La mala praxis de los traslados

"Se destapó la olla", fue el comentario del Papa Francisco en su entorno más cercano al enterarse del escándalo por los presuntos abusos sexuales de menores en un instituto de Mendoza, por el que ya están detenidos dos sacerdotes. Uno de ellos había sido acusado por los mismos delitos en Verona, Italia, pero a pesar de ese antecedente fue trasladado a la Argentina.

La historia repite como un mantra lo ocurrido hace unos ocho años en Rosario, cuando por una denuncia de este diario un sacerdote fue acusado y debió afrontar un juicio canónico por acoso sexual y abuso de autoridad contra ocho miembros de la parroquia de Pompeya. En ese caso intervino directamente la Santa Sede y se trató de la primera vez que un cura con actuación en Rosario fue llevado a esa instancia.

Reinaldo Narvais fue separado rápidamente de la comunidad religiosa local, pero pese a las denuncias en su contra y a los testimonios recogidos, en Tribunales la causa civil fue cerrada por falta de pruebas. El consejo nacional de la orden de los Canónigos Regulares de Letrán (a la que pertenece el sacerdote) le ordenó realizar un tratamiento psicológico, prohibiéndole toda labor pastoral y docente "hasta que se logre su adecuada recuperación".

En aquel momento fue más que clara la intención del exarzobispo José Luis Mollaghan de silenciar el caso y hubo una suerte de complot para proteger el lugar donde se encontraba el sacerdote acusado. Narvais estuvo un largo tiempo con paradero desconocido. Cuatro años después, reapareció en la parroquia Nuestra Señora del Valle en el barrio porteño de Almagro.

Tampoco se supo qué fue de la vida de una comisión que se iba a crear en Rosario para prevenir casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y atender a las víctimas. Un calco de lo que por estos días se anuncia desde la jefatura eclesiástica de Mendoza.

Al ser presentada aquella comisión, se la consideró una decisión sin precedentes en la Iglesia argentina. Tal vez se formó y funciona, o quizás quedó en el olvido porque no se conocieron más casos. Aunque es más que difícil denunciarlos, a pesar de la indicación de "tolerancia cero" que impartió el Vaticano.

Con este cambio, la Iglesia busca dejar atrás una práctica de silenciar los casos y terminar con lo que se conoce como la "mala praxis de los traslados" de parroquia o de diócesis de los sacerdotes acusados.

Anualmente llegan a la Santa Sede unas 500 denuncias, y muchas de ellas se refieren a hechos ocurridos hace 30 o 40 años. El problema es que la investigación tampoco es eficaz. La Congregación para la Doctrina de la Fe, que se ocupa de estos casos, tiene solo diez personas trabajando en el tema de abusos.

Cómo fue el caso

1. Los hechos de acoso sexual y abuso de autoridad en Rosario tomaron estado público en octubre de 2008, en la parroquia de Pompeya, administrada por los Canónigos Regulares de Letrán.
2. Fueron acusaciones sobre el entonces párroco del lugar, Reinaldo Narvais, a la vez representante legal del establecimiento escolar.
3. Las incriminaciones de la propia comunidad lo responsabilizaron de acoso sexual y abuso de autoridad contra un grupo de personas de la parroquia y del colegio.
4. Las víctimas de tales hechos habrían sido al menos ocho personas, una de ellas entonces menor de edad y con discapacidad mental.
5. Un consejo nacional de la orden religiosa decidió por unanimidad separar al acusado de la comunidad de Rosario, imponiéndole un año sabático.
6. Un docente acosado hizo reclamos formales y logró una reparación material de $200 mil.
7. Desde ese momento el padre Reinaldo Narvais fue ubicado por breves lapsos en distintos conventos y casas de retiro, aunque hoy su paradero es desconocido.
8. A raíz de varias publicaciones de La Capital el caso se hizo conocido, se ordenó la instrucción eclesiástica de una causa que se envió al Vaticano y una copia de ese informe se remitió a Tribunales a pedido de una jueza que intervino de oficio. No obstante la causa civil fue cerrada.