El tráfico de armas es una problemática no tan a la vista en su trama pero que a la vez suele quedar expuesta en la violencia urbana como su consecuencia más evidente. Una investigación federal de más de dos años, que derivó en allanamientos esta semana, dejó entrever que las conexiones criminales para nutrir el mercado negro abarcan prácticamente todo el país. La Policía Federal hizo más de 140 operativos en distintos puntos de doce provincias argentinas y la hipótesis es que la red también alcanza países limítrofes como Chile y Uruguay.
Desde la PFA confirmaron la detención de 35 personas en el marco del operativo "Armas sin fronteras" que se realizó en distintos puntos del país: Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego. Entre los elementos incautados informaron 25 escopetas, 55 pistolas de distintos calibres, 17 revólveres, 7 ametralladoras, 1 carabina, 3 pistolones, 32 cargadores, más de 40 mil municiones y una granada.
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"La causa se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre maniobras irregulares en la adquisición de armamento. A partir de tareas de inteligencia criminal, análisis de información e intervenciones, se logró identificar una estructura delictiva que operaba de manera organizada en distintas jurisdicciones del país", informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Tráfico de armas
La investigación, que tuvo dos años de desarrollo, fue llevada a cabo por detectives del Departamento Investigaciones Antimafia perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales de esta Institución. Intervino el Juzgado Nacional de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, la Secretaría Penal N°2 a cargo de Agustín Andrés Ocampo y en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del fiscal Santiago Marquevich.
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El inicio de la causa se produce a raíz de la denuncia formulada por el Registro Nacional de Armas (Renar) con relación a la existencia de una organización dedicada a adquirir armas de fuego en forma presuntamente lícita en el mercado legal, para luego comercializarlas en el mercado negro. Utilizaban testaferros para adquirir principalmente pistolas semiautomáticas de diversas marcas y calibres, entre ellas Bersa, Glock y Taurus, en significativas cantidades y escaso período de tiempo.
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Los investigadores detectaron que, en muchos casos, adquirían cantidades de armas sin capacidad económica sustentable para ello, generando así la sospecha de ser acciones fraudulentas. Por ello y como resultado del análisis de información obtenida, se detectó también la posible vinculación en el entramado de armerías dedicadas a este negocio específico, como también gestores de tales tipos de trámite.
Desde usuarios al Renar
La organización, luego de apoderarse de esa forma de las armas, las introducía en el mercado negro. En ese contexto es que limaban sus numeraciones para ilegalizarlas y las transportaban a otros puntos del país e incluso países vecinos como Chile y Uruguay. Lo que continuaba, sospechan los pesquisas, eran maniobras de lavado de dinero evidenciadas en compras de bienes muebles e inmuebles.
Las pesquisas realizadas por los efectivos federales revelaron la estructura de la organización. Indicaron que estaba conformada por personas que de acuerdo a sus cargos y funciones cumplimentaban distintos roles. Había exempleados de Renar, quienes utilizaban sus recursos para facilitar la diligencia de los trámites de compra y transferencia de armamento en los participaban los “testaferros” individualizados.
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También se detectaron responsables de armerías y mandatarios, cuyos comercios a su cargo centralizaban gran parte de las compras producidas, participando a su vez en la gestoría de transferencias de armas internas entre los prestanombres. Participaron gestores e instructores de tiro, quienes certificaban los tramites aludidos a cambio de un resarcimiento económico, brindando bajo dicha condición los servicios de aptos médicos y psicológico de los usuarios irregulares.
Además intervenían usuarios irregulares registrados en Renar, también denominados “testaferros”. En este último estamento participaba un grupo encargado de reclutar personas de bajos recursos económicos, para que a cambio de una suma de dinero presten sus datos para crear un usuario habilitado en Renar que luego utilizarían para la compra de armas en cantidad.
