El punto de partida fue una agresión a tiros a un quiosco de barrio Triángulo. Dos atacantes en bicicleta, uno que filmaba y otro con un arma, dejaron una nota dirigida al dueño de una distribuidora en reclamo de una supuesta deuda: “Paguen o vamos a matar a un empleado”. La saga extorsiva siguió con más mensajes y balaceras hasta que el peritaje de las balas y el resultado de intervenciones telefónicas abrieron el abanico hacia 18 personas que ahora fueron acusadas de conformar, con protección policial, una suerte de Pyme para la venta de drogas a baja escala en el barrio San Francisquito.
Al frente de esa organización que detallaron en una audiencia los fiscales Alejandro Ferlazzo e Ignacio Hueso aparece Maximiliano "Gordo" Acosta, un preso alojado en el Complejo 6 de Luján de Cuyo, en Mendoza, por una causa de la Justicia Federal. Desde allí, a 877 kilómetros de Rosario, dirigía según la acusación una estructura piramidal para la venta de drogas al consumidor, con sus allegados más directos como transmisores de sus órdenes. La jueza María de los Ángeles Granato dictó la prisión preventiva por dos años para todos.
De acuerdo con la imputación, la organización funcionó al menos desde octubre pasado y cometió delitos varios asociados a la venta de estupefacientes. El sector de venta, plantearon los fiscales, funcionaba en la confluencia de tres pasillos a los que se accede por Amenábar al 3900, Alsina al 2900 y Lavalle a la misma altura, además de zonas cercanas al mercado de concentración de 27 de Febrero y Castellanos.
Como en otros esquemas de negocios similares, según la pesquisa, el grupo disponía de conexiones en la fuerza policial y obtenía favores para realizar la actividad: “La banda criminal se vale de información privilegiada de parte de la fuerza policial, que en ocasiones le ha dado aviso de ciertas medidas de investigación en curso para alertarlos”. Una de las modalidades utilizadas por el grupo eran los ataques con armas.
Una de esas intimidaciones fue la que le dio visibilidad a la banda. Fue un ataque a tiros del 13 de noviembre pasado con fines extorsivos a un quiosco de la calle Espinillo al 3600, en barrio Triángulo, donde dos atacantes realizaron dos disparos con una pistola 9 milímetros y dejaron un cartel. Horas más tarde, a la noche, atacaron al frente de una distribuidora de Avellaneda al 3200. La secuencia siguió con más aprietes.
Reclamo laboral
El cotejo de las vainas secuestradas en las distintas escenas arrojó que provenían de tres armas usadas, a su vez, en una veintena de hechos con disparos de esos meses. Luego, la intervención a las líneas telefónicas usadas en la trama extorsiva terminó de diagramar el esquema de roles y nombres. Hasta que la pesquisa derivó en allanamientos de la Policía Federal del 24 de febrero y el 13 de marzo pasados.
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Entre los diálogos por la gestión del negocio se captó incluso un reclamo laboral de un vendedor. “¿Y qué onda? ¿Ahora que somos pocos el sueldo vuelve a ser el mismo que cuando habíamos arrancado?, planteó. Su interlocutora le respondió que se presentara a trabajar y que ella ya estaba en el puesto de venta. “¿Qué querés que trabaje? Entro a las 10 yo. No es mi hora”, respondió el muchacho, que fue emplazado por al chica a presentarse porque había mucha demanda: “Hay demasiados seres humanos que están buscando faso”.
En día de elecciones
Uno de los primeros identificados por la pesquisa fue Marcelo Alejandro Roulin, acusado como un organizador de la banda en línea directa con el jefe y por ocuparse del traslado de la carga de droga hasta el barrio. Este hombre fue además imputado como partícipe secundario del homicidio de Héctor Gaitán, un hombre con antecedentes penales que fue asesinado en medio del balotaje presidencial de noviembre de 2023 en Liniers al 2200.
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Cuando iba a votar lo secuestraron al menos tres personas que lo subieron a un auto Peugeot 208 robado días antes. Lo mataron con dos disparos 9 milímetros y lo dejaron tirado junto a un cartel que decía, textual, “si gana Milei van aver mas muertos”. Por el crimen, ordenado desde la cárcel de Coronda, hay tres imputados. Roulin fue acusado en carácter de partícipe de un homicidio calificado por el concurso de más de dos personas como quien recibió el auto robado desde el cual, más tarde, cometieron el homicidio.
Roles y miembros
Los otros acusados como organizadores de la banda son María del Pilar Acosta, hermana del acusado como jefe; Leonardo Acosta, a quien le incautaron tres bochas de cocaína en el pasillo de Amenábar al 3900 y Lucas “Chili” Blanco, cuñado del líder que se encontraba preso por la portación de una pistola 9 milímetros usada en un intento de homicidio y en un abuso de armas. Según la pesquisa, la droga se almacenaba en un domicilio del jefe, desde donde era repartida por Roulin y luego distribuida por los organizadores en los puestos de venta.
Como miembros de la asociación ilícita y acusados además por la comercialización de estupefacientes agravada por la intervención organizada de tres o más personas fueron imputados Damián A., Miriam M., Griselda M., Florencia P., Facundo P. —supuesto “brazo armado” del grupo—, Jorge P., Dylan P., Alan P., Yamila C. y Silvia A. Por los mismos delitos, aunque en carácter de partícipes primarios de la comercialización, fueron implicados Pablo A., Ramona S. y Zamira E.
Les asignan roles diferenciados, como la administración de un búnker, la venta al público, el fraccionamiento de dosis, el resguardo de sustancias y el cuidado de la zona.
