La comisión de la Cámara de Diputados que investiga la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, el joven que apareció flotando en el río el 26 de febrero tras estar en un boliche de La Fluvial, concluyó que “hubo irregularidades en la intervención policial, actos de violencia del personal de seguridad del boliche adonde había ido a bailar, golpes provocados en vida y una muerte por asfixia propia de una toma de arte marcial”, tal cual lo sostiene un análisis hecho por forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que este diario dio a conocer el lunes. “Hay evidencia suficiente para imputar un homicidio doloso”, dijo en conferencia de prensa la diputada Matilde Bruera al dar a conocer el informe sobre el caso.
Las conclusiones de los doce legisladores que en junio del año pasado conformaron una comisión de seguimiento del caso se dieron a conocer a pocos días de que un análisis complementario de la autopsia detectara que Bocacha fue golpeado y asfixiado por compresión en el cuello antes de caer al río Paraná desde un balcón del boliche Ming River House, adonde había ido a bailar la noche del 24 de febrero. El estudio del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que el joven de 23 años fue golpeado y ahorcado antes de morir.
En esa línea, la comisión legislativa respaldó ayer el pedido de la familia de Orellano para que el caso sea investigado como homicidio doloso. “Hay sospechas de que el homicidio fue cometido por fuerzas de seguridad privada y pública”, dijo ayer Bruera, presidenta de la comisión. Si bien aclaró que el responsable del juzgamiento es el Ministerio Público de la Acusación, consideró que “todos los poderes del Estado son responsables de aportar al esclarecimiento de estos hechos. Porque las fuerzas de seguridad tanto públicas como privadas, que se han creado para proteger a las personas, no pueden ser usadas para atentados tan graves contra la vida”.
Los legisladores llegaron a esa conclusión luego de entrevistarse con los padres de Bocacha, el sobreviviente de un hecho similar, la perito forense de parte Virginia Creimer, el abogado querellante Salvador Vera, testigos, el fiscal Patricio Saldutti y el fiscal general Jorge Baclini. Finalmente, tras revisar los resultados del último informe complementario de autopsia consideraron que “las evidencias son suficientes para avanzar en la imputación penal de homicidio doloso”.
En sus puntos finales, el informe plantea que hubo irregularidades policiales tras la denuncia de la familia por la desaparición del joven, además de “actos de violencia por parte del personal de seguridad” dentro y fuera del boliche. Concluye que el joven murió por “asfixia antebraquial por compresión externa y sin signos de haber ingerido alcohol o drogas. Esto descarta una caída accidental al río del joven criado en una familia de pescadores y excelente nadador. De los informes surge que hay un edema de pulmón y ruptura de las paredes alveolares con pulmones secos, es decir que murió por asfixia. Además se detectaron golpes en la zona de los hombros y en el hueco posterior de la rodilla”, enumeró Bruera.
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“Es necesario dar un salto cualitativo en la investigación penal porque en febrero se cumple un año de la muerte”, remarcó la diputada justicialista, quien cuestionó el fraccionamiento de la pesquisa (por un lado la muerte, por otro el accionar policial) cuando “la conducta de la policía está vinculada con las consecuencias. Esas irregularidades fueron las que generaron que se investigara primero en una fiscalía de homicidios culposos cuando encontramos elementos de un homicidio doloso”.
Según la investigación, Carlos había ido a bailar Ming River y fue expulsado del local por un altercado con un patovica en el ingreso a un sector VIP. Dos días después su cuerpo apareció flotando en el Paraná, a metros del boliche.
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En diciembre pasado el fiscal Saldutti imputó a los policías Karina G. y Gabriel N., que hicieron adicionales la noche del hecho, como coautores de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público agravado. A su vez el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, de la Unidad de Violencia Institucional, imputó al ex jefe de la comisaría 2ª Pablo B. y a la sumariante Brenda L. por incumplimiento de sus deberes al omitir la orden de la fiscal de turno de secuestrar las cámaras.
Para avanzar en el esclarecimiento de la muerte el fiscal esperaba los resultados de autopsia y está pendiente un estudio de ADN sobre manchas de sangre encontradas en el local.
