La fiscal Valeria Haurigot fue amenazada la semana pasada junto a su colega Franco Carbone durante una audiencia en la que se presentaron cargos por asociación ilícita a varios integrantes de una banda liderada por Julio Rodríguez Granthon, un preso por narcotráfico que está alojado en un penal de la provincia de Buenos Aires. Quien lanzó la advertencia fue Nazareno Uriel “Anteojito” Gauna, acusado ser un pistolero a las órdenes de Rodriguez Granthon.
“Que se deje de hablar al pedo, esto no va a quedar así”, dijo Gauna desde la cárcel de Ezeiza vía Zoom, dirigiéndose directamente al fiscal Carbone. Este martes terminó esa audiencia que se había prolongado varios días porque había varias personas privadas de la libertad. Todos los imputados quedaron con prisión preventiva efectiva e irán a juicio acusados por extorsiones, amenazas y balaceras.
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Haurigot dijo que situaciones de amedrentamiento como la que vivió junto a su colega Carbone “son cada vez más habituales, diría más de lo normal", y enfatizó: "No nos vemos afectados en el desarrollo de nuestro trabajo, más allá de que a nivel personal se produzca alguna desestabilización emocional, pero enseguida todo vuelve a su lugar y el trabajo se puede hacer”.
Haurigot, a cargo de la Unidad Especializada en Balaceras y Extorsiones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), entiende que “hay una falta de respeto muy grande a la autoridad o a quienes hacemos este tipo de trabajo, se ve cada vez más seguido en audiencias judiciales hechos de amenazas o inconductas que hacen que el ambiente se ponga tenso”.
En sentido, amplió: “Durante las audiencias que terminaron ayer, vimos en los detenidos que estaban en el penal de Ezeiza, vía Zoom, muchos gestos de falta de respeto en manera constante. No querían participar de las audiencias, pedían irse a ver a sus visitas o volver al pabellón".
"Esto complica el trabajo, pero es reflejo de una crisis mayor que se está viviendo. Y es que la persona que comete un delito no se percibe como delincuente, sino que está trabajando de eso y que nosotros lo estamos molestando. Hay como un desfasaje en el rol que ocupan esas personas y lo que representa la autoridad”, añadió Haurigot.
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La fiscal advirtió que “hay un desafío constante de la autoridad y (los imputados) tienen la idea de que tienen más poder y así amedrentan. De todos modos, las resoluciones judiciales van en contra de eso, porque la cantidad de evidencias que se presentaron en estas audiencias fue muy importante".
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"Apuntamos no sólo a personas violentas, sino también a eslabones económicos de esta banda, y eso hace que las audiencias se vuelvan más tensas. Eso ocurre cuando uno llega a ciertas actividades de la organización que no son exclusivamente los tiros", explicó Haurigot, y detalló: "Nos metimos con la parte que le da rédito económico a la banda, en este caso fueron camiones. Llevamos a audiencia al padre de Rodríguez Granthon como a la administradora de esos camiones que quedaron privados de la libertad. Eso genera mayor tensión todavía”.
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Finalmente, sostuvo que hubo un leve descenso de casos de balaceras extorsivas a comerciantes, pero aclaró: “Siguen habiendo y no debería haber cobro de derecho de piso a comerciantes. Además de las balaceras, están las extorsiones que generan un malestar y un movimiento por parte del Estado para poner custodia. A veces no llegan a ser graves de forma relativa, porque las realizan personas desde la cárcel que buscan lucrar".
"Otras veces se transforman en balaceras en las que como no se puede determinar qué va a pasar, la maquinaria del Estado se mueve igualmente. Han disminuido las extorsiones, pero la estructura de Estado queda chica para brindar seguridad a todo lo que implican estos hechos delictivos”, concluyó.