos primeros días del juicio el fiscal Reynares Solari expuso los seguimientos y escuchas directas que inclinarían la balanza en forma decisiva. Con los audios de las llamadas demostró que Zacarías encargó los precursores químicos a una familia de la localidad de Don Torcuato, cómo llegó a buscarlos y cómo se desanimó cuando esos insumos no le permitían cocinar la cocaína. "El motor no agarra, me quiero morir", le dijo a Hugo Silva, quien obtuvo esos solventes de una empresa química y ayer fue condenado a 10 años de prisión.
Con un diálogo con el policía federal Daniel Agostini, que trabajó en la investigación, el fiscal fue dejando clara la relación comercial entre Zacarías y Silva. Asimismo el modo en que con un sistema de postas los uniformados fueron siguiendo a Zacarías cuando cargó los precursores y los trasladó a la casa de Las Achiras 2598 en Funes, donde al día siguiente fue descubierto él y parte del clan. En ese momento Zacarías fue atrapado, alegó el acusador, mientras cocinaba cocaína.
Zacarías había dicho que fue a buscar los solventes por encargo de un tal Hernán, que era dueño de la casa y que, según dijo haberse enterado después mientras miraba un programa sobre narcotráfico en Rosario, no era otro que Luis Medina, el empresario ligado a tráfico de drogas asesinado de 18 balazos el 29 de diciembre de 2013.
Familia unida
Zacarías aseguró que como dueño de la remisería Frecuencia Urbana de Granadero Baigorria él se encargaba de trasladar mercadería por cuenta de terceros. "Hemos hecho un montón de fletes y nunca preguntamos qué llevamos adentro de un ropero o una heladera", volvió a decir ayer.
El fiscal había señalado que Sandra Marín era colaboradora directa del principal acusado, que se dedicaba a hacer gestiones de pago de insumos para fabricar la droga y que estaba junto a él cuando la cocinaba. "Lo único que quiero decir es que ésto no es una empresa criminal. Somos una familia que trabaja junta. Hace cinco años que estamos detenidos", dijo Sandra, condenada por la misma figura que su marido.
El fiscal sostuvo que Sandra viajó a un hotel de Termas de Río Hondo con el fin de encontrarse con un proveedor mayorista de drogas identificado como José "El ingeniero" Lescano, quien no llegó a juicio por falta de pruebas suficientes.
Lescano tiene 51 años, vive en Jujuy y fue recientemente excarcelado por el Tribunal Federal Oral 5 de San Martín (Buenos Aires) donde lo acusaron de ser abastecedor de drogas de un ciudadano boliviano en el conurbano. El abogado Juan Monti logró despegarlo de la imputación al lograr con éxito la excusación del tribunal por un error procesal. Un matiz que no parece menor es que el abogado que representó a David Zacarías en el juicio que terminó ayer fue, precisamente, Juan Monti.
Flavia Zacarías, que había sido acusada de ocuparse de aspectos administrativos de la economía de su padre con la construcción de un gimnasio en San Lorenzo, dijo que no estaba al tanto de actuar en ningún delito. Lleva casi cinco años detenida. "Reflexioné sobre lo que pasó todo este tiempo. Me sirvió para comprender que cuando decido participar en mi familia en el trabajo para vivir sola y sostener mi independencia, y se decide el proyecto de la obra en San Lorenzo, no tenía la capacidad para asumir la responsabilidad de llevar adelante esa empresa. Pero yo no tengo nada que ver con una empresa criminal. Lo dije cuando contesté preguntas al fiscal". Los jueces le impusieron siete años de pena como partícipe necesaria de comercio de drogas.
Vínculos policiales
Ruth Castro tenía 19 años cuando fue acusada de manejar al personal policial. Eso el fiscal lo basó en una llamada donde el agente federal José Luis Dabat le advirtió a Ruth que le "avise a «La rubia» que cierre las persianas" ante inminentes allanamientos contra cuatro búnkeres. "La rubia", según el fiscal, era Olga "La Tata" Medina, con varios procesos por narcotráfico. "Quiero decir que estoy en contra de todo ésto. Nunca sería parte del narcotráfico", dijo entre sollozos la joven. "Mi relación con los Zacarías fue desde que quedé embarazada y ellos me dieron trabajo. Esto me sobrepasa. Espero poder salir de acá, trabajar y ser una persona normal. No sé cómo llegué acá, no lo sé. Ahora ya está. Entiendo poco de ésto". Le dieron 7 años como partícipe necesaria de tráfico de drogas.
Los policías José Luis Dabat y Diego Comini fueron condenados ambos a 6 años como partícipes necesarios de tráfico de drogas con el agravante de ser uniformados. El único absuelto de los once juzgados fue Néstor Fabián Fernández.
Los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter ordenaron también el decomiso de diez vehículos del grupo de Zacarías, quien además afronta una causa por lavado de activos. Los fundamentos del fallo se anunciarán el 26 de julio.
