Las clases que defienden a la educación pública

La primera semana de febrero, el martes 5, la foto de la mesa paritaria entre la provincia y los sindicatos docentes ganó las tapas de todos los medios. La convocatoria era esperada por la docencia y la imagen resultaba bien potente para diferenciarse de la Nación. Es tan grande el desastre de las políticas educativas de Cambiemos que cualquier iniciativa que se enmarque un poquito en el respeto al derecho a la educación se distingue enseguida, ante tanto despojo y atropello.

Cumplir con la ley es un ejemplo. Hay que recordar a cada rato que hace dos años Macri clausuró la paritaria nacional docente, burlándose de las leyes y empujando al conflicto permanente. La Ctera lo viene denunciando desde siempre y lo refuerza ahora con una campaña donde alerta que sin esta paritaria nacional se vuelve a la fragmentación, a la desigualdad entre las provincias, como pasó en los años noventa. Y no solo en lo que refiere a los salarios, sino en las condiciones para enseñar y aprender.

Pasado el efecto flashes de ese primer encuentro, las reuniones formales en la provincia se estancaron en la reiteración oficial y mediática de la "voluntad de dialogar". Recién el jueves 21 los gremios docentes volvieron a ser convocados. Esta vez para escuchar que lo que se les ofrecía era solamente mantener la cláusula gatillo, siempre y cuando la economía del país permitiera sostener las arcas de la provincia. Algo poco creíble, cuando ya se sabe —transitando el cuarto año de gobierno de Mauricio Macri— que en la Argentina solo aumentan la pobreza, la discriminación, las injusticias sociales y la represión ante cualquier protesta.

Amsafé ya tiene fecha de asamblea provincial para el miércoles que viene y la Ctera un confederal para el jueves. En pocos días el gremio docente definirá con el voto de sus docentes qué medidas seguir. No hay margen para las sorpresas. Es conocido que, si esta semana no se mejoran seriamente las propuestas para el sector y la Nación no convoca a paritaria, lo que vienen son medidas de fuerza.

La primera responsabilidad de asegurar las clases es del Estado. Eso lo tuvo bien claro Néstor Kirchner cuando en su primer acto de gobierno como presidente viajó a la provincia de Entre Ríos a resolver un conflicto docente que llevaba largo tiempo.

Pagar buenos salarios es la primera condición para poder enseñar. Porque enseñar es un trabajo. Un trabajo con derechos y obligaciones, ni unos ni otras se entienden por separado. De allí que —por ejemplo— el sector de la docencia privada pide que se termine con los nombramientos que hacen las patronales a dedo y se habiliten concursos y escalafones. No solo —aseguran— garantizan transparencia en la designación de los cargos docentes y mejores condiciones laborales, sino también mejores aprendizajes. Para concursar hay que estudiar, prepararse, reunir trayectoria.

"En Rosario hay maestras que se hacen cargo de merenderos o comedores y reúnen útiles para sus alumnos"

Y aunque poco se hable en tiempos de paritarias de estas cuestiones, las docentes se ponen la crisis al hombro y salen a darles pelea a esas obligaciones que hasta las exceden. En pleno verano y en el norte provincial estuvieron codo a codo con las comunidades inundadas. Y siguen estando, viendo cómo ayudar a empezar las clases a aquellas familias que perdieron todo. En Rosario hay maestras que se hacen cargo de merenderos o comedores y reúnen útiles para sus alumnos porque las necesidades y el hambre están presentes en sus chicos. En una entrevista reciente, la directora de una escuela secundaria compartía la preocupación de que muchas chicas y chicos habían dejado de asistir el año pasado porque tenían que trabajar o cuidar a los hermanos más chicos. Una clara muestra de la exclusión social que afecta a las y los adolescentes.

Mientras la mayoría de los senadores santafesinos se une a la campaña antiderechos, oscurantista y conservadora para ponerle freno a la aplicación de la educación sexual integral (ESI), afianzar el patriarcado y controlar a los movimientos feministas que crecen más allá de sus deseos, las maestras organizadas se ocupan como pueden de que la ley nacional de ESI (26.150 y su programa) se aplique en las escuelas. Y para eso no hay calendario escolar que valga, porque los femicidios crecen, porque los abusos a niñas y niños tienen consecuencias atroces y porque cada vez más niñas violadas son obligadas, aun a costa de sus propias vidas, a ser madres. Sin aborto legal, seguro y en el hospital las pequeñas tienen una condena firme.

En todo el país, el magisterio organizado marchó junto a otros sindicatos contra los tarifazos y le puso el cuerpo a la realidad que muchas y muchos apenas miran a través de las redes sociales. La pelea sostenida, junto a la comunidad, logró revertir la decisión del gobierno de Rodríguez Larreta de cerrar las escuelas nocturnas, a las que asisten jóvenes y personas adultas a completar sus estudios. El magisterio organizado le puso un freno —también en pleno verano— a la medida porteña, que no era un hecho aislado, sino el puntapié experimental de Cambiemos para avanzar con estos cierres en todo el país.

Las maestras y maestros han estado siempre denunciando el empeño de las políticas oficiales en querer borrar la memoria. También acompañando a cada trabajadora o trabajador despedido. Y desde el inicio del gobierno macrista, además de reclamar mejores salarios, vienen denunciando que en la Argentina hay un plan claro para terminar, como con todos los derechos, con la educación pública. En las aulas, en las escuelas, en la calle, siempre, ofrecen verdaderas clases de cómo hacerle frente al neoliberalismo.