El cadáver de Carlos "Bocacha" Orellano, que apareció en el río Paraná el 26 de febrero pasado después de estar dos días desaparecido, tiene marcas que comenzaron a arrojar luz sobre las posibles causas de la muerte. El abogado querellante Salvador Vera confirmó a este diario que los resultados de un análisis complementario de la autopsia, realizado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirman que el joven de 23 años fue golpeado y ahorcado antes de morir. “El análisis dice que las infiltraciones hemáticas confirman que fue agredido en momentos anteriores a la muerte, lesionado en la zona posterior de las piernas, en ambos lados del hemitórax y en el cuello. Se pudo haber tratado de asfixia por ahorcamiento antebraquial”, explicó.
La noche del domingo 23 de febrero de 2020, en la previa del feriado de Carnaval, Carlos fue con sus amigos al boliche Ming River House, en la zona de la Fluvial. Según surgió de la investigación Carlos fue expulsado del local porque había tenido un altercado con una patovica cuando ingresó a un sector VIP. Dos días después su cadáver apareció en las aguas del Paraná, a metros del boliche en cuestión. En diciembre pasado fueron imputados cuatro policías por distintos delitos. A Karina G. y Gabriel N., que hicieron adicionales la noche del hecho, el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos, los imputó como coautores de incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público agravado. A su vez el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, de la Unidad de Violencia Institucional, imputó a Pablo B. y Brenda L., ex jefe de la Comisaría 2ª y sumariante respectivamente, por incumplimiento de deberes de funcionario público al considerar que en los días de búsqueda de Carlos omitieron el pedido de la fiscal de turno de secuestrar las cámaras de seguridad del boliche y de la zona. Solo Gabriel N. quedó con prisión preventiva.
Con la novedad brindada por el último análisis complementario la familia Orellano espera que el fiscal Saldutti avance con nuevas imputaciones a los policías que trabajaron en el boliche esa noche, así como a los patovicas que participaron de la agresión. “Vamos a pedir la prórroga de la prisión preventiva, y entendemos que el fiscal debería avanzar en considerar una imputación más seria, porque está acreditado que las infiltraciones hemáticas fueron golpes”, dijo Vera. “Hubo una situación de agresión, ahora confirmada criminalísticamente más allá del relato de los testigos”, agregó.
“En la causa está perfectamente determinado quiénes participaron de la agresión, y el fiscal debería proceder a imputar independientemente de que resta el análisis de diatomeas, que esperamos que en diez días esté ese informe”, dijo Vera. También es materia de análisis el rastro de sangre hallado en distintos sectores del boliche. Se sospecha que Carlos fue expulsado del lugar, que luego lo volvieron a ingresar a un sector apartado en el cual continuaron los golpes y que finalmente lo arrojaron al río.
>>Leer más: Nuevo paso de la Justicia para saber cómo murio Carlos "Bocacha" Orellano
A inicios de marzo pasado, cuando se conocieron los informes preliminares de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal (IML), se dio lugar a hipótesis contrapuestas. La directora del lugar, Alicia Cadierno, dijo que no se habían hallado elementos para confirmar una muerte violente. En tanto la médica legista Virginia Creimer, perito de parte por la familia Orellano, sugirió que a Carlos le habían aplicado una toma de arte marcial llamada “mata león”. Es una maniobra que consiste en sujetar por la espalda el cuello de una persona, con un brazo por delante y otro por detrás. Es esto, entre otras agresiones, lo que vendría a confirmarse con los resultados de los análisis complementarios conocidos ahora. “Seguimos trabajando sobre la hipótesis de la asfixia seca, y esto puede suceder por los rastros que quedaron en el cuerpo de Carlos”, indicó Vera.
“Desde el principio sospechamos esto, no sé por qué demoraron diez meses y medio en tener estos resultados. Es algo que no entiendo”, cuestionó Edgardo Orellano, padre de Carlos, en diálogo con este diario. El hombre es la cara visible de una familia que en todo este tiempo ha realizado varias manifestaciones para exigir celeridad en la investigación. Las novedades fueron apareciendo como a cuentagotas, y a partir de ahí surge su disgusto.
Dice que al momento de exhumarse el cuerpo de su hijo un funcionario ligado a la investigación intentó impresionarlo. “¿Usted va a permitir que exhumen el cuerpo de su hijo y le vuelvan a sacar un pedazo de su cuerpo? me preguntó, y yo le dije que sí, que si es para llegar a la verdad sí. A mi hijo ya me lo mataron, y yo quiero llegar a la verdad”, comentó. Desde un principio, sobre todo a partir de los rumores acerca de los golpes recibidos por Carlos al ser expulsado del boliche, Edgardo insiste en que su hijo fue asesinado, que no se ahogó por accidente.
También hizo hincapié en el entramado de poder e intereses que puede haber detrás del boliche Ming River House. Lo mismo que su abogado, que aseguró que “en el teléfono del dueño había mensajes muy sugestivos en torno a la urgencia para que sacaran en cajas de vino lo que tenían ahí adentro porque se les venía el procedimiento judicial en el boliche, eso fue a la mañana y a la tarde fue el procedimiento”. En más de una ocasión Edgardo Orellano pidió que se investigue al dueño del boliche, Guillermo W., sobre todo después de que en una investigación por el derrotero económico del sindicado narco asesinado Coto Medrano se conociera que en el allanamiento a una financiera del microcentro rosarino había 175 DNI que habían sido denunciados como perdidos en el boliche de La Fluvial.
>>Leer más: Imputan omisiones a cuatro policías ligados la muerte de Bocacha Orellano y uno quedó preso
El 11 de diciembre pasado se realizó la audiencia imputativa a los policías vinculados a la causa. Allí el fiscal Patricio Saldutti explicó por qué Karina G. y Gabriel N. habrían incumplido sus deberes de funcionarios públicos así como también habrían incurrido en el delito de falsedad ideológica. En la noche del hecho, explicó Saldutti, los policías presenciaron la caída de Carlos Orellano al río Paraná y dieron aviso a la Central de Emergencias del 911 y a personal de la Prefectura Naval Argentina, pero omitieron informar que el joven había interactuado con ellos mismos y con dos patovicas del boliche. Además los acusó de no haber dado aviso de inmediato al Ministerio Público de la Acusación (MPA), y de retirarse del lugar sin documentar sus actuaciones. “Lo que impidió al personal de Prefectura ahondar en la información necesaria para poder llevar adelante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate”, indicaron desde el MPA en esa ocasión.
También los imputó por haber insertado declaraciones falsas en el acta de procedimiento redactada por ambos, en la que dijeron que en un momento habían visto a una persona recostada sobre el suelo y que al instante desapareció como si se hubiese caído al agua. Esa declaración generó sospechas porque “se podría tener por acreditada una interacción entre Orellano y un grupo de personas compuesto por los dos empleados de seguridad del boliche y los imputados”.
En tanto el fiscal Gonzalo Fernández Bussy imputó a Pablo B. y Brenda L. por haber incumplido con sus deberes mientras trabajaban en la Comisaría 2ª, que tiene jurisdicción en la zona del hecho. Cuando la fiscal Valeria Piazza pidió que se secuestraran las cámaras del lugar y sus alrededores los policías escribieron las solicitudes con una fecha incorrecta: 17 de febrero de 2020, una semana antes de la fecha del hecho, como si la intención hubiera sido recabar imágenes de otro domingo de movimiento en la zona. También incurrieron en un delito el dia siguiente, cuando en vez de secuestrar las cámaras del boliche, como lo había ordenado la fiscal, se la pidieron a un hombre a cargo del lugar.
