La causa judicial que se sigue a dos policías acusados por la muerte de David Campos y Emanuel Medina, acribillados a tiros tras una persecución por la zona sur el 23 de junio de 2017, sumó ayer un nuevo capítulo cuando los familiares de las víctimas junto a la Multisectorial contra la Violencia Institucional, presentaron un dictamen que desmiente los presuntos problemas de salud mental que padecería Alejandro Rubén Bustos, uno de los acusados.
El equipo jurídico que representa las querellas presentó el dictamen de parte sobre la evaluación de salud mental de Bustos y denunciaron "el grave riesgo de que no sea juzgado, situación avalada en los dictámenes de las Juntas Especiales de Salud Mental de la provincia".
Según la Multisectorial, la posibilidad de que Bustos no sea juzgado sería posible "porque en los dictámenes de las Juntas Especiales de Salud Mental de la Provincia se adujo que Bustos «al momento de los hechos tenía la percepción distorsionada y actuó por impulsos no controlados» por lo que «no aconsejan que sea expuesto a la escena del juicio por una supuesta potencialidad suicida»".
La otra verdad
En ese sentido, la ONG enumeró una serie de estudios que contradicen las supuestas dificultades del efectivo acusado para ser juzgado. "El equipo interdisciplinario de la clínica donde se encuentra internado Bustos estableció que el imputado «se presenta lúcido, orientado en tiempo y espacio y sin alteraciones mayores y en condición de ser externado por ni siquiera tener criterio de internación», y solicitó que sea externado".
Luego, afirmaron que "el Consultorio Médico Forense también ha manifestado que Bustos no debe estar internado, que «no tiene predisposición a la cura pues eso implicaría el retorno a la cárcel» y que tiene «una postura irreconciliable de reivindicación de su accionar»".
Por último, informaron que dos peritos de la querella participaron de las entrevistas de las Juntas Especiales e indicaron que Bustos "no presenta alteraciones morbosas que puedan dar como resultante una alteración de la comprensión y de su capacidad de juicio que le impidan comprender la criminalidad del hecho que se reprocha, como así de dirigir sus acciones".
También determinaron que "se trata de un caso típico de sobresimulación en el que se prolonga la desmejoría o finge no haberla superado a los fines de obtener beneficios procesales". Y por ello dicen que Bustos "no presenta enfermedad sobreviniente que menoscabe su capacidad psico-jurídica; es decir, de su capacidad de estar en juicio".
Y recordaron que en agosto de 2017, un mes y medio después del hecho, tres psicólogos y un médico de la policía sostuvieron que Bustos ya podía portar armas.
El ministro de Educación, José Goity, exhibió los resultados de la segunda evaluación realizada a estudiantes de segundo grado
Por Hernán Cabrera
Por Alvaro Torriglia