“Detrás de las barandas de seguridad, una persona que estaba acostada sobre el suelo en un momento desaparece como si hubiese caído al agua”. El primer parte policial por la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano describe así la caída del joven al río Paraná desde el boliche Ming River el 24 de febrero pasado, donde esa noche mantuvo un altercado con personal de seguridad. La redacción corresponde a dos policías que cumplían servicios adicionales en el lugar y que fueron acusados de falsificar ese documento, además de no dar cuenta de lo ocurrido a autoridades fiscales. Otros dos efectivos, el comisario y una sumariante de la seccional 2ª quedaron implicados en el caso por mal desempeño.
Los cuatro primeros policías en tomar contacto con el caso fueron imputados este viernes en una larga audiencia que arrancó al mediodía y se prolongó hasta entrada la tarde en la sala 7 del Centro de Justicia Penal. De los acusados, uno quedó en prisión preventiva por sesenta días mientras que el resto deberá cumplir con ciertas restricciones a lo largo del proceso, como la prohibición de acercamiento a las víctimas o de salir de la provincia, además de la obligación de asentar su firma semanal. Así lo dispuso el juez Nicolás Foppiani, quien presidió el trámite.
En una audiencia posterior para disponer medidas de prueba el fiscal Patricio Saldutti solicitó realizar una reconstrucción del hecho, dentro del local, en base a los testimonios de todas las personas que vieron esa noche a Orellano en el boliche de La Fluvial. Su dueño Guillermo W. fue citado pero en su representación acudió su abogado, Carlos Varela, quien no se opuso a la medida. El juez Foppiani le dio curso y fijó una fecha tentativa para la semana que viene.
Carlos Orellano tenía 24 años y era empleado en la fábrica de electrodomésticos Liliana. Tras una desesperada búsqueda de sus allegados, el 24 de febrero pasado su cuerpo apareció flotando en aguas del Paraná frente al balcón sur del boliche Ming, adonde había ido a bailar. Con el acompañamiento de los querellantes Salvador Vera e Irina Picard la familia del joven sostiene que fue sacado a la fuerza del local por patovicas y policías. Su hipótesis es que lo golpearon e introdujeron en una parte restringida al público para después, ya inconsciente o muerto, arrojarlo al río.
La autopsia no detectó signos de violencia y concluyó que la causa de la muerte es “indeterminada”, aunque la perito de parte Virginia Creimer relevó marcas de golpes y sujeción además de pulmones secos, lo que descartaría una muerte por ahogamiento. Se esperan resultados de estudios complementarios que realiza el Cuerpo Médico Forense de la Corte nacional.
A lo largo de estos diez meses los querellantes reclamaron que se imputara al personal policial. En una conferencia de prensa el fiscal Saldutti dijo que las imputaciones se sostienen en evidencia abundante: “La prueba de la Fiscalía fue muy extensa”, dijo, y citó “testimonios de personal de Prefectura, como de distintos testigos que cuentan haber visto una secuencia distinta a la que los policías consignan en el acta de procedimiento”.
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Sobre esa base fueron imputados el efectivo de la Brigada Motorizada Gabriel N., de 38 años, quien quedó en prisión preventiva, y su pareja Carina G., de 41, por entonces empleada de la Policía de Investigaciones. Les endilgan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público agravada. Los dos cumplían servicios adicionales en el boliche y estuvieron en contacto con Orellano la noche del hecho.
El fiscal planteó que al presenciar la caída del muchacho al agua “dieron aviso a las 5.35 aproximadamente a la central de emergencias del 911 y a personal de Prefectura Naval Argentina (aproximadamente 05.30), omitiendo informar en esa oportunidad la existencia de una interacción entre los imputados, dos hombres pertenecientes al personal de seguridad del boliche y Carlos Daniel Orellano”.
Otra omisión es que “no dieron aviso inmediato al Ministerio Público de la Acusación de ninguna de estas circunstancias” y además “se retiraron inmediatamente del lugar sin documentar debidamente su actuación”. Esto impidió que el personal de Prefectura “ahondar en la información necesaria para poder llevar adelante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate”.
Asimismo les imputó haber insertado declaraciones falsas en el acta de procedimiento. Allí dejaron constancia de haber observado “detrás de las barandas de seguridad, una persona acostada sobre el suelo y que en un momento desaparece, como si hubiese caído al agua”. Pero no consignaron el altercado previo que Orellano había mantenido con el mismo personal y patovicas del boliche. “Esta situación de relevancia fue intencionalmente omitida, generando de este modo un perjuicio para la investigación por la tergiversación de la realidad de los hechos”, dijo Saldutti.
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Luego fue el turno del comisario y una sumariante de la seccional 2ª, Pablo Alejandro B., de 42 años, y Brenda Bárbara L., de 34 años, acusados de incumplimiento de sus deberes. El fiscal de la Unidad de Violencia Institucional Gonzalo Fernández Bussy les atribuyó no haber cumplido con una orden de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, quien intervino en las primeras horas y ordenó “recabar y secuestrar” las cámaras ubicadas en la zona de La Fluvial. El fiscal planteó que al redactar las solicitudes los policías consignaron la fecha del 17 de febrero cuando “esa no era la fecha correcta”.
El fiscal recordó que entre la noche del 24 y la madrugada del 25 la familia de Orellano acudió a la seccional y habló con la sumariante, mientras que el comisario tenía conocimiento de la fecha correcta porque habló por teléfono con la fiscal. Al jefe policial, además, le adjudicó un nuevo incumplimiento del 25 de febrero, cuando le solicitó “a un hombre a cargo del boliche que le traiga las cámaras, cuando la orden de la fiscal fue que debía ir a secuestrar dichas cámaras, teniendo en cuenta la complejidad del caso de la cual ya había sido advertido previamente”.
Con estas medidas que marcan un rumbo en la investigación, el fiscal Saldutti aclaró a la prensa que si bien la maneja hipótesis sobre el caso, todavía no está en condiciones de avalar la teoría de un homicidio: “No tenemos informes médicos que determinen que el cuerpo tiene golpes ni si cayó con o sin vida al río Paraná”, dijo, e indicó que espera el informe definitivo de autopsia y las pericias complementarias para conocer “las condiciones y las causas de la muerte”.
