La difusión pública de distintos casos de violentas extorsiones a manos de usureros colombianos y sus pistoleros, motivó en los últimos días que varias personas que estaban siendo amedrentadas realizaran denuncias en la Fiscalía Regional Segunda. Fue así que una vecina de barrio Ludueña denunció que estaba siendo hostigada por un grupo de colombianos a los que le había solicitado a lo largo de un año un préstamo informal por 100 mil pesos y que ahora le exigían un pago diario de 40 mil pesos hasta completar el millón de pesos. Así fue que por orden del fiscal David Carizza, de la Agencia de Criminalidad Organizada en turno en Flagrancia, fueron detenidos cuatro colombianos y una mujer argentina que en principio serían formalmente acusados este jueves por ser parte engranaje de uno de los sistemas de usura que operan en la ciudad y la provincia. En principio no estarían vinculadas a las tres personas acusadas el viernes pasado, sobre las que había un seguimiento judicial durante al menos cinco meses.
El lunes por la tarde efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron un operativo en inmediaciones de Gorriti al 5700, barrio Ludueña, ante la inminencia de la llegada de supuestos cobradores de usureros colombianos que llegarían por el cobro de 40 mil pesos diarios que debía realizar una comerciante. Así aparecieron en escena cinco personas en cuatro motos: una Honda negra conducida por Fader Alexander G. H.; una Yamaha YBR azul y blanca en la que se trasladaban Magalí Maira Z., argentina de 23 años, y Jairo Andrés R.M., de 30; una moto color gris conducida por Christian Camilo P.H., de 31, y otra moto blanca y negra piloteada por Gildardo Antonio G.F.. Los efectivos de la AIC realizaron procedimiento cerrojo y procedieron a la detención de las cinco personas, la incautación de las motos y troqueles del pago día por día del préstamo.
La comerciante había denunciado ante el fiscal Carizza que un grupo de prestamistas colombianos la estaba amenazando de muerte a raíz de un crédito informal de 100 mil pesos que había tomado a lo largo de un año y que al no haber podido afrontar tal cual lo acordado con los usureros la deuda había trepado al millón de pesos. De ahí fue que la renegociación del préstamo la llevaba a tener que realizar pagos diarios de 40 mil pesos y la amenazas de muerte si no afrontaba el pago.
En la audiencia imputativa programada para este jueves en horario a confirmar se conocerá que hay detrás de una de las bandas que trabajan en barrios de Rosario y la provincia.
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Cabe recordar que el viernes pasado tres personas, una de ellas una ex uniformada de la Policía de Investigaciones (hoy AIC), fueron acusadas por los fiscales Valeria Haurigot, Federico Rébola y Pablo Socca por su vinculación con una banda dedicada a otorgar préstamos informales a tasas usurarias a vecinos que no puede acceder a créditos bancarios. Y luego exigir el pago de manera violenta.
Esa banda actuaba en las entrañas de mercado de productores de 27 de Febrero y San Nicolás y su accionar saltó a la luz pública a partir de la tentativa de homicidio de la que fuera víctima Pedro M., un vecino de Vía Honda de 21 años, el 25 de agosto en Patagones al 4300. El vecino se atrasó 72 horas en el pago de un préstamo, un sicario fue a su casa y le disparó en el abdomen. “¿Vos sos Ezequiel? ¿El chico que trabajaba en el mercado? Bueno, esto es una recomendación de los colombianos”, le dijo el sicario que le apoyó el arma en la panza y le disparó. El proyectil le perforó la vejiga y debieron practicarle una colostomía. Pedro tiene dos hijas y la certeza de estar en una condición donde difícilmente consiga trabajo. Tuvo que mudarse del barrio hacia otra ciudad para que no lo encuentren. Usureros más pistoleros, una ecuación que coquetea con la muerte.
Así fueron imputados José C., como autor de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en calidad de coautor en concurso real con usura crediticia agravada por habitualidad o profesionalismo; Rafael B., por el cargo de autor de usura crediticia agravada por habitualidad o profesionalismo; y la ex agente de la PDI Liliana A. acusada por incumplimiento de los deberes de funcionario público con encubrimiento por omisión de denuncia agravado por ser funcionario público.
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La usura es tan vieja como el comercio. Pero en una ciudad con una violencia enquistada y calles anárquicas la combinación entre prestamistas con pistoleros expuso uno de los costados que se esconden por detrás del fenómeno balaceras en convivencia con escenarios narcos, usurpación de viviendas y conflictos personales. El amplio espectro de lo que en la calle se conoce como “aplicar mafia”.
En este caso expone como emergente el accionar de una banda de prestamistas mayoritariamente colombianos, rechazando tempranamente cualquier tentación de caer en planteos xenófobos contra ciudadanos colombianos que construyen en Rosario su porvenir. Las bandas de usureros puestas bajo la lupa trabajan en barrios cuyo la escena está copada por la pobreza extrema, recesión, desocupación y otras postales de la miseria. Así se generó la oferta del préstamo gota a gota.
“Préstamos ya. Solo para comerciantes. Pagos diarios”. Tres frases en un pequeño volante que se entrega mano en mano. Los usureros tienen un verdadero ejército de tarjeteros que analizan a quien tentar con la oferta de un crédito. El público es amplio y variado. Fuentes de distintas investigaciones en curso indicaron que así como los usureros le prestan a pequeños emprendedores de la transa también le otorgan créditos a personas que están por fuera del mundo de los créditos bancarios.
Vecinos que viven al día a los que ningún banco les daría un crédito; vecinos que viajan en el estribo del sistema con realidades desesperantes; trabajadores que no llegan a fin de mes o a pagar sus impuestos. Ahí el diablo de la finanzas llega con la tentación de un préstamo informal con tazas al 30 o 40 por ciento semanal que se devuelve en los plazos que impone el prestamista. Ante la falta de pago dos caminos: se refinancia la deuda, sobre todo si se trata de un vecino pagador; o pasa al departamento “tiratiros”, donde los incobrables son sometidos a la política de sangre y fuego.
