Los episodios que tuvieron por estos días a Hebe de Bonafini como protagonista representan el símbolo de la contradicción argentina. Uno de los indiscutidos emblemas de la lucha por el estado de derecho se llevó por delante la ley y haciendo ostentación de eso. Algo nos pasa en nuestro país para dirimir las cuestiones más banales o las más centrales a través del criterio personal, justo o arbitrario, antes que a la luz de las normas. Despreciamos la ley. La consideramos como un obstáculo y no como el único canal de convivencia democrática.
Bonafini se cansó de atropellar el sistema republicano. Esta mujer que en los 70 y en los 80 dio ejemplo de resistencia contra la feroz dictadura, con el acompañamiento que sus convicciones de hierro y con la ausencia de tantos que ahora se sienten el Che Guevara y entonces se refugiaban en el silencio o en la concreción de negocios económicos personales, vituperó sin filtro a jueces a los que propuso sacar del palacio a las patadas y se rió de la división de poderes, de la ley y de todo recurso institucional que osara desafiar su pensamiento. No hay ahora excusa de invocar, al menos para esto, la edad de la presidente de Madres. Lo hizo desde mucho antes que sus actuales 90 años.
El juez Martínez de Giorgi es un enigma para ser interpretado por sus hechos. Forma parte de la legión de los que tenían cierta pereza para investigar la
corrupción K en los tiempos de su gobierno aunque no pueda parangonarse con su colega devenido en bailarín mediático luego de la renuncia a su carrera, emblema del anti derecho. Sabía de antemano que Bonafini no iba a comparecer a su despacho. Uno de los abogados de la imputada por defraudación al Estado (a la sazón: se investiga saber qué se hizo con más de 200 millones de pesos. No si Hebe es zapatista, favorecedora del islam terrorista o si la quiere a
Cristina) le había advertido hace 10 días que no veía factible la indagatoria en sede judicial.
¿Por qué el magistrado no descomprimió la situación y pergeñó un silencioso acto procesal en otro sitio que no fuera el Palacio de Comodoro Py con reserva de conocimiento al juzgado, fiscalía y abogados? Está dentro de sus facultades y, de hecho, ahora parece que lo hará. En el gobierno hay una fuerte sospecha de que el juez lo hizo a sabiendas de que favorecería la victimización de la madre de Plaza de Mayo y, por consiguiente, del sector kirchnerista más dogmático que la apoyaría. De paso: fue notable la caricatura del acompañamiento de la resistencia anti indagatoria de personajes tan comprometidos con la ley como Amado Boudou y sus tres procesamientos al hombro y Luis D'Elia y su juicio por haber incendiado una comisaría.
Cambiemos cree que Martínez de Giorgi no podía desconocer que esto ocurriría y, el no moverse de su escritorio y de la fría letra de la ley, fue una excusa para favorecer un escenario deseado por el cristinismo, dejando la cancha marcada por si piensan algo parecido con su jefa. Hay gran enojo con el togado y la lupa de los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura se ha posado en él.
Funcionarios cercanos al Ministerio de Justicia prefieren pensar que fue pura torpeza. Hay algunos jueces que no consiguen abandonar sus resabios monárquicos y creen que se imparte justicia sólo sentados en la cátedra de la magistratura sin tener que mirar lo que los rodea (¿justo un jueves la citó? ¿Nada menos que el día de las tradicionales y añosas marchas de madres?) ni, mucho menos, sin dar cuenta de sus actos como todo servidor republicano. Torpeza, hubo. Está claro. Si no, es imposible pensar que un juez de la nación emita una orden de detención por la rebeldía de no presentarse a declarar, no la pueda hacer cumplir, no ordene investigar quién fue inoperante y, por fin, firmar sin sonrojarse el levantamiento de la detención por mera promesa juratoria de que la semana que viene Hebe declarará. ¿Cómo explica el juez que antes no le creyó a la dirigente que no iría y mandó aprehenderla y ahora sí le cree porque se lo prometen verbalmente sus abogados? Eso y decir que un magistrado es incompetente para asegurar que una persona física cumpla con la ley, es lo mismo a invocar su propia torpeza.
Los que creen que a Hebe se le mandaron cantidad (innecesaria) de patrulleros para detenerla y no se hizo lo propio con Fernando de la Rúa cuando se lo acusaba del trágico 21 de diciembre o a Mauricio Macri cuando enfrentaba las causas de contrabando no dicen la verdad. Desde lo formal, los mandatarios justificaron sus ausencias en el expediente. Otra cosa es la materialidad de sus ausencias. Ninguno de los dos dijo a viva voz que podían meterse las citaciones "en el traste" como dijo la mujer de nuestro relato.
Seguro es que el mayor mal es el considerar que no hay nada indiscutible en la convivencia institucional. Si la igualdad ante la ley y el respeto al debido proceso pueden ser puestos en dudas por el paso del tiempo de una persona, por su historia heroica o por lo que sea es que no hay base elemental para que subsista la República. No es que haya achaques a Hebe de Bonafini por lo que dice o dijo. El problema es que no puede, ni siquiera ella, evitar estar a derecho y respetar la ley. Otra posibilidad, es apenas la anarquía o la autocracia.
Las tarifas. Es impensable querer hacer una analogía entre lo ocurrido con la presidente de Madres y el desaguisado del tarifazo en servicios públicos. Y sin embargo, hay coincidencias. Pocas veces un gobierno logró actuar de modo tal que toda el arco que no pertenece a Cambiemos se haya puesto de acuerdo. La oposición política, desde el trostkismo al conservadurismo, le dijeron que no al modo de aumento de tarifas. Los gremios emitieron todos juntos un repudio. Los jueces, desde la Quiaca a Tierra del Fuego, bloquearon la iniciativa con cautelares. Si hasta
Elisa Carrió, tarde, ante el hecho consumado, salió a pedir públicamente la marcha atrás con el proyecto.
Que el gobierno de Mauricio Macri haya invocado una irregularidad legal imaginada por Julio de Vido de no convocar a audiencias públicas antes de aumentar es una muestra de la desorientación política. Hay una ley de servicios públicos que se vulneró. Nadie, ni Cambiemos que llegó a las urnas en buena parte por el hastío de 8 años de atropello ostentoso de la legalidad, tiene ese derecho. El problema aquí no es desconocer el desastre energético que se consiguió mintiendo. La cuestión es corregirlo dentro de la ley. Macri no está dispuesto a torcer el brazo y mandó en la última reunión de gabinete a evangelizar a todos sus funcionarios para que salgan a defender a Juan José Aranguren. No hubo margen para que uno de sus ministros clave presentara un proyecto de desandar el camino. Si persiste, el presidente volverá a estrellarse contra la pared judicial que, ahora, avanza con las tarifas del agua. La semana que viene quedarían paralizadas las boletas de este servicio a las que se debe sumar la luz y el gas.
No ir a una indagatoria porque no creo en la justicia, no cumplir con la ley porque el desastre que debo corregir es enorme, es lisa y llanamente desconocer que el artículo 16 de la Constitución sigue vigente, armonizado por todo un plexo de normas que dicen que dentro de la ley, todo y todos y que fuera de ella, atenerse a las consecuencias.
