Viernes 24 de Mayo de 2019

El concepto de democracia, que etimológicamente significa “gobierno del pueblo”, suele reconocerse en Atenas en el siglo V antes de Cristo. Si embargo el pueblo es heterogéneo, cambiante en sus opiniones y la gran cantidad y complejidad de decisiones que suele tener que tomar el gobierno de una sociedad obliga a delegar muchas veces –para algunos siempre– en pocas personas esas decisiones. Las respuestas que han elaborado a lo largo de la historia y la geografía diversos conglomerados humanos para resolver esta problemática, en los casos en que creían o creen vivir en “democracia” han sido muy diversas y variadas, y muchas veces en encarnizado debate entre diferentes modelos de lo que es realmente “democracia”.

El pensador Fernando Martínez Heredia solía decir que democracia, más que un sustantivo debía pensarse como un adjetivo. Los modelos y arquitecturas de gobierno serán más o menos “democráticos” en la medida en que logren expresar en sus políticas la voluntad del pueblo, o de la mayoría del mismo.

En el capitalismo, y mucho más en su etapa actual, donde poquísimas personas concentran cada vez una porción más gigantesca del total de la riqueza social producida y grandes mayorías deben repartirse el resto, cada vez menor, es evidente la capacidad de los primeros para influenciar en un grado superlativo las políticas de los gobiernos, muy por encima de la voluntad de los demás ciudadanos y ciudadanas.

Esto comienza desde el momento mismo en que se eligen los gobernantes, teóricamente “en democracia”. Aunque supuestamente cada elector tiene un voto, la capacidad de quien tiene una billetera abultada para influir en el voto de muchos otros es enorme. Hoy está naturalizado pensar erróneamente que todos los ciudadanos pesan por igual en una elección. En otras épocas estaba naturalizado excluir de esa categoría a las mujeres, los que no tenían propiedades, etc.

La influencia de la prensa de todo tipo, incluida la digital y el manejo direccionado o mentiroso de las redes sociales, como se vio en las últimas elecciones presidenciales de los EEUU y Brasil, juega un rol esencial en la formación de la opinión pública en diversos temas, incluidas las campañas electorales. El control económico de los medios, ya sea porque se detente directamente su propiedad, o porque se pueda o no pagar el acceso a los mismos; es por tanto central para la competitividad electoral de un candidato, casi con total independencia de que sea el que luego vaya a hacer la peor política para la mayoría de los que lo votaron.

La propaganda electoral además tiene una potencia estrechamente vinculada a los recursos económicos con que se cuente para solventarla, aunque en ocasiones, con creatividad, se puedan ensanchar en algún grado los límites que impongan aquellos.

Por todo ello es que tiene gran importancia la reforma votada esta semana por el Congreso a la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos a instancias del macrismo.

La excusa como siempre es muy bella. En este caso transparentar los aportes a las campañas exigiendo su bancarización. Punto en el que coincidimos, aunque estamos seguros que se cumplirá a medias. Pero en realidad, lo que más interesó al oficialismo fue permitir a las empresas aportar a las campañas.

A esta altura es por demás de obvio que el macrismo es la representación, y aún más que representación, el acceso directo de un grupo de grandes empresarios al poder del Estado. Casi siempre antes habían influido decisivamente, pero lo hacían por intermediarios.

Como la ley anterior prohibía el aporte de las empresas, Cambiemos, en las elecciones de 2015 y 2017, cometió masivas acciones delictivas: el caso de los aportantes truchos. En él se robó la identidad de miles de personas, en su mayoría beneficiarios de planes sociales estatales, haciéndolos pasar por aportantes a las campañas del macrismo con dinero que en realidad habían puesto en negro las empresas, que lo tenían prohibido. Estas claras violaciones que el Código Penal sanciona con penas de cárcel que deberían recaer sobre varios altos funcionarios de Cambiemos pasaron a una vía de impunidad gracias al fallo de un juez amigo –Martín Irurzun– que determinó que no debían ser tratadas por la justicia penal, sino por la electoral.

Ahora el gobierno, con la complicidad de otros bloques parlamentarios, consiguió que lo que era delito deje de serlo. Es como si yo hubiera cometido un fraude al Estado, estuve a punto de ir preso y zafé, pero ahora cambio la ley para que lo que hice deje de ser delito. La impunidad queda asegurada no sólo hacia atrás, sino sobre todo hacia adelante.

Aunque bajo el capitalismo la cancha electoral siempre está inclinada a favor de los partidos que defienden al gran capital y en contra de los que defienden a los sectores medios y de menores ingresos, ahora que se ha habilitado directamente la financiación desde empresas y se han bajado los aportes públicos esta cancha se ha torcido mucho más todavía.

En resumen, desde esta semana Argentina pasó a ser un poco menos democrática todavía que lo que era hasta la semana pasada.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario