Para entender por qué prosperan las mafias vale detenerse en las zonas de debilidad donde éstas hacen sus negocios. Los prestamistas usurarios que actuaban en el mercado de productores de frutas fueron descubiertos porque un joven de 21 años, que había tomado un crédito, fue baleado en el abdomen al atrasarse menos de 72 horas en una cuota. Es importante notar la situación de desvalidez que llevó al joven a tomar el crédito: quería tener un emprendimiento para solventar la vida de su familia pero no tenía capital para lanzarse. Por eso tomó por primera vez el año pasado 5 mil pesos para devolver, en 26 días, 6.250 pesos. La segunda vez pidió 8 mil pero se quedó sin trabajo como changarín en el mercado. Seco como estaba se retrasó dos días. Al tercero le pegaron un tiro que obligó a una operación de intestino y a llevar una bolsa de colostomía de por vida.
Ezequiel M. conoce las consecuencias de la discapacidad derivada del disparo que recibió y que también le perforó la vejiga. A los 21 años tiene un apósito para recoger la orina y la materia fecal. Tiene dos hijas y la certeza de estar en condiciones de que no le darán trabajo. Vivía en la villa de Vía Honda. Ahora se marchó a la fuerza de su casa de la calle Patagones hacia otra ciudad para que no lo encuentren. Está solo con la pena de su inesperado deterioro físico, con la necesidad de sostener a sus nenas y con el pánico de saber que aún está en deuda con sus prestamistas, que conocen la dirección de su hermano y le aseguraron que se la tomarán con él si persiste la demora en el reintegro de lo adeudado.
“¿Vos sos Ezequiel? ¿El chico que trabajaba en el mercado? Bueno, esto es una recomendación de los colombianos”, le dijo el sicario que le apoyó el arma en la panza y le disparó el 25 de agosto del año pasado. Por este hecho están desde el viernes con prisión preventiva dos hombres: José Francisco Chavarría, ecuatoriano e imputado como coautor de los balazos que hirieron a Ezequiel, y Rafael Guillermo Bernal, colombiano y acusado de ser encargado de la estructura de usureros que prestan dinero a gente desesperada. Un insumo en abundancia en un país de 45 millones de habitantes con 19 millones de pobres.
Para los fiscales Valeria Haurigot, Federico Rébola y Pablo Socca este hecho es emergente de una banda de prestamistas mayoritariamente colombianos que opera adentro del mercado de productores de 27 de Febrero y San Nicolás. El escenario de recesión, necesidad y falta de trabajo fabrica la demanda de estos aprovechadores que cobran las deudas a sangre y fuego. Pero que se sitúan en espacios comerciales donde es muy fácil obtener clientela.
En una ciudad mercantil como Rosario la presencia de usureros que se aprovechan de las urgencias de comerciantes y recurren al apriete es tan vieja como el comercio mismo. Pero la combinación de prestamistas con pistoleros se hizo notoria con la radicación relativamente reciente de células de crédito informal manejadas por colombianos que aparecen con recurrencia en las bases de datos de agencias penales de la provincia sin que estas sean igual de eficaces, pese a eso, en hacer seguimientos estables de inteligencia criminal para frenar sus muy evidentes despliegues.
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Se trata de rechazar tempranamente cualquier tentación xenófoba contra ciudadanos colombianos que constituyen en Rosario, con estudiantes y trabajadores, una fuerza migratoria laboriosa que trae a la ciudad los aportes de una cultura diversa y amigable. Las que están implicadas en delitos son expresiones minoritarias propias de todo país. Pero que tienen una singularidad que desde 2010 aparece en registros criminales con expresiones que, por su violencia explícita, obligan a las autoridades de la persecución penal a abrir los ojos.
El recorrido de estas mafias tiene un trazado en Argentina que empieza antes de 2010 con la llegada de microrredes criminales raleadas desde Colombia dedicadas al comercio de determinados artículos y a la usura que se establecieron inicialmente en el conurbano bonaerense. En el departamento Rosario fueron detectadas hacia 2012 en Granadero Baigorria donde una comunidad colombiana comenzó a la fabricación y venta de muebles por sistema de cobros con cuotas bajas pero a muy extensos plazos. La mayor parte de estos fabricantes tienen radicación legal y no tienen relación con el delito.
Pero desde 2013 el Ministerio de Seguridad, la Justicia de Instrucción Penal y la policía provincial detectó que unos grupos se expandían desde Baigorria a la zona de barrio Ludueña en Rosario, de allí a la zona oeste y también al complejo Municipal de Grandoli y Gutiérrez. En 2018, durante la intervención integral a ese barrio en el marco del Plan Abre, los fiscales que participaron del dispositivo encontraron viviendo en el núcleo 15 de los monoblocks a una quincena de colombianos. Estos se retiraron cuando empezó la actividad del programa provincial. Según fuentes del Organismo de Investigaciones (OI), estaban en departamentos a cargo de María del Rosario Castelló, a quien se acusó de gerenciar la logística para negocios violentos de René “Brujo” Ungaro.
El 11 de noviembre de 2015 la Fiscalía de Flagrancia recibió una comunicación de Gendarmería que había detenido a bordo de una Toyota Hilux a cuatro colombianos con un arma de fuego en Mangrullo al 4900, barrio Saladillo. Uno de ellos era propietario de una mueblería. Se les atribuyeron contactos y haber estado en compañía de una hijastra del asesinado narcotraficante Luis Medina que es hija de la ex esposa de éste, Daniela Ungaro. Ninguno tenía antecedentes por los que se fueron liberados ya que por entonces la tenencia de un arma era excarcelable.
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En ese mismo momento se investigó de modo preliminar si estas personas tenían vinculación con el crimen de Gustavo Adolfo Segura Figueroa, un muchacho colombiano de 24 años asesinado dos días antes de esas detenciones en la zona de Cullen y Seguí. La familia de Figueroa, acribillado de dos disparos en la cabeza a corta distancia en el asentamiento La Lagunita, señalaron que el chico realizaba cobranzas por la venta de muebles a largos plazos de crédito, conocido como sistema de goteo o gota a gota. El caso nunca se esclareció.
El 28 de junio de 2018 al colombiano Jorge Andrés E. lo balearon en pasaje 2121 y 2126, en barrio Tío Rolo, zona sudoeste de la ciudad. Este muchacho es residente legal y también vende muebles en cuotas. Lo interceptaron desde una moto y le dispararon. El mismo se presentó a declarar y dijo a la fiscal del caso que los tiros no eran para él. Una especie de patrón repetido: tener trabajo, papeles en regla y quedar envuelto en un ataque a tiros por equivocación.
Un pesquisa del OI afirma que cuentan allí con robustos elementos para creer que en algunos casos los que murieron eran cobradores de estas células de venta. O sea que los que ajustan con balas a la cartera de morosos también pueden ser blanco de violencia semejante,
La venta de muebles por el sistema de gota a gota es una modalidad comercial distintiva de esas fábricas de Baigorria. Las cobranzas en cuotas que pueden llegar a ser diarias a plazos muy largos a veces quintuplica el valor inicial del bien vendido. Este método, al igual que el préstamo informal de dinero, tiene una característica común: como el comprador no puede ofrecer garantías tiene que tener muy clara la conveniencia de no entrar en mora.
Es un método que sin embargo a muchos pequeños comerciantes sin acceso a crédito formal les permite comprar. Un contador cuenta de un grupo de vendedores de heladeras exhibidoras en barrios modestos de Rosario que prosperan por cobrar en larguísimas cuotas esos artículos. Los vendedores ganan por el largo plazo de cobranza. El comprador garantiza con la salida de cuatro gaseosas que solo puede vender frías el cumplimientos a veces diario de su compromiso. En un esquema de informalidad todos ganan sin violar la ley.
Solo que estos vendedores no contratan a tiratiros para asegurarse el repago. El plan B de los prestamistas detenidos la semana pasada, en cambio, es tener a mano al sicario. Personas en precariedad material como Ezequiel M. son la contraparte de la prosperidad de los usureros. Este diario publicó que durante la pandemia se multiplicaron pequeños emprendimientos de verdulerías. En algunos casos los emprendedores utilizaron como capital inicial el cobro por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Otros acudieron a prestamistas que actúan, como establecieron los fiscales Haurigot y Rébola, adentro mismo del mercado de productores.
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La audiencia de la semana pasada dejó presas a dos de las personas ligadas a esta estructura. El colombiano por ser engranaje del sistema de usura y el ecuatoriano por ser coautor del intento de homicidio de Ezequiel M. Los fiscales expusieron como ejemplo ante el juez que solo en un mes, noviembre pasado, este grupo dio siete préstamos por sumas que van desde 6 mil hasta 100 mil pesos, con tasas de retorno del 360%.
Pero los fiscales saben que los acuerdos son muchísimos más y que hay varias personas de la misma red que quedan activas. En la audiencia fueron nombrados por sus nombres de pila: Lucho, Verónica, Romina entre otros. ¿Qué pasará con los clientes que tienen saldos por devolver? Esa parece ser una pregunta para las agencias de investigación criminal en general dado que los que actúan lo hacen con violencia. Fuentes del OI señalaron que hay una fuerte preocupación ya transmitida por algunos comerciantes que adeudan préstamos. “Les preocupa que no estén pasando a cobrar porque saben que lo harán luego. Y entonces será más difícil afrontar el pago de varias cuotas juntas. Y eso los expone a represalias que son las conocidas”, indicó el vocero.
“Es un momento propicio para centralizar la información, reunir a todas las agencias penales que trabajan sobre este tema y avanzar, dado que esta actividad quedó visibilizada y con personas presas”, reflexionó un funcionario del OI. Algo que parece sensato cuando queda al desnudo un cóctel fatal de estas estructuras de usura: el desamparo de los que toman créditos con los métodos de quienes enderezan las deudas a balazos.
