Mientras aún retumban los episodios de violencia contra la reforma previsional de diciembre, Mauricio Macri suma otro frente de tormenta para su administración, ante el creciente enfrentamiento con sectores gremiales tradicionales. Dispuestos a no perder su poder, los sindicatos peronistas encontraron en la difusa reforma laboral el enemigo perfecto para aunar fuerzas. El trasfondo es retener la cuota de poder que históricamente mantuvieron, incluido el estratégico manejo de las obras sociales.
La lupa que comenzó a poner la Justicia sobre manejos turbios en los sindicatos y el sospechoso crecimiento patrimonial de gremialistas históricos forman parte de una trama con final abierto. Omar "Caballo" Suárez, Juan Pablo "Pata" Medina, Marcelo Balcedo y Humberto Monteros son los gremialistas presos que dejan al descubierto el poder de fuego, en algunos casos literal, que manejan sectores del sindicalismo que solo responden a sus propios intereses. A todos se les encontraron fortunas inexplicables y están acusados de extorsión por empresarios que debieron hacer frente a demandas en algunos casos increíbles.
Una idea que baraja el macrismo terminó de hacer entender a estos sectores que la avanzada iba en serio. Es la iniciativa que apunta a limitar, como ocurre con la política, la reelección indefinida en los sindicatos. Son numerosos los casos en los que el mismo gremialista detenta el poder hasta desde el retorno mismo de la democracia en los 80. Se trata de sindicalistas millonarios y poderosos que no tuvieron pruritos en negociar con gobiernos peronistas, radicales o liberales.
La resistencia de la CGT a la reforma laboral obligó al gobierno a postergar para marzo el intento de empezar a discutirla en el Senado. Senadores del PJ como Miguel Pichetto privilegiaron su estrecha relación con los gremios y avisaron que no darían apoyo a los cambios hasta no existir consenso con los caciques sindicales.
En medio de esa pulseada, el gobierno espera avanzar con la inclusión en el proyecto de ley de ética pública de un artículo para que los jefes de los gremios y los directores de las obras sociales estén obligados a presentar declaraciones juradas. El objetivo es los jefes sindicales y sus familiares deban abrir la composición de sus bienes.
Mientras esa ofensiva se desarrolla, los sindicalistas más tradicionales preparan la resistencia. Luis Barrionuevo, quien tendió puentes con el macrismo en el arranque de la gestión, llegó al colmo de advertir que Macri podría no concluir su mandato si persistía en su ofensiva. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, buscó restarles importancia, pero la declaración de Barrionuevo se pareció mucho a una amenaza mafiosa: llevate bien con nosotros o podemos hacer caer a tu gobierno.